La batalla legal entre Apple y Epic Games alcanza la máxima instancia judicial de Estados Unidos. El gigante de Cupertino acude al Tribunal Supremo para esquivar una declaración de desacato que amenaza con bloquear el cobro de comisiones del 27 % cuando los desarrolladores redirigen a los usuarios a métodos de pago ajenos a la App Store.
Claves de la operación
- La orden de 2021 exigía permitir enlaces a pagos externos. Apple los implementó, pero solo tras imponer una tarifa del 27 %, lo que, según el tribunal de apelaciones, desvirtúa el espíritu del mandato.
- La declaración de desacato puede cerrar el grifo de las comisiones. Si el Supremo no la revierte, Apple podría verse obligada a eliminar ese recargo en Estados Unidos y, por extensión, en otros mercados.
- El caso se solapa con las exigencias de la DMA europea. Bruselas ya ha presionado para que Apple permita tiendas de aplicaciones alternativas y la eliminación de las barreras a los pagos externos en la UE.
El pulso por las reglas de la App Store entra en tiempo de descuento judicial
El litigio que arrancó en 2020 con la expulsión de Fortnite de la App Store ha dejado un reguero de resoluciones que han ido moldeando el ecosistema de las aplicaciones móviles. Tras la sentencia inicial de 2021, que obligaba a Apple a permitir que los desarrolladores incluyeran ‘botones o enlaces’ hacia sus propios sistemas de pago, la compañía de Tim Cook respondió con un sistema de enlaces externos acompañado de una comisión. No era la misma tasa del 30 % que se aplica a las compras realizadas dentro de la plataforma, pero el 27 % apenas dejaba margen al desarrollador. Según el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito, ese porcentaje ‘tuvo un efecto prohibitivo’ y convirtió la orden judicial en papel mojado (más contexto en Wikipedia).
En diciembre de 2025, los jueces de apelación respaldaron el desacato. Ahora Apple intenta que el Supremo revise esa conclusión, argumentando que su tarifa es razonable y que el tribunal inferior se ha extralimitado al censurar el modelo de negocio de la App Store. Nos encontramos ante una decisión que podría redefinir quién fija el precio de la intermediación digital.
¿Cómo afecta a los desarrolladores españoles de la App Store?
Aunque la batalla judicial se libra en Estados Unidos, el eco se escucha con nitidez en el ecosistema español de aplicaciones. En España, la cuota de mercado de iOS supera el 30 % y la App Store es la única vía para llegar a millones de usuarios de iPhone y iPad. Cualquier empresa emergente que facture suscripciones o ventas digitales —desde una plataforma de cursos online hasta un servicio de citas— está atrapada en el mismo sistema de comisiones. La tarifa del 27 % para pagos externos no es una rebaja real, sino un peaje apenas disimulado.
De hecho, los estudios de desarrolladores españoles han trasladado su malestar a las asociaciones sectoriales, que observan con interés el desenlace en Washington. Mientras tanto, la Comisión Europea ya ha abierto investigaciones sobre el cumplimiento de la DMA por parte de Apple. La designación de la App Store como ‘servicio de plataforma esencial’ obliga a la empresa a permitir la instalación de tiendas alternativas y a no restringir la comunicación de ofertas fuera del ecosistema. El desenlace del caso Epic en el Supremo de EE.UU. podría reforzar el argumento de Bruselas o, por el contrario, dar a Apple munición para endurecer las condiciones en Europa.
La tarifa del 27 % no es una rebaja real: es un peaje apenas disimulado que anula cualquier incentivo para salir del ecosistema de pagos de Apple.
La sombra de la DMA europea: un doble frente regulatorio para Apple
En la última década, la App Store ha pasado de ser un simple escaparate a convertirse en el centro de todas las tensiones regulatorias que rodean a las grandes plataformas digitales. En España, el dominio de Apple es incontestable en el segmento de alto valor: los usuarios de iPhone gastan, en promedio, el doble en compras digitales que los de Android. Cualquier modificación en las reglas de monetización afecta de forma directa a la comunidad de desarrolladores, que factura cientos de millones de euros al año a través de la tienda de Cupertino.
La situación se complica porque Europa ya ha movido ficha por su cuenta. La Ley de Mercados Digitales (DMA) exige que los guardianes de acceso —Apple entre ellos— permitan sideloading y métodos de pago alternativos sin penalizaciones. La designación de la App Store como servicio esencial se hizo firme en 2025, y Bruselas vigila de cerca cualquier intento de elusión. Una sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que valide el desacato podría acelerar la ofensiva europea; si, por el contrario, Apple sale indemne, la compañía dispondrá de un sólido precedente para negociar con la Comisión.
En esta redacción entendemos que el verdadero lobbying no se hace solo en los despachos de Washington o Bruselas, sino en los tribunales. Apple está jugando una partida simultánea en ambos lados del Atlántico, y los desarrolladores españoles son, sin saberlo, una de las fichas. La decisión final del Supremo no llegará antes de 2027, pero su impacto se dejará sentir mucho antes en la sala de juntas de Cupertino y en los pasillos comunitarios.
