Israel no ha presentado cargos contra ningún militar ni responsable en ninguna de las 57 investigaciones penales abiertas por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) por la muerte de decenas de detenidos palestinos y libaneses bajo custodia militar, según revela una investigación del diario Haaretz basada en datos obtenidos por el grupo de derechos humanos Hatzlacha mediante solicitudes de acceso a la información. La mayoría de los fallecimientos se registraron en centros de detención gestionados por las propias IDF y dotados de cámaras de vigilancia, pero ello no ha conducido a acusaciones formales.
El alcance de las pesquisas: 57 muertes, cero cargos
De acuerdo con el expediente judicial revelado por Haaretz, el ejército israelí abrió 57 investigaciones criminales por la muerte de palestinos y libaneses detenidos en instalaciones militares. Siete de esos casos corresponden a detenidos que presentaban heridas por arma de fuego. La investigación periodística subraya que, a pesar de que la mayoría de los centros cuentan con circuito cerrado de televisión, las IDF no lograron identificar a los presuntos responsables en casi la totalidad de los expedientes.
Paralelamente, se iniciaron otras 19 pesquisas por presuntas palizas, actos de violencia y “uso ilícito de la fuerza” contra reclusos. De ese bloque, solo dos se saldaron con alguna imputación, y una de ellas fue retirada después de que la supuesta víctima fuera devuelta a Gaza sin haber podido testificar ante el tribunal, según detalla Haaretz. La práctica totalidad de las investigaciones por saqueos cometidos por soldados israelíes en Gaza y el sur del Líbano tampoco han derivado en procesamientos.
El patrón se repite también en el caso del centro de detención de Sde Teiman, donde en marzo de 2026 la fiscalía militar archivó los cargos contra varios soldados acusados de abusar sexualmente de un prisionero palestino en julio de 2024. La decisión se amparó en la insuficiencia de pruebas y en supuestos vicios procesales, a raíz de la filtración de imágenes del incidente.
El primer ministro Benjamín Netanyahu celebró entonces el sobreseimiento señalando que “Israel debe perseguir a sus enemigos, no a sus heroicos combatientes”. Esta declaración, lejos de ser anecdótica, refleja la cobertura política que disfrutan las tropas ante cualquier sospecha de violación de derechos humanos.
Ni las cámaras de seguridad, ni las lesiones por arma de fuego documentadas en las autopsias han servido para que la justicia militar israelí procese a un solo responsable por estas muertes.
La coartada oficial y el escudo político de Netanyahu
La respuesta oficial de las IDF se limita a confirmar la apertura de investigaciones y a insistir en que las tropas operan de conformidad con el derecho internacional, una afirmación que choca frontalmente con los datos recopilados por Hatzlacha y con el testimonio de organizaciones como Physicians for Human Rights Israel, que ha calificado los centros de detención israelíes de “campos de tortura”.
En el plano internacional, las condenas han sido mayoritariamente retóricas. Mientras Francia e Italia han abierto investigaciones sobre el presunto maltrato a activistas de la flotilla de ayuda humanitaria detenidos en mayo, la Unión Europea no ha aprobado sanciones y el silencio de Washington es total. La administración Trump ha vetado cualquier iniciativa en el Consejo de Seguridad que pudiera incomodar a Israel y ha presionado al Tribunal Penal Internacional para que archive los casos abiertos.
Equilibrio de Poder
Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la sintonía con el gobierno israelí ha sido absoluta. Washington ha bloqueado cualquier resolución crítica en Naciones Unidas y ha dejado claro que la defensa de Israel prevalece sobre cualquier consideración humanitaria. Esta postura ha vaciado de consecuencias prácticas las investigaciones de la ONU y ha blindado a las IDF frente a cualquier mecanismo de rendición de cuentas.
En el seno de la Unión Europea, el divorcio es evidente. España, que desde finales de 2023 mantiene suspendidas las licencias de exportación de material de defensa a Israel, lidera el grupo de países que exige el cumplimiento escrupuloso del derecho internacional humanitario. Sin embargo, Estados como Alemania, Austria o la República Checa se resisten a adoptar un embargo de armas comunitario, lo que impide que Bruselas hable con una sola voz. La Comisión Europea emite declaraciones de “preocupación”, pero la división interna paraliza cualquier medida concreta.
Para España, la persistencia de esta impunidad tiene implicaciones que trascienden el conflicto palestino. Nuestra posición en el Magreb y el Sahel, regiones donde la percepción de un doble rasero occidental en derechos humanos alimenta el discurso de actores no alineados, se ve erosionada. El Gobierno de Pedro Sánchez, que ha hecho de la coherencia entre valores y acción exterior una bandera, afronta el riesgo de quedar atrapado entre las exigencias de su electorado progresista y la impotencia de un bloque europeo que no logra convertir la retórica en sanciones.
A medio plazo, la consolidación de una cultura de impunidad en las IDF envía un mensaje preocupante al resto de actores armados de la región: las reglas de la guerra pueden ignorarse sin consecuencias si se cuenta con el respaldo de una gran potencia. Cada investigación archivada sin cargos erosiona la credibilidad de los mecanismos de justicia internacional y sitúa a las democracias liberales ante un espejo incómodo. La prueba de fuego para la UE llegará cuando deba decidir si renueva el Acuerdo de Asociación con Israel en 2027 o lo condiciona a avances verificables en materia de derechos humanos.
Mientras tanto, el informe de Haaretz y la sucesión de causas sobreseídas en los tribunales militares israelíes —desde Sde Teiman hasta los saqueos— obligan a preguntarse si el sistema de investigación de las IDF no es más que un simulacro de rendición de cuentas. España, con la vista puesta en las elecciones generales de 2027, podría aprovechar la publicación de estos datos para promover un debate parlamentario sobre el control de las exportaciones de defensa y sobre la necesidad de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos extienda su amparo a la supervisión de conflictos externos.
