EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Instituto de Estudios Económicos de Alicante (INECA) ha denunciado que la provincia ha acumulado un déficit de inversión autonómica de casi 500 millones de euros desde 2011.
- ¿Quién está detrás? El estudio del INECA, una institución de referencia para la Generalitat Valenciana, que colabora en la comisión de seguimiento presupuestario del Consell.
- ¿Qué impacto tiene? La discriminación se agravó en 2024 y 2025, los dos peores ejercicios, lo que presiona al actual Consell de Pérez Llorca para corregir la brecha.
Alicante ha recibido un 22% menos de inversión autonómica de la que le correspondería por población desde 2011. El dato, revelado este 13 de julio por el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (INECA), pone cifras a una discriminación que los alicantinos sufren desde hace tres lustros: un déficit acumulado que roza los 500 millones de euros.
Según el informe sobre el borrador de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, la provincia solo ha captado el 28,9% del gasto territorializado por el gobierno autonómico, pese a concentrar el 37,2% de la población. En otras palabras, Alicante recibe apenas 78 céntimos por cada euro que debiera ingresar si el reparto fuera proporcional. La brecha es sistémica y se ha cronificado bajo gobiernos de distinto signo, pero el INECA subraya que los dos últimos ejercicios cerrados —2024 y 2025— fueron los peores de la serie.
La brecha inversora que el INECA ha puesto en cifras
Durante la presentación del estudio, el director general de Estudios del INECA, Santiago Carbó, fue rotundo: “Alicante ha sido sistemáticamente infrafinanciada” en el periodo 2011-2025, y lo ha sido “por gobiernos de distinto signo”. De hecho, los años más duros coinciden con la etapa del anterior Consell de Carlos Mazón, cuando la provincia recibió aún menos recursos que en ejercicios previos. Carbó admitió que el dato de 2025 se explica en parte por el impacto de la DANA, “pero eso no justifica el dato de 2024, porque cuando ocurrió ya estaban todas las inversiones comprometidas”.
El director de Estudios, Francisco Llopis, añadió un matiz relevante: el proyecto de 2026 “presenta cifras más favorables sobre el papel”, aunque con una salvedad importante. Al estar el presupuesto aún en tramitación, este año se dispondrá de siete meses menos para ejecutar las inversiones. Uno de cada cinco euros presupuestados se queda sin ejecutar, un lastre que se agrava en las partidas de Servicios Sociales y Vivienda, donde en el último ejercicio un tercio de los fondos aprobados jamás llegó a su destino.
Los dos peores años para la inversión en Alicante fueron 2024 y 2025, justo bajo el anterior gobierno del PP que prometió corregir la discriminación.
Un déficit que se hereda y se agrava
El informe del INECA no solo mide el dinero que falta: pone el foco en la inercia administrativa que perpetúa la desigualdad. Cada año, la Generalitat Valenciana destina a la provincia menos de lo prometido y, además, ejecuta peor lo presupuestado. En Vivienda, la tasa de no ejecución alcanzó el 33%, una cifra que contrasta con las listas de espera de miles de alicantinos para acceder a una vivienda social o a una ayuda al alquiler. “El déficit acumulado ya está cerca de los 500 millones”, recordó Llopis, y la inercia presupuestaria amenaza con ensancharlo.
La paradoja es que el anterior Consell, presidido entonces por Carlos Mazón, había convertido la corrección de los desequilibrios territoriales en una de sus banderas. Sin embargo, los números del INECA demuestran que durante su mandato la discriminación no solo no se redujo, sino que se intensificó. El actual gobierno de Juanfran Pérez Llorca hereda un problema enquistado y un borrador de cuentas para 2026 que, aunque mejora ligeramente la partida destinada a Alicante, sigue lejos de compensar quince años de infrafinanciación.
El Escenario Valenciano
El informe del INECA coloca al Consell de Pérez Llorca ante una doble presión: corregir un agravio territorial que ya dura tres legislaturas y, al mismo tiempo, no alimentar las tensiones con Vox, socio de gobierno que tiene en la provincia de Alicante uno de sus principales caladeros de voto. La oposición —PSPV y Compromís— ha encontrado en este estudio un argumento para reforzar su discurso sobre la falta de equidad en las cuentas autonómicas. A nivel nacional, la infrafinanciación de las provincias periféricas no es exclusiva de la Comunitat Valenciana: Castellón o las zonas despobladas del interior comparten un patrón similar, lo que alimenta el debate sobre la necesidad de una reforma del sistema de financiación que garantice una distribución más justa de la inversión territorial. De momento, el primer test para el ejecutivo autonómico llegará cuando las Corts Valencianes debatan el presupuesto de 2026. Alicante, con casi dos millones de habitantes, espera que esta vez las promesas se traduzcan en euros.
Ficha del Caso
- El caso: Desde 2011, Alicante recibe sistemáticamente menos inversión autonómica de la que le correspondería por población. El INECA ha cuantificado ese déficit acumulado en cerca de 500 millones de euros.
- Datos importantes: La provincia solo capta el 28,9% del gasto territorializado cuando reúne al 37,2% de los valencianos. Los ejercicios 2024 y 2025 fueron los peores, con una tasa de ejecución presupuestaria que empeora en Vivienda (33% de fondos no ejecutados).
- Resumen: El actual Consell de Juanfran Pérez Llorca hereda una brecha estructural que se agravó bajo el anterior mandato del PP. La presión para que los presupuestos de 2026 reviertan esta tendencia es máxima.
