EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo ha aprobado un informe que pide a la Comisión Europea evaluar la regulación de DeFi, staking, préstamos cripto y NFT.
- ¿Quién está detrás? El ponente, el eurodiputado belga Johan Van Overtveldt, y la propia Comisión Europea, que ya abrió una consulta pública en mayo.
- ¿Qué impacto tiene? El pleno de la Eurocámara votará la resolución el 7 de julio; de aprobarse, marcará la posición oficial del Parlamento y orientará futuras reformas de MiCA, con consecuencias directas para el sector cripto español.
El Parlamento Europeo ha dado un paso simbólico pero firme hacia una nueva oleada regulatoria sobre los criptoactivos. La comisión ECON aprobó el jueves un informe —impulsado por el eurodiputado Johan Van Overtveldt— que pide a la Comisión Europea estudiar la incorporación de las finanzas descentralizadas (DeFi), el staking, los préstamos en criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT) al paraguas de MiCA, el Reglamento (UE) 2023/1114 que desde el próximo 1 de julio obligará a los proveedores de criptoactivos a operar con autorización expresa en toda la Unión.
La votación se produce en un momento clave: el periodo transitorio de MiCA expira precisamente en esa fecha, y la industria europea se enfrenta ya a las primeras exigencias de la norma. Según informa DiarioBitcoin, citando a Cointelegraph, el informe no modifica directamente MiCA, pero sí traza una hoja de ruta para su posible ampliación.
La comisión ECON respalda el informe: un empujón sin poder vinculante pero con mucho simbolismo
El documento, una resolución de iniciativa propia del Parlamento, carece de fuerza legal inmediata. Sin embargo, si el pleno lo ratifica el 7 de julio, se convertirá en la posición oficial de la Eurocámara y pesará en las decisiones de la Comisión, que ya ha abierto una consulta pública sobre la conveniencia de extender MiCA precisamente a DeFi, staking, préstamos en criptomonedas y NFT, así como a activos tokenizados y a la revisión de la prohibición de stablecoins que generen intereses.
Entre las recomendaciones concretas figuran evaluar si estas actividades requieren un marco específico para garantizar la seguridad jurídica, proteger a los inversores y preservar la estabilidad del mercado. El informe subraya la necesidad de cerrar lagunas que actualmente quedan fuera del alcance de MiCA, un reglamento diseñado en 2022 cuando el ecosistema cripto era muy distinto.
La Comisión Europea no ha permanecido ajena. En mayo lanzó una consulta para recabar opiniones y, aunque aún no hay propuesta legislativa, la coincidencia con el empuje del Parlamento sugiere que Bruselas ya trabaja en lo que podría ser una revisión profunda de la normativa. Como recordaba el propio comisario de Servicios Financieros en una comparecencia reciente, la tecnología avanza más rápido que las normas.
El calendario es exigente. Si la Comisión decide proponer una ampliación, el proceso legislativo europeo —con negociaciones a tres bandas entre Comisión, Parlamento y Consejo— podría alargarse más de dos años. Durante ese tiempo, las empresas operarían en un limbo regulatorio que el informe quiere acortar.
Lo que Bruselas decida sobre DeFi y staking en los próximos dos años definirá si Europa se convierte en un polo de innovación blockchain o en un mercado fragmentado y timorato.
Stablecoins en euros y tokenización: el Parlamento apuesta por la competitividad financiera
El informe incorpora un giro llamativo en la visión sobre las stablecoins. Los legisladores respaldan explícitamente el desarrollo de criptomonedas estables denominadas en euros bajo el marco de MiCA, considerándolas una herramienta que podría complementar los depósitos bancarios tokenizados y las futuras monedas digitales mayoristas de los bancos centrales.
Esta postura choca con el escepticismo que el propio Van Overtveldt mantuvo en 2023, cuando después de las quiebras de Silicon Valley Bank, Signature Bank y la temporal pérdida de paridad del USDC el eurodiputado abogó por restricciones mucho más duras. El viraje refleja, según fuentes parlamentarias citadas por el medio, un reconocimiento práctico: prohibir o limitar excesivamente estos instrumentos empujaría la actividad hacia jurisdicciones menos reguladas, debilitando la influencia del euro.
Además, el informe insta a impulsar la tokenización de activos financieros como prioridad y a garantizar una aplicación uniforme de MiCA en los Veintisiete para evitar requisitos nacionales adicionales que fragmenten el mercado único. La armonización regulatoria es una vieja demanda del sector y, según los ponentes, fundamental para que las empresas europeas compitan en igualdad de condiciones con sus rivales de Estados Unidos y Asia.

El Eje del Poder Europeo
La iniciativa del Parlamento se produce en un contexto de creciente competencia regulatoria global. Mientras Estados Unidos avanza con una normativa federal a través de la SEC y la CFTC, y jurisdicciones como Singapur o los Emiratos Árabes Unidos ofrecen marcos flexibles, la UE se juega su atractivo como destino para las empresas de criptoactivos. La decisión de ampliar MiCA no es solo técnica: es estratégica.
Para España, la posible ampliación afecta a un sector en expansión. Según la CNMV, más de 90 plataformas de criptoactivos operan en el país, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas que necesitan certidumbre jurídica para escalar sus servicios. La inclusión de DeFi y staking podría obligar a estas plataformas a adaptar sus modelos de negocio, pero también ofrecería un marco de protección a los inversores españoles. En Moncloa.com, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos consultadas reconocen que, aunque Madrid apoya la armonización, teme que una regulación excesivamente restrictiva desplace la innovación hacia otras latitudes.
El precedente europeo es revelador. Cuando la Unión aprobó el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Parlamento jugó un papel clave para endurecer las normas frente a las presiones de los Estados miembros y la industria. Algo similar ocurrió con la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II). Ahora, con los criptoactivos, la Eurocámara vuelve a intentar marcar el ritmo. El riesgo es que, esta vez, la urgencia por cerrar lagunas choque con la realidad de un sector que evoluciona a una velocidad que Bruselas no siempre puede seguir.
La votación del 7 de julio será el primer termómetro. Si el pleno respalda el informe con una mayoría amplia, la Comisión tendrá un mandato político claro para acelerar su trabajo. Si surgen fisuras —especialmente entre los países frugales y los del sur—, la reforma podría ralentizarse. España, como quinta economía de la UE, tiene mucho que decir: su industria cripto y su posición en el Consejo serán determinantes para que la ampliación de MiCA sea una realidad o un nuevo ejemplo de regulación europea que llega tarde.
