EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía de Madrid ha presentado su escrito de conclusiones provisionales y pide la libre absolución de Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés al no apreciar infracción penal alguna en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense.
- ¿Quién está detrás? El Ministerio Público, en un documento de 26 folios, desmonta las acusaciones de malversación, apropiación indebida y tráfico de influencias que sostenían las acusaciones populares y el juez instructor, Juan Carlos Peinado.
- ¿Qué impacto tiene? El informe fiscal supone un varapalo a la instrucción judicial y un respaldo a la honorabilidad de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El caso, que ha alimentado la estrategia de la oposición durante meses, pierde buena parte de su recorrido penal.
La Fiscalía de Madrid ha solicitado la libre absolución de Begoña Gómez, su asesora María Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés tras concluir que no existe ‘infracción penal’ alguna en la creación y desarrollo de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. El escrito de conclusiones provisionales, de 26 folios y al que ha tenido acceso este medio, echa por tierra la instrucción del juez Peinado y deja sin sustento jurídico las acusaciones populares que reclamaban hasta 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno.
‘Ni María Begoña Gómez, ni María Cristina Álvarez, ni Juan Carlos Barrabés Consul obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra y sus patrocinios’, recoge el fiscal. Sin delito no hay autor, resume el Ministerio Público, que descarta uno a uno los tres grandes bloques de la acusación: el presunto desvío de fondos públicos por el software de la cátedra, la malversación en el uso de la asesora de Moncloa y la supuesta influencia sobre el empresario Barrabés.
La Fiscalía desmonta las acusaciones: ni malversación, ni apropiación, ni tráfico de influencias
Respecto al software creado con la aportación de empresas como Indra (128.000 euros), Google (180.000) o Telefónica (55.000), el fiscal subraya que los trabajos ‘no llegaron a registrarse como propiedad intelectual o industrial de la UCM, legítimo destinatario del producto’. Es decir, la universidad no sufrió perjuicio patrimonial y por tanto no hubo apropiación indebida. ‘Ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático’, añade. La instrucción se queda sin el núcleo económico del caso.
La acusación de malversación por los correos que la asesora Cristina Álvarez gestionó para Gómez durante su jornada también se derrumba. La Fiscalía recuerda que la figura del ‘personal eventual’ de apoyo al cónyuge del presidente existe ‘desde 1978 en todos los gobiernos democráticos’ y que las funciones de Álvarez incluyen ‘gestión de agenda, preparación de reuniones, asistencia telefónica y acompañamiento en desplazamientos’. Que en ese marco realizara ‘actividades puntuales de gestión y contacto’ con la universidad o patrocinadores está dentro de la normalidad del cargo. No hubo desvío de funciones.
El fiscal acusa al juez Peinado de urdir una ‘confabulación’ sin soporte penal para impedir la salida de Begoña Gómez de España.
Sobre el empresario Juan Carlos Barrabés, el escrito es taxativo: ‘No ha colaborado en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM ni ha sido patrocinador ni ha financiado ninguna actividad de la misma’. Su participación se limitó a impartir docencia en el máster que codirigía Gómez, cobrando la retribución reglada por hora lectiva. Begoña Gómez percibió alrededor de 40.000 euros por su labor en ese máster a lo largo de una década, pero ni un solo euro por la cátedra, subraya el fiscal.
Las consecuencias judiciales y el coste político de una instrucción desbordada
El escrito de la Fiscalía no se limita a pedir la absolución; contiene una crítica velada a la actuación del instructor. El Ministerio Público señala que el juez Peinado ‘inventó una confabulación’ –en referencia a la fianza de 40.000 euros que impuso en su día para evitar la salida de Gómez de España– sin que existiera riesgo de fuga. Ese exceso, unido a la debilidad de las acusaciones populares, deja la instrucción en una posición muy comprometida. Fuentes jurídicas consultadas por esta redacción apuntan a que la defensa podría pedir la nulidad de actuaciones una vez abierto el juicio oral.
El coste político del caso para la oposición es difícil de cuantificar pero evidente. El PP y Vox habían convertido la instrucción en uno de los ejes de su estrategia de desgaste contra el presidente Sánchez, agitando un relato de corrupción en el entorno familiar. La petición de absolución de la Fiscalía desmonta de raíz esa narrativa y obliga a los partidos de la derecha a recolocar su discurso a meses de que arranque un nuevo ciclo electoral.
El Eje del Poder Socialista
La decisión del Ministerio Público refuerza la posición de Moncloa y de Ferraz en un momento en el que el Gobierno de coalición busca cerrar la legislatura con una agenda social y económica intensa. El caso Begoña Gómez, que durante más de dos años ha ofrecido munición diaria a la oposición, se deshincha justo cuando el Ejecutivo necesita blindar su flanco judicial. En Ferraz se respira un alivio contenido. Fuentes de la dirección federal consultadas por Moncloa.com admiten que ‘siempre confiamos en que la Justicia acabaría reconociendo la verdad’, pero reconocen que el ruido mediático y la crispación parlamentaria han tenido un coste personal para el presidente y su familia.
Desde el punto de vista territorial, los barones socialistas reciben la noticia con mesura. Emiliano García-Page, siempre crítico con los escándalos que rozan al partido, evitó pronunciarse, mientras que desde la Generalitat, Salvador Illa trasladó en privado su ‘satisfacción’ por un desenlace que, a su juicio, ‘devuelve la dignidad’ a la presidencia del Gobierno. En el Grupo Parlamentario Socialista la sensación es parecida: el informe fiscal les permite pasar a la ofensiva en la sesión de control y devolver el golpe al PP por haber basado buena parte de su estrategia en una causa que se desmorona.
Históricamente, los ataques personales al entorno del presidente han sido una constante de la política española. Ya en los años noventa, la prensa afín al PP se cebó con la familia de Felipe González, y más recientemente con los negocios del padre de Pablo Iglesias. La diferencia, subrayan en el PSOE, es que en esta ocasión ‘el propio sistema judicial, a través de un fiscal, ha puesto las cosas en su sitio’. La lectura estratégica a medio plazo pasa por consolidar el relato de que el Gobierno socialista defiende la limpieza institucional y la separación de poderes, frente a una oposición que, según fuentes socialistas, ‘utiliza los juzgados como arma política’.
El siguiente paso será el juicio oral, aún sin fecha. La defensa de Begoña Gómez confía en que la petición fiscal acelere una sentencia absolutoria. Entretanto, el independentismo y los socios de investidura observan con atención un caso que podría afectar a la estabilidad de la mayoría, aunque la previsión en Moncloa es que la crisis judicial quede amortiguada antes de las próximas citas electorales. El foco vuelve ahora a la gestión económica y a las medidas sociales que el Gobierno quiere aprobar antes de final de año.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Defensa de la honorabilidad de Begoña Gómez y rechazo del uso partidista de la Justicia.
- Protagonista: Begoña Gómez Fernández (esposa del presidente del Gobierno y codirectora del máster de la UCM).
- Próximo hito: Señalamiento del juicio oral, pendiente de fecha, y posible petición de nulidad de actuaciones por la defensa.
