La Comisión Europea ha decidido corregir de raíz el mayor fallo de opacidad detectado en la gestión de los fondos europeos: de cara al próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, obligará a los Estados miembros a publicar la identidad de todos los perceptores de fondos, incluidos contratistas y subcontratistas.
Un agujero que el Tribunal de Cuentas ya había denunciado
El origen de este agujero se remonta al diseño del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el gran plan de inversiones pospandemia. El Reglamento del MRR solo exigía a los países publicar la relación de los cien mayores beneficiarios, sin fijar un modelo homogéneo de publicidad ni obligar a identificar al destinatario final de cada euro.
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea calificó de “insuficiente” la información disponible sobre los beneficiarios reales, los costes y los resultados. En su último informe, reprochó a España que publicase los importes “asignados” en lugar de las cantidades efectivamente “recibidas”, vulnerando la normativa comunitaria.
La consecuencia fue un mosaico de transparencia. Croacia, Portugal o Italia optaron voluntariamente por estándares más exigentes, pero la mayoría de países, incluido España, se limitaron a publicar los cien mayores beneficiarios, una lista donde asomaban ministerios, ayuntamientos y empresas públicas que actuaban como simples intermediarios. Esa falta de transparencia oscurecía quién era realmente el receptor final del dinero europeo.
Este diseño de mínimos es lo que Bruselas pretende liquidar en los próximos presupuestos, que ascenderán a más de dos billones de euros, 700.000 millones más que en el ciclo 2021-2027.
El nuevo MFP copiará la arquitectura del Next Generation: simplificará de 52 a 16 programas y gestionará los fondos mediante 865 planes nacionales y regionales. Los desembolsos dependerán del cumplimiento de hitos y objetivos, igual que ocurrió con el plan de recuperación.
El nuevo presupuesto europeo mantiene la lógica de los hitos, pero impone una exigencia de publicidad que no existía en el Next Generation.
La nueva arquitectura presupuestaria: ¿el fin de las políticas comunes?
Ese cambio de modelo despierta fuertes recelos en el Parlamento Europeo. La eurodiputada socialista Sandra Gómez, miembro de la comisión de Presupuestos, defendió que la UE “es un grupo de socios con intereses comunes” y criticó la sustitución de políticas compartidas por planes nacionales con una metáfora: “Es como si la abuela reparte sobres de dinero en Navidad a los nietos y cada nieto se lo gasta como quiera”.
En la misma línea, la eurodiputada popular Isabel Benjumea alertó de que el nuevo diseño “bajo la etiqueta de la simplificación y la flexibilidad” encubre un recorte de “políticas que son el ADN de la política europea, como la PAC, la cohesión, Erasmus o el Fondo Social”. A su juicio, el sistema trasladará la responsabilidad del recorte a los gobiernos nacionales: “serán ellos los que apliquen el recorte final a una política u otra”.
El Eje del Poder Europeo
La propuesta de la Comisión revela un pulso de fondo entre las instituciones comunitarias y los Estados miembros. Bruselas, con el respaldo de los organismos fiscalizadores, avanza hacia un control directo de la ejecución del gasto que reduce el margen de maniobra de las capitales. Sin embargo, al mantener el modelo de hitos nacionales —una cesión que gusta a gobiernos como el español— el Ejecutivo comunitario gana influencia pero cede terreno al Parlamento, que ve cómo sus competencias presupuestarias se diluyen.
Para España, el giro tiene una doble lectura. La obligación de publicar a todos los perceptores y subcontratistas cerrará el agujero que permitió incluir a administraciones como meros canalizadores de fondos, una práctica cuestionada por el Tribunal de Cuentas y que lastró la credibilidad del plan de recuperación. Pero, al mismo tiempo, el nuevo MFP forzará a Moncloa a someterse a un escrutinio de gasto que sus socios de investidura y la oposición explotarán políticamente. La experiencia del Next Generation deja claro que la transparencia en la ejecución de los fondos europeos es una de las líneas rojas que Bruselas ya no está dispuesta a negociar.
Los próximos meses, en los que se negociará el reglamento financiero que dará forma al MFP 2028-2034, medirán hasta dónde está dispuesto a llegar el eje hispano-italiano, tradicionalmente partidario de una gestión nacional de los fondos cohesionados, cuando se enfrente a la exigencia de una transparencia plena y sin intermediarios. La historia reciente —desde el rescate financiero de 2012 hasta el condicionamiento del desembolso de los Next Generation— demuestra que en Bruselas la confianza se tasa en datos y que la opacidad se paga con recortes futuros.
