EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Casa Blanca ha anunciado que más de 60 agencias federales ya han reformado sus procedimientos bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), la norma que rige los permisos de infraestructura y energía en Estados Unidos.
- ¿Quién está detrás? El presidente Trump, que en enero de 2025 firmó la orden ejecutiva ‘Unleashing American Energy’ para acabar con lo que define como un ‘reino de terror’ regulatorio.
- ¿Qué impacto tiene? La agilización de permisos reduce costes y plazos para proyectos de energía, minería, construcción y tecnología, con efectos directos para las empresas españolas que operan en sectores como las renovables, las infraestructuras o la inteligencia artificial.
La administración Trump ha hecho balance de su reforma de la NEPA, la Ley Nacional de Política Ambiental (el equivalente a una declaración de impacto ambiental obligatoria para proyectos federales). El resultado, según el Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca: más de 60 agencias y departamentos han actualizado sus procedimientos, se han adoptado 195 exclusiones categóricas nuevas —que permiten acelerar trámites— y se estima un ahorro de cientos de millones de dólares para los contribuyentes. La iniciativa se remonta a la orden ejecutiva del primer día de mandato, en enero de 2025, pero ha sido ahora cuando el gobierno ha querido exhibir los números de un año de desregulación.
El anuncio de la Casa Blanca: más de 60 agencias reforman sus procedimientos
La presidenta del Consejo de Calidad Ambiental, Katherine Scarlett, lo resumió con una frase que no deja lugar a dudas: ‘En esta Administración, el reinado de terror regulatorio de la NEPA se ha acabado‘. No es un anuncio cualquiera. La NEPA, promulgada en 1970, obliga a que cualquier gran proyecto con participación federal —desde una carretera hasta una planta solar— pase por un estudio de impacto que, en la práctica, se ha convertido en un embudo de años y una fábrica de litigios. La reforma de Trump no deroga la ley, pero sí reduce su alcance y agiliza los procesos.
El comunicado de la Casa Blanca detalla que las mayores agencias con poder de bloqueo — Agricultura, Interior, Energía, Transporte y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército— ya aplican nuevos procedimientos. Solo los ajustes de Agricultura e Interior, ya finalizados, ahorrarán cientos de millones de dólares, según las proyecciones oficiales.
Desde el inicio de la Administración, las agencias han adoptado 195 categorical exclusions (exclusiones por categoría), una figura que permite esquivar la revisión ambiental completa para actividades de bajo impacto. El Departamento de Interior ha llegado a implementar procedimientos de emergencia que permiten autorizar recursos energéticos domésticos y proyectos de minerales críticos en menos de 28 días.
Los datos del ‘boom’ de permisos: energía, minería y construcción aceleradas
Las cifras que acompaña la Casa Blanca hablan de un auténtico desatasco. La Oficina de Gestión de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) ha aprobado más de 6.100 solicitudes de perforación (APDs) en lo que va de año fiscal, la cifra más alta en 15 años. Los permisos federales e indígenas de perforación otorgados superan en un 63,7% los del mismo período de la Administración anterior. En el sector del carbón, se han reactivado 76 permisos y se han abierto 13,1 millones de acres adicionales para arrendamientos, triplicando las marcas fijadas por la One Big Beautiful Bill Act.
No es solo energía fósil. En el ámbito nuclear, el Departamento de Energía ha creado una exclusión categórica para reactores avanzados que ya se ha aplicado cinco veces, ahorrando tiempo y recursos. También se han ofertado 748.000 acres de recursos geotérmicos, más de lo que la Administración anterior ofertó en todo su mandato.
La agilidad ha llegado incluso a la gestión forestal. El Servicio Forestal cosechó 475 acres de árboles quemados en solo 16 días usando una exclusión categórica, cuando antes el proceso podía demorarse meses. Y siete oficinas de Interior utilizaron casi 200 veces una exclusión para el control de especies invasoras en un solo año, con métodos que iban desde herbicidas hasta la captura manual.
