La Comisión Europea ha propuesto este lunes prohibir el acceso de los menores de 13 años a las redes sociales e implantar un sistema de acceso gradual supervisado para los adolescentes, una medida que amenaza con reconfigurar el modelo publicitario de plataformas como TikTok, Instagram o Snapchat. Según el estudio los niños europeos pasan entre cuatro y seis horas al día en estas plataformas, y casi el 60% presenta problemas de desarrollo socioemocional y salud mental.
Claves de la operación
- La prohibición a menores de 13 años golpea de lleno la base de usuarios de las redes sociales. Los niños dedican una media de entre cuatro y seis horas diarias a estas plataformas, lo que supone una fuente crucial de engagement y datos para la publicidad segmentada.
- El acceso escalonado para adolescentes busca un equilibrio entre protección y libertad. La propuesta europea no plantea un cierre total para los mayores de 13 años, sino un acceso supervisado y con herramientas de control parental, siguiendo el modelo que ya exploran países como Francia y Alemania.
- España se prepara para su propia legislación y la AEPD ya impone sanciones. El Ministerio para la Transformación Digital trabaja en una ley nacional de protección digital de menores, mientras la agencia ha multado a plataformas por no verificar la edad de los usuarios.
El negocio publicitario bajo la lupa: ¿puede sobrevivir sin los adolescentes?
La industria publicitaria digital, que mueve más de 500.000 millones de euros al año a nivel global, se enfrenta a un terremoto si la UE obliga a las redes a expulsar a los menores de 13 años. El segmento juvenil es el más activo en las plataformas y el más rentable para los anunciantes de moda, videojuegos o entretenimiento. Un estudio de la consultora Gartner estima que solo en Europa, los ingresos generados por usuarios de entre 10 y 16 años superan los 4.200 millones de euros anuales.
Para gigantes como Meta o ByteDance, la pérdida de estos usuarios no solo afectaría a sus cifras de engagement, sino que también reduciría el atractivo de sus algoritmos de recomendación. La recopilación de datos de navegación en menores alimenta los modelos de inteligencia artificial que personalizan los feeds y los anuncios, una práctica que Bruselas quiere cortar de raíz. La directiva sobre servicios digitales (DSA) ya impone limitaciones a la publicidad dirigida a menores, pero la nueva propuesta va un paso más allá al bloquear directamente el acceso.
El espejo de Australia: multas millonarias pero dudas sobre la eficacia
Australia se convirtió en pionera al prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, y las compañías que incumplan se enfrentan ahora a sanciones de hasta 99 millones de dólares australianos (unos 62 millones de euros). Sin embargo, los críticos advierten de que los jóvenes pueden sortear la medida mintiendo sobre su edad o creando cuentas falsas. El desafío técnico de verificar la edad sin centralizar datos biométricos es uno de los puntos más espinosos de cualquier regulación de este tipo.
Prohibir el acceso es solo el primer paso; el verdadero reto está en construir sistemas de verificación que no se conviertan en un foco de vigilancia masiva.
Aunque Australia ha reforzado su legislación doblando las multas, los expertos en seguridad digital señalan que una prohibición total sin control parental efectivo puede generar un mercado negro de aplicaciones y redes sociales alternativas aún más opaco. La UE es consciente de este riesgo y por eso apuesta por un modelo escalonado con supervisión adulta, en lugar de un bloqueo absoluto.
La lectura de Merca2: España, en la antesala de una regulación propia
En Merca2 hemos seguido de cerca los movimientos del Gobierno español, que ya en 2025 anunció su intención de aprobar una ley de protección digital del menor. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sido especialmente activa, imponiendo multas a plataformas como TikTok por no implementar mecanismos eficaces para verificar la edad de los usuarios registrados en España. La nueva normativa comunitaria podría acelerar el proceso legislativo en nuestro país y dar cobertura jurídica a las medidas que el Ejecutivo lleva meses preparando.
El impacto para las empresas españolas es aún limitado, pero esta regulación podría afectar indirectamente a operadoras como Telefónica, que colaboran con gigantes digitales en la distribución de contenidos y servicios. La clave estará en cómo se definan las obligaciones de los intermediarios tecnológicos, un aspecto que Bruselas aún no ha detallado. El debate sobre la responsabilidad de las plataformas frente a los menores no ha hecho más que empezar, y en Merca2 estaremos atentos a los próximos pasos de la Comisión.
