El Ayuntamiento de Sevilla ha renovado este martes la licencia de explotación de la discoteca Líbano pese a la orden firme de cierre del Tribunal Supremo, en una decisión que reaviva el conflicto entre la justicia y las competencias municipales.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La comisión de Urbanismo de Sevilla ha aprobado continuar la explotación en precario de la discoteca Líbano y La Casa del Estanque, pese a la orden de cierre del Tribunal Supremo.
- ¿Dónde y quién? La decisión la tomó este martes la comisión ejecutiva de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, que preside el alcalde de Sevilla.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Los establecimientos seguirán abiertos hasta que se adjudique un nuevo procedimiento de concesión, con las mismas condiciones, mientras el Supremo mantenía la orden de cierre firme.
La comisión ejecutiva de Urbanismo aprobó ayer la continuación de la explotación en precario, en los mismos términos que la concesión anterior, extinta desde febrero de 2022. El acuerdo incluye también a La Casa del Estanque, otro negocio de ocio nocturno que compartía la misma situación administrativa.
La resolución municipal, adoptada sin debate público y con los votos del equipo de gobierno del PP, permite que ambos locales sigan funcionando hasta que se adjudique un nuevo procedimiento de concesión administrativa. La fecha de esa adjudicación no está definida, lo que deja en el aire el horizonte de cierre definitivo.
La prórroga en precario: una figura legal controvertida
La figura de la explotacion en precario permite al Ayuntamiento mantener una actividad más allá de la vigencia de la concesión, siempre que no se pongan en riesgo los derechos de terceros. Sin embargo, el Tribunal Supremo ya había declarado en una sentencia anterior que la concesión de la discoteca Líbano debía extinguirse, por lo que este tipo de prórrogas chocan frontalmente con el fallo judicial.
Fuentes municipales defienden que la continuidad en precario es legal porque la sentencia del Supremo no se pronuncia sobre una prórroga de esta naturaleza, sino sobre la concesión original, que ya expiró. El Ayuntamiento sostiene que se limita a cumplir con el procedimiento administrativo mientras se tramita una nueva licitación.
La decisión del Ayuntamiento de Sevilla de seguir amparando la actividad de la discoteca Líbano, pese a un fallo del Alto Tribunal, pone a prueba el principio de separación de poderes en el ámbito local.
El choque de competencias: el Supremo versus el urbanismo municipal
La sentencia del Tribunal Supremo, dictada en 2025, ordenaba el cierre de los establecimientos al considerar que la concesión había vencido y que no procedía su renovación automática. El fallo daba un plazo para el desalojo, pero el Ayuntamiento recurrió a la fórmula del precario para sortearlo.
El conflicto refleja una tensión recurrente en la gestión urbanística andaluza, donde los ayuntamientos, como administración más cercana, a menudo se enfrentan a resoluciones judiciales que consideran contrarias a los intereses económicos o sociales de la ciudad.
El caso ha despertado críticas entre la oposición política, que ha pedido explicaciones al alcalde, José Luis Sanz. El portavoz del PSOE municipal ha señalado que el Ayuntamiento está ignorando deliberadamente la autoridad del Tribunal Supremo y abriendo la puerta a la inseguridad jurídica.
La Lectura Andaluza
El pulso entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Supremo no es un caso aislado. En ciudades como Granada o Málaga, los conflictos de licencias en zonas de ocio han terminado en los tribunales, enfrentando a empresarios y vecinos. La cuestión de fondo es cómo compaginar la dinamización económica del sector nocturno con el respeto a la legalidad y los derechos de los residentes.
Para los andaluces, este tipo de decisiones municipales afecta directamente a la seguridad jurídica y a la confianza en las instituciones. Cuando un ayuntamiento actúa en contra de un fallo firme del máximo tribunal, se siembran dudas sobre la previsibilidad del entorno normativo.
La Junta de Andalucía, que tiene competencias en ordenación del territorio, podría verse obligada a intervenir si el conflicto genera inseguridad normativa. De momento, la Consejería de Fomento no se ha pronunciado, aunque fuentes del sector jurídico apuntan a que el caso podría acabar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Mientras tanto, la discoteca Líbano sigue abriendo sus puertas cada noche, y los abogados de los vecinos afectados ya han anunciado que recurrirán la decisión municipal. La guerra judicial promete alargarse. Andalucía observa este capítulo como un nuevo test sobre los límites de la autonomía municipal.