Seis mil cien pozos aprobados en un año es un dato que ningún gobierno había logrado en una década y media.
La reforma de la NEPA no es un capricho ideológico: es la respuesta a un sistema que en la práctica paralizaba inversiones de miles de millones y encarecía la vivienda, la energía y la nueva industria digital.
La Lógica de Washington
¿Qué problema intenta resolver Trump? Uno muy concreto que explica buena parte de su apoyo en estados industriales y rurales. Durante décadas, la NEPA se convirtió en el arma legal favorita de ecologistas y comunidades locales para bloquear proyectos que, en teoría, contaban con el respaldo de Washington. Cada parque eólico, cada mina de litio o cada autopista podía quedar atrapada en un laberinto de revisiones y demandas que rara vez bajaba de los tres años. Para una Administración obsesionada con la independencia energética y la competencia con China en minerales críticos, ese cuello de botella era sencillamente insoportable.
La coalición que sustenta esta ofensiva desreguladora es la clásica alianza republicana entre el sector energético, las constructoras y los gobernadores de estados con grandes extensiones federales (de Alaska a Texas). Pero se ha añadido un nuevo aliado: las tecnológicas que necesitan permisos ultrarrápidos para centros de datos de inteligencia artificial. No es casualidad que la orden ejecutiva 14318 promueva la aceleración de permisos para infraestructura de centros de datos, ni que la 14335 simplifique las revisiones ambientales para lanzamientos espaciales comerciales.
El precedente histórico es claro. En 1984, Reagan ya recurrió a una lógica similar para agilizar las perforaciones en suelo federal, aunque entonces la herramienta no era la NEPA sino las órdenes ejecutivas directas sobre el Bureau of Land Management. Más cerca en el tiempo, la Administración Bush (2005) aprobó la Energy Policy Act, que introdujo las primeras exclusiones categóricas para ciertas actividades de petróleo y gas. Lo que Trump ha hecho es llevar esa filosofía al extremo, aplicándola a reactores nucleares avanzados, transmisión eléctrica e incluso vivienda.
¿Qué significa esto para España? A primera vista, una gestión interna de los permisos federales parece lejana. Pero las consecuencias son tangibles. Iberdrola, a través de su filial Avangrid, es uno de los mayores promotores eólicos y solares en suelo estadounidense; cualquier aceleración en los plazos de NEPA le permite conectar antes sus parques y reducir los costes financieros. Ferrovial, con su cartera de autopistas y proyectos de construcción en Texas y el sureste, también se beneficia de procesos de autorización más predecibles. Inditex, con su inmensa red logística, podrá ampliar centros de distribución sin que el papeleo federal se eternice.
La proyección es clara: el Consejo de Calidad Ambiental seguirá revisando miles de páginas de regulaciones de otras agencias, ampliando las exclusiones categóricas allá donde sea posible. La Casa Blanca ha dejado claro que las reformas no han terminado. La próxima ventana clave será la publicación de la guía para eliminar barreras a la construcción de viviendas bajo NEPA, tal y como ordenó la EO 14394, prevista para el tercer trimestre de 2026.
Ficha del Caso
- El caso: La administración Trump ha reformado los procedimientos de la NEPA, la ley ambiental que durante décadas fue el principal bloqueo administrativo para proyectos de energía e infraestructura en EE.UU. Más de sesenta agencias han adoptado cambios que reducen plazos y litigios.
- Datos clave: 195 exclusiones categóricas nuevas, 6.100 permisos de perforación aprobados (BLM), 63,7% más de permisos de perforación federales que la Administración anterior, 13,1 millones de acres abiertos al carbón, 748.000 acres geotérmicos ofertados, ahorros estimados de cientos de millones de dólares.
- Para España: Las empresas españolas con presencia en Estados Unidos —desde Iberdrola a Ferrovial— se beneficiarán de una tramitación más rápida de sus proyectos. La reforma también presiona a Bruselas a simplificar sus propios procesos de permisos en un contexto de competencia por la inversión verde y digital.
