EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? 50 personas, entre ellas menores, serán desahuciadas el 30 de junio en el poblado de Becerril de Guía (Gran Canaria) sin que el Ayuntamiento haya garantizado una alternativa habitacional.
- ¿Quién está detrás? La empresa platanera Félix Santiago Melián ejecuta el lanzamiento tras un proceso judicial. El Ayuntamiento de Santa María de Guía, que tiene empadronadas a 79 personas en el asentamiento, no ha presentado informes de vulnerabilidad.
- ¿Qué impacto tiene? Las familias quedarán en la calle; los menores podrían ser derivados a centros de menores. El caso evidencia la falta de recursos municipales y la presión migratoria en Canarias.
El 30 de junio, 50 personas —con menores— serán desahuciadas en Guía, Gran Canaria, sin alternativa habitacional del Ayuntamiento.
Un desahucio anunciado y sin red de protección
La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa María de Guía fijó la fecha del lanzamiento para el 30 de junio a las 10:00 horas. Desde diciembre de 2024, el consistorio conocía que la empresa Félix Santiago Melián SL reclamaba la recuperación de la finca de Mr. Leacock, en el barrio de Becerril. El Ayuntamiento ha empadronado al menos a 79 personas, pero no ha conseguido articular una salida habitacional.
En una reunión celebrada el 25 de junio, el concejal de Servicios Sociales, Alejandro Rivero Díaz, acompañado de trabajadoras sociales, la Policía Local y la Guardia Civil, comunicó a las cuatro familias con menores que “no hay nada para ellos”. También les advirtió de que los niños “no pueden estar en la calle o se los llevarán a un centro de menores”. Una amenaza que los afectados interpretaron como una presión para abandonar el lugar sin resistencia.
El desahucio se ha ido aplazando desde octubre de 2025 porque el juzgado requería informes de vulnerabilidad social. El último requerimiento data de marzo de 2026. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha detallado cuántos informes ha remitido, limitándose a afirmar que “ha colaborado en todo momento” con la justicia. La abogada de uno de los afectados presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria alegando que el auto carece de valoración de la vulnerabilidad.
La reacción institucional: entre la colaboración y la inacción
El 9 de abril, la Junta de Gobierno Local declaró una “situación de riesgo social y sanitario” y solicitó apoyo urgente al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y a la Delegación del Gobierno. La petición se reiteró a finales de abril y a Cruz Roja, pero hasta el pasado jueves la respuesta fue insuficiente. El alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, llegó a convocar a la empresa pública de vivienda social VISOCAN, que finalmente no participó en la última reunión interinstitucional.
Mientras tanto, muchos de los ocupantes han ido abandonando la finca por miedo al lanzamiento. De las 200 personas que refería el alcalde en abril, hoy quedan medio centenar. Las que permanecen no saben dónde dormirán el martes y planean concentrarse frente al Ayuntamiento.
Medio centenar de personas quedan a merced de un desahucio sin red de protección, con el riesgo real de que los menores acaben en centros de acogida.
El Pulso Territorial
Canarias arrastra una emergencia habitacional crónica. El archipiélago carece de un parque público suficiente y sufre una presión demográfica añadida por la inmigración y el turismo. El Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), en coalición con el PP, ha prometido ampliar la oferta de vivienda social, pero los avances son lentos. Este desahucio masivo es un síntoma de un problema que se repite en otras islas: en Baleares, por ejemplo, la saturación habitacional también ha derivado en conflictos similares.
El caso de Guía expone la fragilidad de los servicios sociales municipales. Con solo cinco trabajadoras sociales para una población de 14.000 habitantes, el Ayuntamiento reconoce que carece de de recursos propios para abordar emergencias de este calibre. La colaboración interinstitucional solicitada en abril apenas ha dado frutos, y la amenaza de derivar a los menores a centros de acogida añade un componente traumático que tensiona aún más la respuesta institucional.
De cara al 30 de junio, el desenlace sigue abierto. El recurso de apelación podría suspender el lanzamiento si la Audiencia Provincial aprecia defectos en la valoración de la vulnerabilidad. Pero si el desahucio se ejecuta, la imagen de familias durmiendo en la calle pondrá a prueba la capacidad de reacción del Gobierno canario y del Cabildo. La pregunta no es solo si hay sitio en los albergues, sino si alguien asumirá la responsabilidad política de haber llegado a este punto.
Ficha Autonómica
- El caso: Desahucio masivo en la finca de Mr. Leacock, en Becerril de Guía (Gran Canaria), afecta a 50 personas empadronadas, entre ellas menores de edad. Se produce por reclamación del propietario, el grupo platanero Félix Santiago Melián.
- Datos importantes: Fecha de lanzamiento: 30 de junio de 2026. 79 personas empadronadas, 50 aún residen. Inversión del plan concertado municipal en servicios sociales: 4.416,98 euros inferior a la del año anterior. Cinco trabajadoras sociales para todo el municipio.
- Resumen: Sin alternativa habitacional municipal, las familias quedarán en la calle. Existe un recurso de apelación que podría frenar el desalojo, pero no hay garantías. El caso refleja la crisis de vivienda en Canarias y la insuficiente coordinación institucional.
