Vox ha denunciado este lunes el colapso de la Justicia en Canarias, donde los juzgados contencioso-administrativos operan al 395% de su capacidad por la presión migratoria.
La formación de Santiago Abascal ha reaccionado a la publicación de la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con una contundente denuncia sobre el efecto de la inmigración ilegal en la administración judicial. En un comunicado, Vox ha exigido al Gobierno que tome medidas inmediatas para frenar el atasco y ha calificado de ‘insostenible’ la situación.
La denuncia de Vox y los datos del TSJC
Para Vox, estos datos no son una sorpresa. Según ha podido saber Merca2.es de fuentes del partido, la dirección nacional interpreta el sobrecargo de los juzgados tinerfeños como la consecuencia directa de una política de fronteras inexistente y de la permisividad del Gobierno con las organizaciones que recurren de manera masiva las órdenes de devolución. La formación recuerda que ya ha registrado en el Congreso una proposición de ley para modificar la normativa de extranjería con el fin de agilizar las devoluciones y limitar la capacidad de las ONG para dilatar los procesos.
Los números que recoge la memoria son, en efecto, alarmantes. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC pasó de 1.714 asuntos en 2023 a 6.259 en 2024, un incremento del 265%. Los cuatro juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife elevaron sus recursos de 3.552 a 9.877, un 178% más, y el impacto global en la provincia occidental alcanzó el 206%.
Un atasco de casi nueve años y el papel de las ONG
El 97% de los recursos de apelación en materia de extranjería corresponden a impugnaciones de órdenes de devolución. Es decir, las ONG están recurriendo sistemáticamente cada expulsión, lo que ha generado un tapón judicial que el TSJC califica expresamente de «sin parangón en el conjunto del Estado».
La memoria del TSJC revelo que la Sala alcanzó el 346% de su módulo de entrada y los juzgados llegaron al 395%. A 16 de julio de 2025, la Sección Primera acumulaba 10.187 apelaciones de este tipo pendientes. Al ritmo máximo de resolución —unas 1.200 sentencias anuales—, harían falta algo menos de nueve años para liquidar el atasco, sin contar los nuevos recursos que continúan entrando. El TSJC llega a afirmar que esta situación carece de precedentes en el país, lo que a juicio de Vox demuestra que las políticas del Gobierno están llevando al límite a las instituciones.
Un atasco de casi nueve años que Vox quiere convertir en punta de lanza de su discurso migratorio: los tribunales canarios funcionan al límite por culpa de las ONG y del Gobierno que las ampara.
Pese a que en 2025 el número total de asuntos contencioso-administrativos canarios bajó a 16.309, el TSJC advierte que la presión migratoria sigue siendo determinante y que los retrasos afectan al conjunto de la Administración de Justicia en Tenerife.
La estrategia de Vox: presionar al Gobierno con el colapso institucional
La dirección de Vox quiere capitalizar políticamente la crisis judicial canaria. La formación de Abascal considera que los datos del TSJC refrendan su diagnóstico: la inmigración ilegal no es solo un problema de orden público, sino un factor de colapso de servicios públicos esenciales. Por ello, Vox está decidido a presentar mociones en diversos ayuntamientos y parlamentos autonómicos para instar al Gobierno a adoptar medidas urgentes, como la dotación de más recursos a los juzgados de extranjería y la limitación de las impugnaciones. Se espera que el grupo parlamentario de Vox presente iniciativas en el Congreso antes del inicio del próximo periodo de sesiones.
En paralelo, la presión sobre el PP se intensifica. Fuentes de la cúpula nacional de Vox señalan a este medio que el partido de Feijóo mantiene un perfil excesivamente bajo en materia migratoria, una actitud que, a su juicio, resulta insuficiente para resolver el problema. Con la vista puesta en el próximo ciclo electoral, Vox quiere forzar al PP a retratarse: o respalda medidas drásticas contra la saturación judicial y la inmigración ilegal, o se convierte en cómplice de un sistema que colapsa la Justicia. La batalla por la inmigración se recrudece en el arranque del nuevo curso político.
