El Gobierno ha asegurado este lunes que no constan instrucciones entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio de Inclusión sobre los riesgos de la regularización extraordinaria de migrantes. La respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, rechaza así las acusaciones de la oposición sobre una supuesta falta de control en el proceso.
La contestación del Ejecutivo: instrucciones inexistentes y documentos clasificados
En una contestación escrita a una batería de preguntas de Vox, el Ejecutivo subraya que no hay comunicaciones oficiales de instituciones europeas que alerten sobre peligros para el espacio Schengen. La declaración se produjo ayer, 6 de julio, y refuta la petición de la formación de Santiago Abascal de acceder a documentos que, según denuncia, el Gobierno mantiene bajo secreto.
«Se indica que no constan instrucciones entre el Ministerio del Interior, Policía Nacional y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni comunicaciones oficiales de instituciones europeas sobre los riesgos de la regularización para el espacio Schengen», recoge la respuesta. El texto aclara que los documentos internos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRI o el CENIF son informes de inteligencia blindados por la legislación de secretos oficiales.
El contexto de las preguntas de Vox
Las preguntas registradas por Vox cuestionaban si negar el acceso a la documentación sobre la regularización es «compatible con los principios de transparencia y control parlamentario». Además, la formación interpelaba al Gobierno sobre si los informes denegados contenían datos que pudieran afectar a la seguridad nacional.
La tensión política se enmarca en el debate sobre el impacto de la regularización en la seguridad y el control migratorio. Vox sostiene que la falta de transparencia oculta riesgos operativos, mientras el Ejecutivo insiste en que no hay instrucción alguna que los avale.
El Gobierno asegura que no hay rastro de instrucciones internas ni alertas europeas, al tiempo que escuda los informes policiales bajo los acuerdos de secretos oficiales de 1986.
La base legal de la clasificación secreta
El Ejecutivo ampara la reserva de los documentos en el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, ampliado en 1994, que clasifica determinados asuntos al amparo de la Ley de Secretos Oficiales. La respuesta detalla que los informes de inteligencia sobre cómo operan las redes de trata o la delincuencia vinculada a la inmigración irregular entran en esa declaración genérica.
«Todos estos acuerdos de los Consejos de Ministros de 1986, 1994 y 2014 están plenamente vigentes y se consideran necesarios para poder gestionar la información sobre el conjunto de operativos de las FCSE», remacha el texto. La Policía Nacional ha subrayado en anteriores comparecencias que la protección de sus fuentes y métodos es imprescindible para no desvelar procedimientos operativos.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Gobierno niega en una respuesta parlamentaria que existan instrucciones de Interior, Policía o Inclusión sobre riesgos de la regularización de migrantes.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio de Inclusión, además de Vox como formación que solicitó la documentación.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La polémica sigue abierta en sede parlamentaria; el próximo paso puede ser una solicitud de comparecencia para exigir más transparencia.
