El Gobierno de Merz ha puesto sobre la mesa una reforma del sistema de pensiones que reabre el debate sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar en la Unión Europea. La propuesta estrella: retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años de forma progresiva y crear un pilar privado obligatorio inspirado en el modelo sueco.
La comisión de expertos designada por el canciller conservador presentó el pasado martes un informe de 80 páginas con 33 medidas. La más ambiciosa es vincular la edad de retiro a la esperanza de vida a partir de 2031. Con el sistema de reparto actual, en el que las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados, el envejecimiento demográfico amenaza la viabilidad del sistema. El diagnóstico es crudo: más de una cuarta parte de la población activa alemana tiene ya 55 años o más.
El plan contempla que, desde 2031, cada año ganado de esperanza de vida se reparta en una proporción de dos tercios para alargar la vida laboral y un tercio para la jubilación. Traducido a cifras: en 2042 la edad legal de retiro se situaría en 67,5 años, y en 2092 alcanzaría los 70 años. “El uso del mercado de capitales en el régimen de pensiones obligatorio es quizá el factor clave para determinar la viabilidad y la estabilidad a largo plazo de nuestro sistema”, defendió Merz ante la Federación de Industrias Alemanas.
El segundo pilar de la reforma es la creación de un fondo de pensiones privado obligatorio. Trabajadores y empresas tendrían que aportar hasta el 2% del salario bruto anual a un vehículo de inversión en activos financieros. El objetivo es complementar la pensión pública con rentabilidades de mercado, un esquema que ya funciona en Suecia y que ha sido invocado en reiteradas ocasiones en el debate español sobre pensiones.
Un modelo que desafía el consenso europeo sobre la jubilación
La medida, que todavía debe convertirse en proyecto de ley tras el verano, llega en un momento en el que varios Estados miembros —entre ellos España— han optado por reformas que priorizan el aumento de ingresos (cotizaciones o impuestos) sobre los recortes de prestaciones o el retraso de la edad de jubilación. La propuesta alemana devuelve al primer plano el debate sobre la viabilidad financiera de los sistemas públicos de reparto en una UE que envejece a ritmo acelerado.
En Alemania, la población activa asciende a 44,3 millones de personas sobre un total de 83,5 millones de habitantes. Las proyecciones de la Oficina Federal de Estadística (Destatis) apuntan a que, para 2040, unos 13,3 millones de trabajadores habrán superado la edad de jubilación prevista entonces. La propuesta de Merz busca evitar que esa presión demográfica descargue todo su peso sobre las cuentas públicas.
La ministra de Trabajo, la socialdemócrata Bärbel Bas, ha respaldado la aprobación íntegra de las propuestas, aunque sectores a su izquierda y la Confederación Sindical Alemana (DGB) las consideran inaceptables. La fractura dentro del SPD refleja la tensión entre la disciplina fiscal que exige la coalición de Merz y la defensa tradicional del sistema público de pensiones.
Mientras Alemania se inclina por el mercado y la edad tardía de retiro, España ha elegido subir cotizaciones y garantizar el poder adquisitivo de las pensiones sin tocar la edad legal.
El Eje del Poder Europeo
El giro alemán hacia un modelo que mezcla recorte de prestaciones futuras y capitalización individual tiene efectos directos sobre la geometría de la política económica comunitaria. Berlín vuelve a marcar el paso de la ortodoxia fiscal, pero esta vez con un aliado inesperado: el mercado. La propuesta de Merz no solo busca sanear las cuentas a largo plazo, sino que envía una señal a Bruselas y a los Estados del sur: la sostenibilidad no se consigue solo con más ingresos.
Para España, la reforma alemana es un espejo incómodo. El Gobierno de Sánchez ha apostado por la revalorización de las pensiones conforme al IPC y por un mecanismo de equidad intergeneracional que incrementa las cotizaciones, pero no ha introducido ningún pilar de capitalización obligatoria. Si el modelo de Merz prospera, la presión para que otros países miembros adopten medidas similares podría intensificarse en los próximos debates sobre la gobernanza económica europea. Bruselas, que ya ha abierto la puerta a revisar la regla de gasto, observa con atención el experimento alemán.
La lectura estratégica es clara: el canciller conservador necesita mostrar a su electorado y a la Comisión Europea que Alemania no está dispuesta a financiar con deuda pública el envejecimiento de la población. La propuesta, además, refuerza su posición en la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual, donde el reparto de los fondos europeos estará condicionado por la disciplina presupuestaria de cada Estado. En ese tablero, España tendrá que decidir si replica el camino sueco-alemán o defiende un modelo basado exclusivamente en la solidaridad intergeneracional sin recurrir al mercado de capitales.
La propuesta aún debe sortear el trámite parlamentario y el posible rechazo de los sindicatos, pero el debate ya ha saltado de Berlín a Bruselas. La próxima cita del Eurogrupo, prevista para otoño, servirá para medir el eco de la reforma entre los ministros de Finanzas de la eurozona. De momento, la pensión a los 70 años y la mochila privada ya no son solo una hipótesis académica.
