El Consejo de Gobierno autorizó esta semana el inicio de la licitación de los servicios de ambulancias urgentes y programadas de Osakidetza, con un coste que supera los diez millones de euros mensuales, según ha podido confirmar Moncloa.com a partir de la información del Gobierno Vasco.
La decisión, adelantada por elDiario.es y confirmada por esta redacción, fue adoptada el martes en una sesión del Consejo de Gobierno fuera del orden del día. El acuerdo permite al consejero de Salud, Alberto Martínez, poner en marcha dos expedientes de contratación por importes superiores a los cinco millones de euros cada uno, tal y como exige un decreto autonómico de 2016 para las licitaciones más cuantiosas.
El doble contrato y el legado de la crisis de Grup La Pau
Osakidetza tiene externalizados dos tipos de transporte sanitario. Por un lado, las ambulancias de emergencias, los vehículos amarillos; por otro, las programadas, de color azul y blanco. Las UVI móviles, en cambio, se gestionan con personal propio del Servicio Vasco de Salud. Cada licitación se tramita por separado, aunque ambas suman un coste mensual que supera holgadamente los diez millones de euros, lo que las convierte en la mayor externalización de la sanidad pública vasca.
Con esta nueva convocatoria se pretende regularizar la situación de interinidad que arrastra el sector desde finales de 2024, cuando se rescindieron anticipadamente los contratos con Grup La Pau, la cooperativa catalana que gestionaba las ambulancias en Bizkaia y Álava.
La empresa acumuló decenas de sanciones de la Inspección de Trabajo y llegó a impagar nóminas a sus trabajadores, lo que derivó en un proceso concursal. Aquella crisis obligó al Gobierno Vasco a firmar contratos de emergencia, directos y sin concurso, para garantizar la continuidad del servicio.
En Álava, la solución pasó por ampliar el radio de acción de Ambulancias Gipuzkoa, que ya era la adjudicataria en ese territorio. En Bizkaia, se constituyó la UTE Bizkanb, una unión temporal integrada por la división sanitaria de Alsa (Sanir) y la navarra Baztan-Bidasoa. Aquellos contratos de emergencia, inicialmente previstos para catorce meses y con un presupuesto de 110 millones de euros, se han mantenido de forma indefinida a la espera de la licitación ahora autorizada.
La nueva licitación busca poner fin a dos años de adjudicaciones provisionales en Bizkaia y Álava y devolver la estabilidad a un servicio esencial.
Próximos trámites y un precedente que aconseja paciencia
Con la autorización de gasto ya aprobada, se activarán los expedientes 16/2026/PS, relativo a las ambulancias urgentes, y 17/2026-PS, para el servicio programado. El valor estimado de cada uno supera con creces los cinco millones de euros, el umbral que activa la intervención del Consejo de Gobierno según el decreto de 2016. Fuentes de Osakidetza consultadas por esta redacción indican que los pliegos se harán públicos antes del parón vacacional y que, a partir de ese momento, se abrirá el plazo para que las empresas presenten sus ofertas.
La tramitación, sin embargo, podría demorarse. La experiencia de la anterior convocatoria recomienda cautela: los pliegos de aquel concurso se publicaron en diciembre de 2023 y las adjudicaciones no llegaron hasta el verano de 2024, varios meses después, en un contexto condicionado por las incidencias con Grup La Pau. Ahora, desde el Departamento de Salud no se descarta que se interpongan recursos. Asimismo, los grupos de la oposición en el Parlamento Vasco han mostrado interés en conocer los detalles de la nueva contratación, aunque por el momento no se ha fijado una comparecencia del consejero.
El Consejo de Gobierno cumple así con el decreto de 2016 que reserva a este órgano la autorización de los contratos de mayor envergadura económica. La licitación sienta las bases para que Osakidetza pueda dotar de estabilidad a un servicio que transporta cada año miles de pacientes en Euskadi y que moviliza cientos de puestos de trabajo y decenas de vehículos en los tres territorios.
