El Tribunal de Cuentas publicó ayer el informe de fiscalización de las cuentas anuales de la Casa del Rey correspondientes al ejercicio 2025. El dictamen no deja margen a la duda: la contabilidad de la jefatura del Estado refleja, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y la liquidación presupuestaria. Un visto bueno que llega en un contexto de creciente demanda de transparencia hacia las instituciones públicas.
La auditoría es fruto del convenio que, desde 2023, encomienda al Tribunal de Cuentas el control externo de la contabilidad de Zarzuela. Es el tercer año consecutivo en que la Casa se somete a este escrutinio, y el resultado repite la misma nota de limpieza. Las fuentes oficiales de la Casa del Rey destacan que, en este ejercicio, la institución ha realizado inversiones relevantes en tecnologías de la información, comunicaciones seguras y movilidad, financiadas íntegramente con remanentes acumulados.
El presupuesto de la Casa del Rey se mantuvo congelado por séptimo año consecutivo, en los 8.431.150 euros que arrastra desde 2021 debido a las sucesivas prórrogas presupuestarias. A esa cuantía se sumaron 983.403 euros procedentes del fondo de sobrantes, elevando las obligaciones reconocidas netas a 9.390.116,95 euros. La ejecución presupuestaria rozó la perfección: un 99,74 %, con un remanente positivo de apenas 24.436,05 euros. La diferencia negativa en el resultado neto patrimonial, de 719.334,93 euros, obedece en su mayor parte a las amortizaciones contables habituales.
La modernización silenciosa que reflejan las cuentas
Más allá de las cifras, el informe deja entrever una transformación orgánica. La partida de casi un millón de euros destinada a digitalización y movilidad segura no es un gasto corriente: es una inversión estratégica que actualiza la capacidad operativa de la jefatura del Estado. Las mismas fuentes de Zarzuela subrayan que estos fondos proceden de ahorros acumulados en ejercicios anteriores, sin impacto sobre el presupuesto anual. Un ejercicio de responsabilidad que, además, sintoniza con las exigencias de ciberseguridad y renovación administrativa que vive cualquier organismo público en esta década.
La interventora de la institución, en su propio informe publicado junto a la auditoría, concluye de manera favorable sobre los resultados de las actuaciones del ejercicio. Es una validación interna que refuerza el juicio externo del Tribunal de Cuentas. En paralelo, Zarzuela ha hecho públicos de nuevo los salarios del núcleo familiar y de los altos cargos, en cumplimiento del compromiso de transparencia adoptado en 2023. En 2026, las retribuciones de los miembros de la familia real suben un 1,5 %, en línea con el incremento de los empleados públicos. Felipe VI percibe 290.000 euros anuales, la reina Letizia recibe 160.000 y la reina Sofía, 131.000.
El jefe de la Casa, Camilo Villarino, queda fijado en 173.725 euros; la secretaria general, Mercedes Araújo, en 154.130; y el jefe del Cuarto Militar, Eduardo Diz Monje, en 132.561. La publicación simultánea del informe del Tribunal de Cuentas, de la auditoría interna y de las tablas salariales demuestra una estrategia de comunicación institucional que apuesta por la rendición de cuentas completa.
Transparencia y legitimidad: el valor intangible de una Corona fiscalizada
El aval del Tribunal de Cuentas trasciende la mera corrección contable. En el contexto europeo, donde las monarquías parlamentarias han ido adoptando distintos grados de apertura, la española ha optado por un modelo de fiscalización externa plena que la sitúa, al menos en lo formal, en la vanguardia del control público. No es un gesto cosmético: la publicación detallada del uso de remanentes, la ejecución casi total del presupuesto o las nóminas completas de los altos cargos construyen un relato de eficacia y autocontención que refuerza la legitimidad de la institución ante la opinión pública.
Un escrutinio público sin tacha es el mejor escudo de la institución en tiempos de hipertransparencia.
Cabe recordar que estas prácticas se instauraron por decisión interna de la Casa, sin mediar una obligación legal específica. El convenio con el Tribunal de Cuentas, renovado periódicamente, convierte una opción voluntaria en un mecanismo estable de control externo. La interventora y el tribunal coinciden: las cuentas están sanas, y la gestión es ordenada. Que el presupuesto siga congelado desde 2021 añade una capa de ejemplaridad, aunque también plantea el reto de cómo encajar futuras necesidades inversoras sin recurrir a los remanentes.
La pieza que completa el puzle de 2025 es la modernización tecnológica. La inversión en sistemas seguros no solo cubre una necesidad funcional; manda un mensaje de adaptación al siglo que corre. En un mundo donde las filtraciones y los ciberataques acechan a las jefaturas de Estado, blindar las comunicaciones y la movilidad es un gesto de responsabilidad, y hacerlo con dinero ahorrado sin tocar el presupuesto general es una decisión que la opinión pública suele premiar.
El partido de fondo: la transparencia como estrategia de Estado
La auditoría de 2025 no es una foto aislada, sino un capítulo más de una secuencia que empezó a escribirse en 2023. La dirección que ha tomado la Casa del Rey apunta a consolidar una cultura de rendición de cuentas que blinde la legitimidad de la Corona a largo plazo. Yo he seguido con atención este camino desde sus primeros pasos y creo que, hoy por hoy, el principal activo de la transparencia regia no es tanto el escrutinio puntual como la normalización del examen externo. Lo que antes era excepcional, ya es rutina.
Sin embargo, hay una agenda pendiente que las propias cuentas dejan entrever: la congelación presupuestaria se sostiene sobre un equilibrio precario. Si las inversiones necesarias crecen —y la digitalización completa de la administración de la jefatura del Estado podría exigir más recursos—, el recurso a los remanentes acumulados no será infinito. La decisión de si se mantiene la congelación o se solicita una actualización al Gobierno será, en algún momento, una prueba de fuego institucional.
Por ahora, el dictamen del Tribunal de Cuentas es impecable. La gestión económica de 2025 se cierra con un remanente minúsculo, una ejecución casi total y un volumen de inversión estratégica que no despierta sospechas. La institución sale reforzada de este ejercicio de fiscalización, y lo hace sin estridencias, que es justo como conviene a una monarquía parlamentaria. Los próximos pasos ya están en marcha: la Casa del Rey ha anunciado que seguirá publicando sus cuentas y sometiéndose al control externo en 2026.
Claves del Protocolo y Estado
- Contexto del acto: El Tribunal de Cuentas ha auditado por tercer año consecutivo las finanzas de la jefatura del Estado, confirmando la regularidad de todos los aspectos relevantes.
- El detalle de protocolo: La publicación simultánea del informe externo, la auditoría interna y las tablas salariales refuerza la política de transparencia iniciada en 2023, con el respaldo de todas las instancias.
- Próximos pasos: La Casa del Rey mantendrá el convenio con el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2026 y continuará publicando sus cuentas en la web oficial.
