La Junta de Castilla y León ha anunciado este domingo que recurrirá el Real Decreto 556/2026, que le asigna la acogida de 833 menores migrantes no acompañados, por considerarlo una imposición unilateral del Gobierno central sin criterios objetivos.
La consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que lidera el vicepresidente primero Carlos Pollán (Vox), ha criticado que el reparto se haya aprobado sin el acuerdo unánime de las comunidades y sin respetar sus competencias en protección de menores.
Un reparto que la Junta califica de desproporcionado
El nuevo real decreto eleva a 833 los menores a acoger en Castilla y León, frente a los 783 que fijaba el anterior decreto de agosto de 2025. La Junta argumenta que ese incremento del 6,38 % no guarda correspondencia con el crecimiento poblacional de la comunidad, que apenas ha sido del 0,72 % en en el mismo periodo.
Según el Ejecutivo autonómico, hay «criterios políticos» detrás de esta asignación, y no un análisis de la capacidad real de acogida de cada territorio. «Difícilmente se puede planificar una atención adecuada cuando se ignoran las realidades sociodemográficas de las comunidades», señalan fuentes de la consejería.
Castilla y León ya recurrió el anterior decreto de 2025, que sigue sin tener una justificación objetiva, según la Junta. Ahora, con este nuevo reparto, se enfrenta de nuevo a tener que habilitar plazas que, insiste, superan sus posibilidades.
El número de menores asignados crece más del doble de lo que crece la población: una evidencia de falta de proporcionalidad.
La consejería de Carlos Pollán subraya que el decreto impide una adecuada planificación de recursos, lo que compromete la sostenibilidad del sistema de protección de menores en la comunidad.
La respuesta legal y el choque competencial
El recurso se basa en la defensa de las competencias autonómicas. La Junta entiende que el Estado ha invadido su ámbito de actuación sin el consenso necesario. «: el Tribunal Supremo ha admitido a trámite otro recurso de la Junta contra el real decreto de regularización de inmigrantes, que la administración de PP y Vox considera desproporcionado y contrario a los criterios europeos.
El Pulso Territorial
La oposición de Castilla y León al reparto de menores migrantes no es aislada. La comunidad mantiene una posición de firmeza migratoria desde que PP y Vox cogobiernan. Carlos Pollán ha convertido este asunto en una seña de identidad. La Junta recurrirá el nuevo decreto y recurrirá el anterior: una doble ofensiva judicial que muestra un pulso constante con el Gobierno central.
En el mapa autonómico, otras regiones del PP también han mostrado reticencias. Sin embargo, aquí la presión de Vox añade un plus. Mientras, Canarias sigue sin ver alivio en la acumulación de menores, y el decreto de reparto es la única herramienta que el Gobierno tiene para evitar un colapso humanitario.
La proporcionalidad es el nudo del debate. Si el crecimiento vegetativo apenas sostiene los servicios, la Junta entiende que añadir más menores sin recursos añadidos es insostenible. Habrá que ver si los tribunales ven invasión competencial o si el decreto responde a una necesidad inaplazable. El recurso se presentará en los próximos días y marcará un precedente en la relación centro-periferia.
Ficha Autonómica
- El caso: La Junta de Castilla y León recurre el Real Decreto 556/2026, que le asigna 833 plazas de acogida para menores migrantes no acompañados.
- Datos importantes: Incremento de plazas del 6,38 % frente al 0,72 % de crecimiento poblacional. El anterior decreto de 2025 fijaba 783 plazas. La Junta ya recurrió esa norma.
- Resumen: La administración de PP y Vox considera que el decreto invade competencias y carece de proporcionalidad. El recurso se formalizará en los próximos días, en un escenario de tensión con el Gobierno central por la política migratoria.
