El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, ha advertido este 27 de junio de 2026 que las críticas directas a los jueces desde otros poderes del Estado erosionan la independencia judicial y constituyen una «ruptura de los principios democráticos muy grave». La advertencia se ha producido en el debate «Derecho, ética y sociedad», organizado por el Instituto de España, en el que también ha intervenido la notaria y secretaria general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Ana Fernández-Tresguerres. Ambos juristas han coincidido en que la desconfianza ciudadana hacia los tribunales está siendo alimentada de manera interesada mediante noticias falsas y la polarización política, y han reclamado un refuerzo del deber de lealtad institucional y de los principios generales del derecho.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha advertido el Tribunal Supremo? El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo alerta de que las críticas a los jueces desde otros poderes del Estado debilitan la independencia judicial y la confianza en la democracia.
- ¿Qué base jurídica se invoca? El artículo 117 de la Constitución, que consagra la independencia como pilar del poder judicial, y el deber de lealtad a las instituciones, inherente al Estado de Derecho.
- ¿Qué impacto tiene? El llamamiento se enmarca en un contexto de creciente deslegitimación de las resoluciones judiciales, por lo que la Sala Tercera reclama responsabilidad en el discurso público y en las plataformas digitales para preservar la tutela judicial efectiva.
El debate «Derecho, ética y sociedad»
El Instituto de España, en el marco de su ciclo «Hablamos de…», acogió una sesión en la que el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva —presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas— y la notaria Ana Fernández-Tresguerres abordaron la erosión del Estado de Derecho. La grabación íntegra, moderada por el director de Confilegal, Carlos Berbell, está disponible en línea. El planteamiento central fue que la independencia judicial sufre un doble desgaste: interno, por la pérdida de confianza ciudadana, y externo, por la acción de corporaciones tecnológicas que diluyen la soberanía estatal.
La independencia judicial, bajo ataque
Pablo Lucas Murillo fue contundente al señalar que «el deber de lealtad a las instituciones nos vincula a todos los ciudadanos, pero es muchísimo más exigente para quienes ocupan una posición destacada en las propias instituciones». La notaria Fernández-Tresguerres añadió que la crítica directa a la justicia desde otras esferas del poder político supone «una ruptura de los principios democráticos muy grave» y subrayó: «No hay nada en la cúspide jurídica por encima de un juez. Si no crees en un juez, no crees en la democracia ni en la justicia». Ambos coincidieron en que las corrientes de desconfianza hacia los tribunales son «interesadas» y están siendo amplificadas por la desinformación en redes sociales.
El presidente de la Sala Tercera recordó el esfuerzo de los tribunales por redactar sentencias en un lenguaje «claro, sencillo y comprensible» que permita a cualquier ciudadano entender los motivos de cada decisión. La transparencia argumental es hoy una herramienta esencial para contrarrestar la deslegitimación, afirmó.
La doctrina jurisprudencial sobre la independencia judicial
La advertencia del magistrado no es aislada, sino que se inserta en una línea jurisprudencial consolidada. El Tribunal Constitucional, desde la temprana STC 45/1986, ha declarado que la independencia judicial constituye «pieza esencial de nuestra organización jurisdiccional» y que el artículo 117 de la Constitución impone a todos los poderes públicos el deber de respetarla. En la STC 108/1986, el Pleno reiteró que la función jurisdiccional ha de desarrollarse «sin interferencias de ningún tipo» y que las declaraciones que menoscaben la imagen de la judicatura pueden afectar el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución.
El propio Tribunal Supremo ha abordado en múltiples ocasiones la lesión del derecho al honor de los jueces cuando son objeto de imputaciones que exceden la libertad de expresión. La Sala de lo Civil (STS 201/2019, de 4 de abril) estableció que «la crítica puede ser intensa y molesta, pero nunca puede traspasar la línea de la descalificación personal o de la imputación de hechos falsos». La doctrina constitucional exige que el debate público sobre la actuación judicial se mantenga dentro de los límites del respeto a la función jurisdiccional.
El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sostiene que las críticas directas a los jueces desde otros poderes constituyen un ataque frontal a la independencia judicial garantizada por el artículo 117 de la Constitución.
Redes sociales y la paradoja del artículo 20 de la Constitución
Pablo Lucas Murillo también se refirió a la paradoja que plantea el artículo 20 de la Constitución: el derecho a la información se utiliza a veces de forma anónima en redes sociales, lo que genera un espacio propicio para la difusión de noticias falsas sin asunción de responsabilidad. «Se han creado las condiciones en las que se vierten a los espacios públicos noticias falsas, se atribuyen hechos a personas que falsamente se difunden. Eso se puede hacer porque se puede emitir de manera anónima, sin asumir por tanto la responsabilidad que es propia», advirtió el magistrado.
El remedio, según el presidente de la Sala Tercera, pasa por «introducir el elemento de la responsabilidad dentro de este universo de las redes, de tal forma que se pueda decir lo que uno quiera, sin calumniar, sin sobrepasar los límites socialmente admitidos para la crítica y sin incurrir en falsedad». La exigencia de responsabilidad es, en su opinión, una de las tareas pendientes del legislador en el entorno digital.
El desafío de la inteligencia artificial y el vacío regulatorio
Ana Fernández-Tresguerres calificó la inteligencia artificial como la cuarta gran revolución de la historia, pero alertó sobre los riesgos del aprendizaje profundo (deep learning), donde las máquinas pierden la trazabilidad de sus procesos y «la responsabilidad civil se diluye». La notaria reveló que ya introduce de forma obligatoria cláusulas en sus testamentos para proteger el patrimonio digital y el derecho al olvido de los ciudadanos, ante la ausencia de un marco normativo europeo que ofrezca seguridad jurídica plena.
Más leyes no son la solución: volver a los principios generales del derecho
Ante el colapso normativo —España cuenta con más de 100 000 disposiciones legales estatales vigentes—, el magistrado Lucas Murillo defendió que la solución para amparar al ciudadano no es crear más leyes, sino volver a los principios generales del derecho y a los valores democráticos esenciales vigentes desde 1945. La hipertrofia legislativa, a juicio del presidente de la Sala Tercera, genera inseguridad jurídica en vez de protección.
FICHA DEL CASO
- El caso: Debate «Derecho, ética y sociedad», organizado por el Instituto de España dentro del ciclo «Hablamos de…», con la participación del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la secretaria general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
- Datos importantes: El magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva alertó de que las críticas a los jueces erosionan la independencia judicial (artículo 117 CE). La notaria Ana Fernández-Tresguerres denunció la desconfianza interesada y el vacío regulatorio ante la inteligencia artificial. Se reclamó responsabilidad en redes sociales y una vuelta a los principios generales del derecho.
- Fecha de los juicios: El debate se celebró el 27 de junio de 2026. No hay procedimiento judicial asociado.
- Personas acusadas y por qué: N/A
