El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitirá el próximo jueves, 16 de julio, su esperada resolución sobre la ley de amnistía. La Sala Grande, compuesta por 15 jueces, responderá a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El fallo llega en un escenario político catalán y español que poco tiene que ver con el de 2024, cuando la norma se aprobó en el Congreso entre protestas y recursos judiciales.
El origen de la consulta a Luxemburgo está en las causas abiertas por el procés. El Tribunal de Cuentas preguntó si la malversación de fondos públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 afectó a los intereses financieros de la UE, una de las excepciones que la ley contempla. La Audiencia Nacional, por su parte, trasladó dudas sobre si los delitos de terrorismo atribuidos a algunos CDR en la operación Judas quedaban cubiertos por la medida de gracia.
Las conclusiones del abogado general Dean Spielmann, emitidas en noviembre de 2025, ya anticiparon un criterio favorable a la constitucionalidad de la ley. Según Spielmann, la amnistía es competencia exclusiva de cada Estado miembro, respeta el derecho de la Unión y no ha perjudicado fondos europeos. Si el TJUE sigue esa línea —como suele hacer en el 80% de los casos—, los argumentos que el Tribunal Supremo esgrimió para negar la amnistía a los líderes del procés quedarían sin sustento jurídico comunitario.
Un Govern de la ‘normalidad’ y un PP que ya no quiere bronca
Cuando la ley de amnistía se fraguó como moneda de cambio para la investidura de Pedro Sánchez, ERC y Junts marcaban los tiempos en el Congreso y la calle hervía de manifestaciones. Hoy el presidente de la Generalitat es Salvador Illa, que ha hecho de la «normalidad» la bandera de un Govern que rehúye el ruido independentista. El PSC, sin mayoría absoluta, necesita mantener abiertos los puentes con ERC para aprobar los presupuestos, pero la agenda soberanista ha dejado de ser prioritaria en el Palau de la Generalitat.
En Madrid, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha rebajado el tono con el independentismo. Tras el fiasco electoral de 2023 y las recurrentes mayorías absolutas del bloque de investidura, la dirección popular evita cualquier gesto que pueda interpretarse como un portazo a Junts. Las menciones a la amnistía han desaparecido del discurso diario del líder popular, más centrado en explotar los casos de corrupción que cercan a Moncloa.
Eso sí: una sentencia favorable del TJUE pondría en un brete la estrategia de oposición que el PP desplegó en 2024 y 2025, cuando llegó a calificar la ley como «el mayor ataque al Estado de derecho».
La sentencia del TJUE no traerá a Puigdemont de vuelta por sí sola, pero reconfigurará el tablero en el que Illa intenta asentar la legislatura sin el ruido del procés.
Lo que está en juego: el retorno de Puigdemont y la legislatura de Sánchez
Carles Puigdemont recurrió ante el Tribunal Constitucional la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía. El alto tribunal español, que ya avaló la constitucionalidad de la ley, tiene previsto fallar sobre esos recursos en otoño, según fuentes jurídicas. Si el TJUE allana el camino y el Constitucional ordena la aplicación de la amnistía, el expresident podría regresar a Cataluña sin cuentas pendientes con la justicia, aunque los plazos siguen siendo inciertos.
Para Pedro Sánchez, el aval europeo supondría un respiro en un momento extremadamente delicado, con el foco judicial centrado en el caso Leire y la declaración de la directora general de la Guardia Civil ante el juez Pedraz el mismo 16 de julio. Una resolución positiva del TJUE podría servir para reconducir un diálogo con Junts que el partido de Puigdemont dio por roto en octubre de 2025, tras meses de incumplimientos del PSOE en materia de traspasos y financiación.
La lectura en Waterloo y en la sede de Junts es ambivalente. Por un lado, una sentencia europea que desautorice al Supremo reforzaría el relato de que el Estado español actuó con intencionalidad política. Por otro, el retorno definitivo de Puigdemont alteraría los equilibrios internos del independentismo y redefiniría su papel en un Parlament donde Illa marca la agenda.
El Govern de Illa observa con prudencia el desenlace. La «normalidad» que pregona necesita que el procés judicial quede definitivamente cerrado, pero también que el ruido del regreso de Puigdemont no descarrile el curso político de la legislatura. La sentencia del TJUE no será el punto final, pero sí la penúltima palabra de una historia que empezó con una ley de amnistía y podría acabar con un aterrizaje en El Prat.
