Carmen Viguer, de 97 años y con un grado de dependencia 3, está a un paso de perder la casa en la que ha vivido más de medio siglo. Un juzgado de l’Eliana le ha concedido un mes para entregar voluntariamente la vivienda, después de que la entidad semipública Afín SGR, participada por la Generalitat Valenciana, y una mercantil privada hayan reclamado la propiedad para saldar una deuda de hace veinte años.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Un juzgado ha dado un mes a Carmen Viguer, matriarca de 97 años y con dependencia de grado 3, para desalojar su casa en l’Eliana por una deuda de 280.000 euros con Afín SGR y una empresa privada.
- ¿Quién está detrás? La entidad semipública Afín SGR, participada por la Generalitat, y la mercantil Gesvenacem SL reclaman la vivienda tras adquirir la deuda y la mayor parte de la propiedad en subasta.
- ¿Qué impacto tiene? El desahucio afecta a una nonagenaria dependiente y a su hija y nieta; la Generalitat guarda silencio, mientras el caso cuestiona la protección social de las instituciones.
De La Maquinista Valenciana a la amenaza de desahucio
Los Climent son un apellido con eco en la historia industrial valenciana. Fundadores de La Maquinista Valenciana, un imperio de la fundición que forjó desde esculturas como la de Jaume I en la plaza Alfons el Magnànim hasta faros y puentes de hierro. La firma, nacida en los años ochenta del siglo XIX, fue vendida por la familia en 2007. Pero aquella venta dejó una hipoteca invisible.
Para obtener liquidez, la familia había suscrito un préstamo con una entidad bancaria, avalando con su propia vivienda. Los compradores de la empresa no pagaron la totalidad del crédito y los Climent, como avalistas, terminaron en un laberinto judicial. Dos décadas después, la deuda —280.000 euros más 64.000 en intereses— ha llevado a que Afín SGR, una Sociedad de Garantía Recíproca con participación pública de la Generalitat, y la mercantil Gesvenacem SL reclamen la casa familiar.
La vivienda, situada en l’Eliana y valorada en 260.000 euros en subasta, fue adquirida parcialmente en 2023 por la empresa Satisfacción Legal Útil, del mismo administrador que Gesvenacem. Con la mayoría de las cuotas de propiedad en manos privadas y la deuda acumulada, el cerco se estrechó sobre Carmen Viguer, su hija Carmen Climent (71 años) y su nieta Patricia.
El laberinto judicial: una deuda, varias empresas y un informe social decisivo
El desenlace parecía escrito. El pasado 7 de julio de 2026 estaba señalado el lanzamiento hipotecario. Pero un recurso de la familia logró aplazar el desahucio un mes. La clave fue un informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de l’Eliana que acreditó el tercer grado de dependencia de la matriarca y que la vivienda es el domicilio habitual de su hija y nieta.
El camino judicial ha sido tortuoso. En primera instancia, el juzgado denegó la entrega de la posesión a la empresa porque la vivienda, dividida en cuotas indivisas, no podía fraccionarse. Sin embargo, la Audiencia Provincial revocó esa decisión en junio de 2024, argumentando que la mercantil tenía la mayoría de las cuotas de propiedad, sin atender a la condición de primera residencia de una familia. El conflicto entre el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda quedó expuesto.
Ahora, con el aplazamiento, la familia respira apenas unas semanas. «Esa casa es su vida», insiste Carmen Climent, quien ya cree que sobre su familia pesa una maldición, tras el asesinato de su hermano Juan Ramón en 2021 en un caso de violencia vicaria. En un mes deberán abandonar la vivienda si no encuentran una alternativa.
La Generalitat Valenciana no ha respondido a las preguntas sobre este desahucio. El silencio institucional es, en sí mismo, una respuesta.
El Escenario Valenciano
El caso sacude las costuras institucionales de la Comunitat Valenciana. Afín SGR, una entidad semipública creada para facilitar el acceso al crédito de las pymes, está participada por la Generalitat Valenciana. Paradójicamente, una administración que despliega políticas de dependencia y servicios sociales se convierte, a través de su instrumental financiero, en parte demandante de un desahucio que afecta a una usuaria de esos mismos servicios.
La paradoja no es menor. Mientras los servicios sociales municipales intervinieron para documentar la extrema vulnerabilidad de Carmen Viguer y consiguieron un aplazamiento, el Consell, accionista último de Afín, mantiene un silencio absoluto. Ni la Conselleria de Hacienda ni la de Políticas Inclusivas han ofrecido explicaciones, según ha podido constatar la familia. La desconexión entre el brazo financiero y el brazo social de la Generalitat es evidente.
Este desahucio interpela también al conjunto del sistema de protección social español. La legislación hipotecaria y los mecanismos de segunda oportunidad han avanzado para deudores de buena fe, pero la figura del avalista que entrega su vivienda habitual sigue encontrando escasas salvaguardas. En plena crisis de acceso a la vivienda, con los precios disparados en la Comunitat Valenciana, el caso abre una pregunta incómoda: ¿puede una administración pública ser cómplice de dejar en la calle a una anciana dependiente por una deuda empresarial que arrastra desde hace veinte años? El reloj corre hacia principios de agosto, y la respuesta, por ahora, sigue sin llegar.
Ficha del Caso
- El caso: La matriarca de la saga Climent, fundadores de La Maquinista Valenciana, se enfrenta al desahucio por una deuda empresarial que les persigue desde 2006. La entidad semipública Afín SGR y una empresa privada exigen la vivienda.
- Datos importantes: Deuda reclamada: 280.000 € más 64.000 € de intereses. La propiedad fue adquirida en subasta en 2023. La Audiencia Provincial falló a favor del desalojo en 2024. El juzgado concedió un mes tras acreditar la dependencia de la anciana.
- Resumen: El caso muestra cómo los mecanismos de garantía financiera pueden chocar frontalmente con los derechos habitacionales de los más vulnerables, y deja en evidencia la falta de coordinación institucional en la Generalitat Valenciana.
