El 81,4% del gas natural licuado (GNL) descargado en la regasificadora de El Musel desde su puesta en marcha en julio de 2023 fue inyectado directamente en la red gasista española, mientras que apenas una carga completa abandonó la península con destino a otro país de la Unión Europea. Así lo revelan los datos acumulados de explotación de los tres primeros años de funcionamiento, difundidos por Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, que desmontan la justificación de “solidaridad energética europea” con la que el Gobierno autorizó la excepcional reactivación de esta infraestructura tras la invasión rusa de Ucrania.
La puesta en servicio de la planta de El Musel —una instalación que había permanecido inactiva desde su construcción— se presentó como una medida estratégica para reforzar la seguridad energética de Europa y facilitar el suministro de gas a los Estados miembros. Para ello se le reconoció un régimen económico singular cuyos costes, subraya el colectivo ecologista, continúan siendo soportados por el conjunto del sistema gasista y, en última instancia, por todos los los consumidores.
El balance de tres años: 39 metaneros y un destino claro
Entre julio de 2023 y julio de 2026 atracaron en El Musel 39 buques metaneros que descargaron un volumen total de 6.110.815 m³ de GNL. De ese montante, 4.974.106 m³ (el 81,4 %) fueron regasificados e inyectados directamente en la red española. Únicamente 451.231 m³ (el 7,4 %) se cargaron de nuevo en buques, y el 6 % restante permanece almacenado tras la última descarga, manteniendo la instalación próxima a su capacidad máxima de operación.
El dato habla por sí solo: más de cuatro quintas partes del gas descargado terminaron abasteciendo el mercado español, mientras que la actividad de recarga —la que debía materializar la ayuda a otros países europeos— fue meramente testimonial.
📊 El balance de explotación en tres cifras
- Volumen total descargado: 6,1 millones de metros cúbicos de GNL en tres años.
- Destino del gas regasificado: El 81,4 % se inyectó en la red española; solo un 4,8 % se distribuyó mediante cisternas.
- Cargas hacia la UE: Una única operación con destino a Croacia. El resto fueron maniobras técnicas o cargas parciales que acabaron en países extracomunitarios o en otras terminales españolas.
La letra pequeña de las operaciones de carga: tres cargamentos en tres años
Las cifras de carga de buques son aún más reveladoras. En tres años solo se realizaron siete operaciones de carga, pero dos de ellas no fueron comerciales: consistieron en pequeñas cantidades de GNL destinadas exclusivamente a la puesta en frío de los metaneros, una maniobra técnica necesaria para acondicionar los tanques antes de recibir el cargamento. Descontadas esas operaciones, el volumen realmente cargado no supera los tres metaneros completos.
Además, solo un cargamento tuvo como destino otro Estado miembro de la Unión Europea: Croacia. El resto fueron cargas parciales con destino a Argentina y Egipto, o bien se completaron en la República del Congo y terminaron descargándose en las terminales españolas de Huelva y Cartagena. En consecuencia, tampoco pueden considerarse operaciones destinadas a reforzar el suministro energético del resto de Europa.
La instalación, de hecho, ha utilizado como argumento recurrente la necesidad de gestionar el denominado boil-off gas —el gas que se evapora de forma natural durante el almacenamiento del GNL— para justificar la regasificación constante del producto y su vertido a la red nacional. Ecoloxistes n’Aición recuerda que esa práctica estaba condicionada a que la planta ejecutase inversiones para reducir precisamente ese fenómeno, y exige saber si esas inversiones se realizaron, cuándo entraron en funcionamiento y qué comprobaciones han hecho tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La ‘solidaridad’ europea apenas se tradujo en una carga completa. El resto del gas se quedó en casa.
Un régimen económico excepcional que los consumidores siguen pagando
La autorización de la planta y el reconocimiento de un régimen económico singular —activado por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania— tuvo como contrapartida que los costes se imputaran al sistema gasista. Tres años después, los datos demuestran que la finalidad para la que se concibió ese trato especial no se ha cumplido, mientras la instalación continúa operando y facturando esos costes al conjunto de los consumidores.
La organización ecologista considera imprescindible que se haga público el balance económico completo de estos tres años: el importe total de los costes regulados reconocidos a la planta, los servicios efectivamente prestados al sistema gasista, el grado de cumplimiento de las condiciones técnicas —en especial las relativas a la reducción del boil-off gas— y, sobre todo, una evaluación de si siguen concurriendo las circunstancias excepcionales que justificaron el régimen singular.
Más allá del Musel: el riesgo de las infraestructuras fósiles sin control
El caso de El Musel trasciende el ámbito local y conecta con un debate energético más amplio. La invasión de Ucrania provocó una oleada de inversiones en nuevas terminales de GNL por toda Europa, muchas de ellas amparadas en la misma retórica de la solidaridad y la seguridad de suministro. Sin embargo, el riesgo de sobredimensionar la capacidad de importación de gas es real: cada metro cúbico adicional de infraestructura fósil que se construye hoy supone un activo que necesitará amortizarse durante décadas, lo que puede alargar la dependencia del gas más allá de los plazos que marca la transición energética.
Los datos de El Musel sugieren que, en este caso, la planta apenas está sirviendo para abastecer al mercado doméstico. Si eso ocurre en otras terminales europeas, estaremos ante un bloqueo estructural de capacidad fósil que lastrará los objetivos de descarbonización y trasladará la factura a los consumidores. La transparencia y la revisión periódica de estos regímenes excepcionales no son un lujo: son la única herramienta para evitar que los contribuyentes paguen infraestructuras que nunca debieron construirse o que hoy carecen de utilidad pública.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: La publicación de estos datos evidencia que la infraestructura no ha cumplido el objetivo declarado, sentando un precedente de control sobre proyectos energéticos que reclaman un interés público que no se verifica.
- Modelo que cambia: El caso de El Musel obliga a replantear la autorización de regasificadoras y otras infraestructuras fósiles bajo el paraguas de la ‘solidaridad europea’, exigiendo métricas de cumplimiento verificables.
- Para las próximas generaciones: Limitar el crecimiento de la capacidad de gas en España es clave para no hipotecar la transición hacia las renovables, evitando que los consumidores paguen por infraestructuras que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.
