La presidenta del Santander, Ana Botín, aterrizó este lunes en Bruselas con un mensaje claro: la banca europea necesita una reforma profunda si la UE quiere movilizar los 1,4 billones de euros que exige su triple transformación verde, digital y de defensa. Junto a ella, los máximos directivos de BNP Paribas y Société Générale —Jean Lemierre y Slawomir Krupa, respectivamente— se reunieron con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una cita considerada clave para influir en la próxima reforma bancaria comunitaria.
El encuentro, desvelado por Expansión, confirma la ofensiva de la gran banca para suavizar las reglas de capital postcrisis. La Comisión Europea prepara un paquete legislativo que verá la luz en el primer trimestre de 2027 y que será el más ambicioso desde la arquitectura financiera diseñada tras 2008. El objetivo de las entidades es que Bruselas recoja sus demandas antes de que arranque la consulta pública formal, prevista de septiembre a final de año.
Una reforma para desbloquear 1,4 billones
Un cálculo de la consultora Oliver Wyman, encargado por la patronal bancaria europea, estima que las entidades deberán aportar financiación adicional por 1,4 billones de euros en los próximos años si la UE quiere cumplir sus metas de transición ecológica, digitalización y rearme. La cifra equivale a casi todo el producto interior bruto de España en un año y supone un reto mayúsculo para unos balances todavía lastrados por la acumulación de normas de solvencia.
Para la banca, ese dinero solo podrá fluir si se eliminan trabas a la Unión Bancaria y si se alivian las exigencias de capital. El mensaje que Botín, Lemierre y Krupa llevaron al Berlaymont es que sin un cambio normativo, Europa no podrá competir en igualdad de condiciones con los gigantes estadounidenses, que operan con costes regulatorios más bajos en muchos segmentos.
Las demandas clave: capital, supervisión y competitividad
Entre las peticiones concretas que los tres bancos pusieron sobre la mesa destaca el retraso en la aplicación plena del output floor (suelo de capital revisado), una medida que limita la diferencia entre el capital exigido con modelos internos y el que resultaría con el cálculo estándar. Este punto es especialmente sensible para las entidades francesas, pero también afecta a los balances de la gran banca española. A eso se suma la exigencia de modificar el mandato de supervisores como el BCE y la EBA (Autoridad Bancaria Europea) para que incorporen la competitividad del sector entre sus criterios de decisión, algo que hasta ahora no figura en la letra de las directivas.
La propia Comisión Europea reconoce en el borrador del informe de competitividad, que se publicará el próximo 15 de julio, que la banca comunitaria no está en condiciones de medirse con los líderes de Wall Street en negocios como la banca de inversión global. Ese diagnóstico es la ventana que las entidades quieren aprovechar para mover la regulación hacia un terreno más favorable.
La gran banca europea no pide un cheque en blanco: exige que las reglas postcrisis se adapten a un mundo en el que financiar la transición verde y digital es también una cuestión de defensa económica.
El Eje del Poder Europeo
La reunión de hoy revela un pulso soterrado entre los intereses de la industria financiera y el instinto regulador de Bruselas, pero también entre países. Francia, con dos campeones entre los cinco mayores bancos por activos (BNP Paribas es el primero y Société Générale el quinto), presiona para que la reforma recoja sus sensibilidades. España, con Santander como líder por capitalización y segundo por activos, defiende una postura similar, aunque con matices: la menor exposición de la banca española a la volatilidad de la banca de inversión hace que el foco esté más en la capacidad de financiar a empresas y hogares en la transición verde.
Uno de los asuntos que menos se discute abiertamente es qué pasará con la Unión Bancaria si los requisitos de capital se suavizan. Alemania y los países nórdicos, tradicionalmente más conservadores, podrían oponerse a una desregulación que consideren prematura. El recuerdo de la crisis de deuda soberana y las inyecciones de capital público aún pesa en las cancillerías del norte. El equilibrio que busca la Comisión no es sencillo: satisfacer a la banca sin despertar el fantasma de un nuevo too big to fail que vuelva a enfrentar a contribuyentes y accionistas.
Tras su cita con los banqueros Von der Leyen se reunió con la española Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El doble encuentro no es casual: Bruselas necesita articular una estrategia de financiación que combine inversión pública, avales y capital privado, y la banca quiere que el BEI asuma más riesgo para liberar sus propios balances. El calendario es claro: publicación del informe de competitividad en julio, consulta pública desde septiembre y propuesta legislativa a principios de 2027. Si la gran banca consigue o no imponer su hoja de ruta, se empezará a ver en los próximos meses.
