La movilización vecinal logró este jueves que se aplazase hasta el próximo miércoles 15 de julio el desahucio de Marta, una refugiada ucraniana y sus cuatro hijos menores, en A Coruña. La presión de más de un centenar de personas, concentradas en la calle Vicente Aleixandre, forzó a la parte arrendadora a aceptar una suspensión voluntaria del lanzamiento, a la espera de una solución habitacional.
La presión ciudadana detiene momentáneamente la orden judicial
Más de un centenar de personas se sentaron ante el portal del edificio desde primera hora de la mañana, convocadas por la Plataforma polo Dereito á Vivenda y el Sindicato de Inquilinos de A Coruña. Con lemas como ‘alquiler social, derecho universal’ y una pancarta en la ventana que rezaba ‘12.000 euros para tutelar a cuatro menores, 0 euros para alternativa habitacional’, los manifestantes lograron que la comitiva judicial, acompañada de una decena de agentes de la Policía Nacional, se retirase al mediodía tras aceptar el aplazamiento.
El abogado de la afectada, Antonio Vázquez, explicó que la suspensión es “una solución provisional” y que ahora deben presentar en los Servicios Sociales municipales la solicitud para el sistema de emergencia habitacional. “La parte ejecutante accede a suspender este acto hasta el miércoles 15, a las 09.00. Tiene como último momento ese día y hora para la entrega de las llaves”, detalló, según recogieron varias agencias.
Una solución habitacional precaria y críticas cruzadas
La propuesta del Ayuntamiento de A Coruña consiste en un alternativa habitacional compartida durante seis meses, con el compromiso de buscar otra opción al finalizar el plazo. Sin embargo, ni la dirección exacta ni las características del inmueble fueron comunicadas hasta el momento del desahucio, lo que generó la desconfianza de la familia. “Hasta hace unos minutos se negaron reiteradamente a concretar la dirección exacta para que pudiésemos evaluar si tiene unos requisitos mínimos”, criticó el letrado.
La portavoz del grupo municipal del BNG y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, presente en la concentración, puso el foco en el parque público de vivienda. “Hay 40 viviendas municipales pendientes de reparación que, si estuvieran preparadas y el gobierno de Inés Rey estuviese comprometido con el derecho a la vivienda, Marta tendría un sitio donde ir”, afirmó. Veira también reprochó a la Xunta de Galicia —el gobierno autonómico gallego con competencias en vivienda— que “no está haciendo nada”.
Fuentes del gobierno autonómico consultadas por Europa Press negaron cualquier comunicación sobre la retirada de la custodia de los menores, algo que habían denunciado los colectivos. “No hay un expediente abierto en menores sobre este caso, porque en este momento los niños no están en situación de desprotección”, aseguraron. Además, recordaron que la mujer recibe la Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga), ha participado en programas de atención a desahucios y se le tramitó un bono de alquiler social.
La vivienda en Galicia no es solo un problema de precios; es la punta de un iceberg de desigualdad que golpea con especial dureza a los colectivos más frágiles, como las familias refugiadas.
La Plataforma polo Dereito á Vivenda denuncia un contexto de especulación inmobiliaria que imposibilita que una refugiada con cuatro hijos acceda a un alquiler en el mercado libre. “Nadie le alquila un piso a una refugiada de guerra con cuatro hijos”, subrayó Beatriz García, portavoz del colectivo. La versión municipal, recogida también por las agencias, insiste en que a la mujer se le han ofrecido “distintas ayudas sociales y alternativas de vivienda en diversas ocasiones”, añadiendo que la propuesta más reciente no fue aceptada.
El Laboratorio Gallego
El caso de Marta no es un hecho aislado. En los últimos años, las ciudades gallegas han visto dispararse los precios del alquiler, mientras el parque público de vivienda permanece prácticamente congelado. La Xunta, con las competencias transferidas, ha optado por un modelo basado en ayudas al pago —como el bono de alquiler social— en lugar de promover directamente un parque público asequible. El Ayuntamiento de A Coruña, gobernado por el PSdeG —la federación gallega del PSOE—, se enfrenta a la réplica de que son las arcas municipales las que deben reparar las viviendas vacías.
Este cruce de acusaciones entre partidos y administraciones es un patrón que se repite desde Ourense hasta Vigo, y que conecta directamente con el debate nacional sobre la ley de vivienda. Mientras el PP de Alberto Núñez Feijóo defiende desde Madrid que las comunidades autónomas tienen las herramientas, la realidad que muestran casos como este es que ni los servicios sociales locales ni los programas autonómicos logran garantizar una alternativa habitacional digna cuando la urgencia llama a la puerta.
La movilización ciudadana ha logrado al menos ganar unos días. Pero el reloj corre hasta el miércoles 15 de julio. Si no se encuentra una solución definitiva, la familia podría verse obligada a abandonar el piso sin un techo estable, y el debate político seguirá enrocado en el “y tú más” territorial.
Ficha del Caso
- El caso: Marta, refugiada ucraniana y sus cuatro hijos menores, se enfrentan a un desahucio en A Coruña que fue aplazado por la presión vecinal hasta el 15 de julio. La administración ofrece una vivienda compartida temporal, mientras la familia exige una alternativa digna.
- Datos importantes: La Xunta de Galicia ha concedido a la mujer la Risga y otras ayudas, pero el parque de vivienda municipal en A Coruña arrastra 40 inmuebles pendientes de rehabilitación. El mercado privado excluye a perfiles vulnerables y sin avales.
- Resumen: Más allá del desenlace individual, el caso expone la incapacidad de las políticas de vivienda —tanto locales como autonómicas— para responder a emergencias habitacionales, un problema que Galicia comparte con el resto de España y que escala en la agenda política nacional.
