La destitución de Mònica Martínez Bravo como consellera de Drets Socials ha puesto en el centro de la diana a Catalunya en Comú, uno de los confluentes clave en el espacio de Sumar. La decisión, adoptada por el president Salvador Illa en una remodelación sorpresiva del Govern catalán, no solo ha desatado las críticas de la oposición independentista, sino que ha abierto un frente incómodo para la coalición de izquierdas a nivel estatal. Junts, primera fuerza de la oposición, ha calificado el cambio de “muy, muy corto” y exige una reestructuración en profundidad del gabinete.
El portavoz parlamentario de JxCat, Salvador Vergés, ha sido especialmente duro con la ya exconsellera de los Comuns. Según datos de la agenda institucional analizados por el grupo posconvergente, Martínez Bravo apenas tenía actos públicos los fines de semana en Catalunya. De los 47 viernes hábiles del último año, solo en ocho ocasiones aparecía en actos oficiales; los sábados se reducían a cuatro, y los domingos, a dos. “Los números cantan y delatan la falta de disponibilidad de la consellera”, ha afirmado Vergés, subrayando que “ser conseller no es equiparable a ser alto directivo; es una cuestión de servicio al país que requiere estar permanentemente en contacto con la gente”.
Pero el ataque de Junts no se ha limitado a la gestión de la exresponsable de Drets Socials. La formación ha recordado que en el Govern de Illa aún permanecen tres conselleres reprobadas (Sílvia Paneque, Núria Parlon y Esther Niubó) y ha exigido una remodelación “profunda”, dando a entender que la sustitución de Martínez Bravo por Raúl Moreno se queda corta. De fondo, subyace la crítica a la supuesta división de residencia de la exconsellera entre Barcelona y Madrid, algo que Vergés ha calificado como “la primera vez que una consellera decide vivir entre Barcelona y Madrid”.
La lectura que hacemos de este movimiento es que trasciende la política catalana. La salida de Martínez Bravo afecta directamente a los equilibrios del espacio Sumar, donde Catalunya en Comú actúa como uno de los socios más consolidados. La formación que lidera Jéssica Albiach ha defendido hasta ahora un perfil de gestión discreto dentro del Govern, pero las críticas de Junts y la propia decisión de Illa de prescindir de su consellera abren un interrogante sobre el peso real de los Comuns en la coalición del PSC.
Lo que está en juego no es solo el Govern catalán: es la credibilidad de uno de los confluentes más importantes del espacio Sumar.
Las reacciones dentro de Sumar han sido cautelosas. Fuentes del partido reconocen que el relevo “no es una buena noticia” para la imagen de estabilidad de la coalición en Catalunya, pero evitan por ahora un pronunciamiento público que pudiera tensar las relaciones con el PSC en un momento en que la legislatura estatal se sostiene sobre mayorías frágiles. La dirección estatal de Sumar, con Yolanda Díaz al frente, mantiene un discreto silencio, consciente de que cualquier posicionamiento explícito podría interpretarse como una injerencia en el Govern y dar munición a sus adversarios, tanto en Madrid como en Barcelona.
El coste interno para Sumar
La polémica tiene una lectura interna igual de incómoda. Catalunya en Comú es el referente de Sumar en el territorio catalán y uno de los pocos confluentes que ha logrado mantener una posición de gobierno tras las elecciones autonómicas, gracias a la coalición del PSC con los Comuns. La pérdida de la consellera de Drets Socials, aunque sea fruto de una decisión del president Illa, debilita simbólicamente a la formación dentro del ejecutivo catalán y envía un mensaje de fragilidad a otras fuerzas del espacio Sumar, que ven en la experiencia de la Generalitat un modelo de gobernanza compartida.
