La expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar en su primera comparecencia como investigada ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, en el marco del denominado caso Koldo. La citación, que también afectaba a Joseba García —hermano del exasesor ministerial Koldo García— y a Ignacio Zaldívar, exdirector de Gestión Administrativa de Adif, responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción basada en la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Ábalos a 24 años de prisión.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, se ha acogido al silencio ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional en su primera declaración como investigada en el ‘caso Koldo’.
- ¿Dónde y cuándo? Audiencia Nacional, este lunes 20 de julio de 2026.
- ¿Por qué se le investiga? La Fiscalía Anticorrupción le atribuye presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias por las contrataciones en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, supuestamente irregulares, recogidas en la sentencia que condenó a Ábalos.
La resolución del Tribunal Supremo, que consideró aquellas contrataciones como «enchufismo», detalla que Rodríguez percibió 43.950 euros sin acudir a su puesto de trabajo. Según la Fiscalía Anticorrupción, la expareja del exministro fue la «principal beneficiada por el ilícito proceder en su contratación» en Ineco y Tragsatec, dos empresas públicas vinculadas al grupo Adif.
El Ministerio Público sostiene que «Rodríguez no sólo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir un salario mensual». La imputación se sustenta en los hechos declarados probados por el alto tribunal, que atribuyó a Ábalos gestiones para «activar» la contratación y facilitar una «interesada cobertura» que eludiera los controles laborales.
Durante el juicio del caso mascarillas, la propia Jéssica Rodríguez reconoció como testigo que nunca llegó a desempeñar funciones en Ineco y que su entonces pareja conocía esa situación. «Yo solamente tenía que hacer lo que Joseba y Koldo me pidieran. Yo cobraba y estaba a la espera de lo que me dijeran que tenía que hacer», declaró entonces. La Fiscalía incorpora ahora ese testimonio a la investigación abierta en la Audiencia Nacional.
El silencio de la investigada contrasta con la contundencia de la sentencia del Supremo, que ya ha llevado a la Fiscalía a imputar a otras dos personas por presunta malversación en las mismas contrataciones.
En relación con la contratación en Tragsatec, la Fiscalía señala que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera —también investigada en la causa— encargó a Ignacio Zaldívar que facilitara la incorporación de Rodríguez sin entrevista previa. El escrito de Anticorrupción recoge que Zaldívar trasladó a los responsables de la empresa que la candidata mantenía «algún tipo de vínculo con el ministro Ábalos».
El relato de Ignacio Zaldívar
En su declaración como testigo durante el juicio del caso mascarillas, Ignacio Zaldívar explicó que Isabel Pardo de Vera le comunicó que el entonces ministro le había llamado porque, según le indicó, en Ineco «estaban molestando a Jéssica». El exdirector de Gestión Administrativa de Adif se definió como una mera «correa transmisora» entre la empresa y la presidencia, y negó haber conocido irregularidad alguna relacionada con las ausencias laborales de Rodríguez.
«No, no, hubiese sido una anomalía inadmisible», afirmó al ser preguntado sobre si supo que la contratada no fichaba. Además, recordó un episodio de «altivez» y «soberbia» por parte de Rodríguez durante la resolución de una incidencia con cheques de comida, aunque restó importancia al incidente.
El contexto institucional
La comparecencia de este lunes se produce después de que el Tribunal Supremo dictara una de las sentencias condenatorias más severas en casos de corrupción relacionados con la administración pública, lo que ha reforzado la capacidad de la Fiscalía Anticorrupción para desplegar nuevas líneas de investigación sobre los mismos hechos. La imputación de Jéssica Rodríguez y los otros dos investigados supone un paso más en la depuración de responsabilidades que el Ministerio Público está impulsando a partir de los hechos ya acreditados por el alto tribunal.
La negativa a declarar de la expareja del exministro no detiene el procedimiento, que se encuentra en fase de instrucción. Anticorrupción dispone ya de un relato sólido respaldado por la sentencia del Supremo, lo que anticipa que las diligencias seguirán avanzando en los próximos meses. La investigación mantiene bajo lupa administrativa un esquema de contrataciones que, según los jueces, respondió a prácticas de favor y desviación de fondos públicos.
El caso Koldo, que en su origen investigó la concesión irregular de contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, ha derivado en una red de ramificaciones judiciales que afectan a altos cargos y empresas públicas. El precedente de la condena a José Luis Ábalos deja pocas dudas sobre la solidez del material probatorio que ahora se utiliza contra los nuevos imputados.
