Sevilla, sede del Parlamento de Andalucía, ha sido el escenario esta semana del acuerdo que define los recursos económicos de los grupos políticos para la legislatura recién iniciada. El PP, con mayoría absoluta en la Mesa de la Cámara, se asegura la mitad de los 13 millones de euros que el órgano reparte anualmente: 6,4 millones. El PSOE se queda con 3,4 millones, y la distancia entre ambos bloques acentúa el dominio popular en la política institucional andaluza.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Mesa del Parlamento de Andalucía ha aprobado el reparto de 13 millones de euros entre los grupos parlamentarios para gastos de funcionamiento.
- ¿Dónde y quién? En Sevilla, con el voto favorable del PP, Vox y Adelante Andalucía, y el rechazo de PSOE y Por Andalucía.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? La distribución determina los recursos con los que cada grupo contará para asesores, comunicación y actividad parlamentaria, lo que influye en la calidad del debate público.
Un reparto estrictamente proporcional: las cifras clave
El criterio adoptado por la Mesa, controlada por el PP con ocho de sus catorce miembros, se basa exclusivamente en el número de diputados de cada grupo. De esta forma, los 53 escaños del PP le reportan 6,4 millones de euros al año (1,62 millones cada trimestre), frente a los 3,4 millones que percibirá el PSOE por sus 28 representantes. Vox, con 14 parlamentarios, dispondrá de 1,8 millones, mientras que Adelante Andalucía, que ha pasado de dos a ocho escaños, rozará el millón de euros. Por Andalucía, la coalición que lidera Antonio Maíllo, se queda con 612.000 euros anuales.
Traducido a cifras mensuales, el grupo popular manejará 540.707 euros cada mes para sufragar asesores y equipos de comunicación; los socialistas contarán con 285.656 euros, y los de Por Andalucía apenas superan los 51.010 euros, diez veces menos que el PP. La diferencia no es solo de magnitud: refleja una capacidad operativa radicalmente distinta a la hora de fiscalizar al Gobierno andaluz.
La oposición vota dividida: PSOE y Por Andalucía exigen un suelo mínimo
La propuesta salió adelante con el apoyo de PP, Vox y la formación andalucista de José Ignacio García. El PSOE y Por Andalucía votaron en contra. El principal punto de fricción es la ausencia de un importe mínimo que garantice a todos los grupos capacidad operativa suficiente. «Siempre te hace falta un mínimo de personal para poder funcionar», denunció Maíllo, que recuerda que en la legislatura anterior, con menos escaños, su coalición recibió más recursos gracias a un acuerdo puntual.
El PSOE, que perdió dos diputados respecto a 2022, ha visto reducida su asignación en consonancia. Fuentes socialistas expresaron su malestar por un reparto que, a su juicio, «consagra la desigualdad entre grupos y dificulta la labor de control al Gobierno». Adelante, por su parte, respaldó el sistema porque le multiplica los recursos y le permite consolidar su nueva estructura de ocho diputados.
El criterio proporcional puro, sin suelo, deja a los partidos pequeños con un gasto operativo diez veces menor que el del PP. La capacidad de análisis legislativo no debería depender solo del resultado electoral.
La Lectura Andaluza
La legislatura que acaba de comenzar en Andalucía arranca con un mapa político transformado. El PP de Juanma Moreno, con 53 diputados a un escaño de la mayoría absoluta, ha articulado una Mesa parlamentaria que refleja su peso: de los catorce miembros, ocho son populares. Esa hegemonía explica la adopción de un modelo de financiación de grupos que prima la proporcionalidad pura, sin correctivos ni tratos especiales como los que se aplicaron en el pasado. Para los ciudadanos, la decisión puede parecer técnica, pero encierra un debate de fondo: ¿deben tener todos los grupos las mismas oportunidades para fiscalizar al Ejecutivo?
En la anterior legislatura, grupos con apenas dos o cinco diputados lograron acuerdos puntuales que les garantizaron recursos por encima de su peso numérico. Aquello permitió a formaciones como Adelante o Por Andalucía presentar iniciativas, solicitar comparecencias y mantener un equipo mínimo de asesores. Ahora, el criterio matemático borra esa discrecionalidad y deja a los pequeños ante el reto de hacer más con mucho menos. Los 51.010 euros mensuales de Por Andalucía contrastan con los 540.707 del PP. Una diferencia que, a la práctica, se traduce en capacidad para encargar informes, rastrear la ejecución presupuestaria o preparar preguntas al Gobierno.
El propio PSOE, aunque mantiene 3,4 millones, ha visto cómo la brecha con los populares se agranda, algo que no solo obedece al resultado electoral sino a la negativa del PP a negociar un suelo. Para Maíllo, esta situación «dinamita el pluralismo», y aunque su afirmación es política, refleja una realidad palpable: en el Parlamento de la calle San Juan de Ribera, el debate sobre la financiación no ha hecho más que empezar. La legislatura será larga y, si el PP mantiene su posición, los grupos minoritarios tendrán que buscar vías alternativas —alianzas con sindicatos, colaboración con la sociedad civil— para ejercer su papel de contrapeso. La calidad democrática de Andalucía depende, en parte, de que todas las voces puedan hacerse oír con los medios adecuados.