Pero ahí está el matiz: los Comuns no pueden desmarcarse del todo de la crítica juntera sin asumir un coste reputacional. Los datos de la agenda de Martínez Bravo son difíciles de rebatir y ponen a la formación en una posición defensiva. En privado, reconocen que la etapa de la consellera ha sido “complicada desde la logística” y que su salida, aunque forzada, ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo con un perfil más territorial como el de Raúl Moreno. Sin embargo, en los foros internos ya hay voces que reclaman a la dirección estatal de Sumar un respaldo más contundente para evitar que las críticas de Junts se conviertan en un lastre electoral de cara a los próximos comicios.
El PSC, por su parte, juega un doble juego: por un lado, refuerza su autoridad en el Govern con un cambio que, aunque mínimo, responde a las presiones de la oposición; por otro, mantiene la alianza con los Comuns sin ceder a la petición de Junts de una remodelación integral del gabinete. La sustitución de la consellera de Drets Sociales es un gesto que intenta acallar el ruido sin romper los equilibrios de la mayoría parlamentaria, pero que deja a los Comuns en una situación de exposición mediática inédita desde la investidura de Illa.
La dinámica de coalición
El caso de Martínez Bravo ilustra una tensión que atraviesa todo el espacio Sumar: la dificultad de mantener la cohesión cuando los confluentes gestionan cuotas de poder autonómico bajo la mirada crítica de la oposición y, en ocasiones, de sus propios socios de gobierno. En el ecosistema de Sumar, Catalunya en Comú representa un activo estratégico con sus 8 diputados en el Parlament y una presencia consolidada en la Generalitat, pero la crisis de la consellera de Drets Socials evidencia que la autonomía de los confluentes no está exenta de riesgos para la imagen del proyecto común.
Desde el punto de vista de la coalición con el PSOE, lo ocurrido en Barcelona tiene un reflejo en Madrid. La relación entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y el president Illa se ha basado hasta ahora en la no injerencia mutua, pero este episodio podría tensar los puentes si Sumar interpreta la decisión del PSC como un menoscabo a la posición de uno de sus socios. Con el gobierno de coalición estatal enfrentado retos legislativos de calado, cualquier fricción en Cataluña puede tener consecuencias indirectas en la negociación de leyes como la reducción de jornada o la reforma fiscal. Con los votos de Junts, ERC y otros grupos nacionalistas siempre en el aire, el PSOE no puede permitirse conflictos abiertos con su socio de izquierdas; pero Illa, como president de la Generalitat, tampoco puede ignorar las demandas de la oposición independentista sin pagar un coste político.
La proyección de esta crisis dependerá de cómo gestionen los Comuns su nueva etapa con Raúl Moreno al frente de Drets Socials. Si el conseller logra desactivar las críticas con una agenda territorial visible y una gestión eficaz, el traspié de Martínez Bravo quedará en anécdota. Pero si las tensiones afloran y Junts mantiene la presión, el confluente catalán podría arrastrar a todo el espacio Sumar a un debate sobre la idoneidad de compartir gobiernos con fuerzas que, como el PSC, no siempre comparten las prioridades de la izquierda transformadora. La próxima cita en el Parlament, con la sesión de control prevista para después del verano, será el primer termómetro de la nueva realidad.
Ficha del Caso
- El caso: La remodelación del Govern catalán por parte de Salvador Illa incluye la salida de Mònica Martínez Bravo (Comuns) de la Conselleria de Drets Socials y su sustitución por Raúl Moreno. Junts critica la medida por insuficiente y señala la falta de agenda de la exconsellera los fines de semana.
- Datos importantes: Catalunya en Comú cuenta con 8 diputados en el Parlament. Según Junts, Martínez Bravo tuvo agenda institucional solo 8 de los 47 viernes hábiles del último año. La remodelación es la primera que afecta a un confluente de Sumar en el Govern desde la investidura.
- Resumen: La crisis pone a prueba la cohesión del espacio Sumar y la solidez de la alianza PSC-Comuns en Cataluña, con posibles repercusiones para la coalición estatal. La respuesta de la dirección de Sumar y la gestión del nuevo conseller definirán el impacto en los equilibrios internos del partido de Yolanda Díaz.
