El Sindicat d’Estudiants ha presentado una querella contra Juanma Badenas, exconcejal de Vox en Valencia, por allanar su sede.
La querella del Sindicat d’Estudiants: qué denuncian
La denuncia, recogida por El Salto, sostiene que el edil forzó la cerradura del local y entró acompañado de otras dos personas. Los hechos se remontan al 3 de julio; los estudiantes los descubrieron al encontrar la cerradura rota y revisar las cámaras de seguridad. Las grabaciones muestran, según el relato sindical, a Badenas registrando las instalaciones durante el tiempo que consideraron oportuno. Las imágenes se difundieron con rapidez y situaron el caso en el centro del debate municipal.
El coordinador del sindicato en Valencia, Mario Tercero, ha rechazado que se tratara de una inspección administrativa. Para el sindicato, el acceso fue ‘una persecución únicamente por motivos políticos’ y un ‘atropello a los derechos democráticos’. Tercero subrayó que el local es un espacio de uso privativo y que la entrada no respondía a ninguna función municipal. La organización asegura que no hubo comunicación previa ni resolución administrativa que amparara el registro.
La asesoría jurídica del sindicato encuadra los hechos en un presunto allanamiento de local de uso privativo. Víctor Taibo, responsable jurídico, apunta que pudo producirse una ‘posible sustracción’ o, al menos, la captación de imágenes de datos personales de afiliados. Según su versión, funcionarios municipales advirtieron al edil de que no podía realizar ese acceso. Taibo recuerda que el local es el domicilio social y fiscal de la organización, una circunstancia que agrava el tipo penal del allanamiento. La querella pide que se diriman responsabilidades penales y que el edil asuma las consecuencias.
La denuncia no es un hecho aislado, según la Fampa. Su presidenta, Elisabet García, recuerda que durante la huelga educativa Badenas se presentó en la puerta de otro local y grabó imágenes, aunque se retiró al ver a las trabajadoras. Ambos episodios dibujan, a juicio de las entidades denunciantes, un patrón de presión sobre los espacios de las organizaciones críticas con el Ayuntamiento. No han aportado una resolución administrativa que autorizara ninguno de los dos accesos.
El acceso al local no era una función administrativa, según sostiene el propio sindicato, y la denuncia lo presenta como un registro político.
La defensa de Badenas y la reacción municipal
Compromís ha pedido el expediente del edil y ha reclamado consecuencias administrativas. Mónica Oltra, candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia en 2027, calificó el acceso como un acto político destinado a generar miedo. El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento, Borja Sanjuan, ha anunciado una moción en el pleno para exigir el cese y ha asegurado que el edil ‘ha vulnerado derechos fundamentales’.
La alcaldesa, María José Catalá, ha pedido un informe jurídico a los servicios municipales para analizar lo ocurrido. Catalá ha señalado que ella, ‘a priori no lo hubiera hecho’, y ha evitado por ahora pronunciarse sobre una retirada de competencias. Ha pedido a Badenas que argumente por escrito lo que motivó el acceso. Su mayoría en el Ayuntamiento de Valencia depende del apoyo de los dos concejales no adscritos.
Badenas ha respondido en un vídeo difundido en su perfil personal. Alega que entra en los inmuebles cedidos por el Ayuntamiento ‘para comprobar su estado y la utilización que de ellos se está haciendo’. Defiende que el servicio de Patrimonio custodia las llaves y que el local ‘no está alquilado a nadie’. Sobre la grabación de documentos o el posible acceso a datos personales, el edil no ofrece explicación. No ha aclarado qué buscaba.
Vox ya expulsó a Badenas: la lectura política
Badenas no es militante de Vox. La formación comunicó en su día la expulsión del partido, después de conocerse las grabaciones relacionadas con la fundación municipal València Activa. Desde entonces es concejal no adscrito, al igual que Cecilia Herrero. La Fiscalía mantiene abierta una investigación sobre Herrero por presuntos delitos de odio.
La dirección nacional de Vox no ha difundido comunicado, pero la expulsión previa deja al partido fuera de la querella. No hay portavoz, militante ni órgano del partido implicado en el acceso al local. La formación puede concentrarse en su agenda política sin asumir daños por una polémica municipal ajena a su disciplina.
El episodio añade ruido a un Ayuntamiento con aritmética frágil. El PP gobierna Valencia con una mayoría que depende de los dos concejales no adscritos; cada decisión sobre expedientes o ceses puede tensar la gobernabilidad. La lectura para Vox es clara: la pugna entre la oposición y el edil no debe arrastrar al partido. Su reto es que la opinión pública distinga entre Juanma Badenas y la disciplina de las siglas.
