EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PSPV ha registrado en las Corts Valencianes una proposición de ley para reformar la Ley de Protección Civil y crear un Fondo Valenciano de Resiliencia dotado con 4,6 millones de euros en 2026.
- ¿Quién está detrás? La portavoz de Emergencias del PSPV, Alicia Andújar, impulsa la iniciativa legislativa.
- ¿Qué impacto tiene? Obliga a la Generalitat a ofrecer formación permanente en autoprotección, especialmente a escolares y colectivos vulnerables, y financia una reconstrucción más segura tras futuras catástrofes.
El PSPV ha registrado en las Corts Valencianes —el parlamento autonómico— una proposición de ley para reformar la Ley 13/2010 de Protección Civil y crear un Fondo Valenciano de Resiliencia. Dotado con el 2% del presupuesto de la conselleria de Emergencias, en 2026 supondrá 4,6 millones de euros que se destinarán a programas de autoprotección ciudadana y a una recuperación que no solo reponga lo perdido, sino que reduzca la vulnerabilidad del territorio.
La iniciativa, presentada por la portavoz socialista de Emergencias Alicia Andújar, llega cuando se acerca el segundo aniversario de la DANA —la Depresión Aislada en Niveles Altos— que el 29 de octubre de 2024 causó 229 víctimas mortales y arrasó buena parte de la Comunitat Valenciana. “Reconoce por primera vez el derecho de los valencianos a formarse en autoprotección”, afirma Andújar, “pero los derechos solo son reales cuando generan obligaciones para los poderes públicos”.
Del desastre a la prevención: una ley para que no vuelva a suceder
El texto modifica la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias para que la Generalitat —el gobierno autonómico valenciano— quede obligada a mantener programas permanentes de formación frente a crisis climáticas. Las enseñanzas se adaptarán a los riesgos propios de la región y se dirigirán especialmente a la población escolar, las personas mayores, y las personas con discapacidad, colectivos que la DANA mostró como especialmente vulnerables.
La reforma impulsa además una Estrategia Valenciana de Cultura Preventiva y Resiliencia, que coordinará a entidades locales, universidades, voluntariado de protección civil y agentes sociales. Todo ello se alinea con el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres y con la Directiva Europea 2022/2557 sobre resiliencia de entidades críticas, marcos que a escala nacional recoge la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.
“La mejor emergencia es la que se previene; y la mejor sociedad es la que está preparada para afrontarla”, resumió Andújar durante el registro de la proposición. A su juicio, la iniciativa coloca a la Comunitat Valenciana en la vanguardia de las políticas de protección civil, al convertir la cultura preventiva en un derecho exigible y no en una recomendación.
La DANA dejó claro que sin formación previa, la mejor tecnología de alerta resulta insuficiente.
El nuevo Fondo de Resiliencia y los programas permanentes
El Fondo Valenciano de Resiliencia se financiará con un suelo anual equivalente al 2% del presupuesto de la conselleria competente en emergencias. Con las cuentas que el Consell —el ejecutivo autonómico— tramita para 2026, esa cifra asciende a 4,6 millones de euros, aunque podrá recibir aportaciones adicionales del Estado, de fondos europeos o de entidades privadas.
Su finalidad no es simplemente reconstruir infraestructuras tras una catástrofe. La ley obliga a que las actuaciones financiadas con el fondo contribuyan a “reducir la vulnerabilidad del territorio y a reforzar su capacidad de respuesta frente a futuros riesgos”. En otras palabras, cada euro gastado tendrá que dejar al municipio más preparado de lo que estaba antes del desastre.
Los programas de formación abarcarán desde simulacros en colegios hasta talleres para asociaciones vecinales, y se diseñarán en colaboración con el sistema educativo, las universidades y las organizaciones de voluntariado de protección civil. La meta es que ningún valenciano afronte una emergencia sin saber, al menos, cómo reaccionar.
El Escenario Valenciano
La proposición del PSPV pone a prueba al Consell que preside Juanfran Pérez Llorca (PP), apoyado por Vox. El gobierno autonómico aún gestiona la reconstrucción tras la DANA de 2024, cuyo balance de ejecución —apenas el 18% de los fondos del Plan RERD, según los últimos datos oficiales a abril de 2026— ha sido criticado por asociaciones de afectados. Una ley que obliga a formar ciudadanos y a destinar dinero fijo a resiliencia puede retratar a un Ejecutivo que ha sido lento en la respuesta, aunque también podría ser asumida para mostrar un giro preventivo.
A nivel nacional, la iniciativa conecta con el debate abierto en el Congreso de los Diputados sobre la modernización del Sistema Nacional de Protección Civil. El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha condicionado parte de las transferencias de fondos DANA a que las comunidades revisen sus planes de emergencia, y la ley valenciana, si prospera, se convertiría en el primer desarrollo autonómico de ese principio. Para el PP, sin embargo, apoyar un texto que reconoce implícitamente las carencias de la etapa de Carlos Mazón —expresident de la Generalitat y diputado en las Corts— implica un coste político interno, sobre todo cuando Vox podría rechazar cualquier ampliación del gasto público que no vaya acompañada de recortes en otras áreas.
La tramitación parlamentaria comenzará en las próximas semanas y necesitará los votos de PP y Vox para salir adelante, salvo que el PSPV logre sumar a Compromís y a otros grupos. El proceso será un termómetro del verdadero alcance de las lecciones aprendidas tras la DANA. Las Corts Valencianes tienen ahora la palabra.
Ficha del Caso
- El caso: A casi dos años de la DANA del 29 de octubre de 2024, el PSPV propone una reforma legal para garantizar formación ciudadana y crear un fondo de resiliencia dotado con 4,6 millones de euros en 2026.
- Datos importantes: La iniciativa modifica la Ley 13/2010 de Protección Civil, obliga a programas permanentes de autoprotección y destina el 2% del presupuesto de Emergencias al nuevo fondo.
- Resumen: La propuesta busca que la Generalitat asuma la formación preventiva como obligación, con especial atención a escolares, mayores y personas vulnerables, elevando los estándares autonómicos a los marcos europeos.
