EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha cambiado? El Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas ha aprobado su primer plan de gestión para el período 2027-2030, con objetivos y un modelo de evaluación previa de las normativas.
- ¿Quién lo ha decidido? La decisión se tomó en la reunión del 23 de julio de 2026, presidida por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y con la directora de la Agencia, Milagros Paniagua.
- ¿A quién afecta? A todos los ministerios, incluido el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, que deberán incorporar la evaluación en el diseño de sus reformas a partir de ahora.
El Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (AEEPP) ha aprobado su primer plan de gestión, que define los objetivos estratégicos para el período 2027-2030 y los indicadores con los que se medirá su cumplimiento. La decisión, adoptada en la reunión del 23 de julio presidida por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, supone un punto de inflexión para la institucionalización de la evaluación en España y, en particular, para el diseño de las políticas educativas.
El plan, elaborado por la directora de la Agencia, Milagros Paniagua, fija cuatro grandes objetivos: consolidar la propia Agencia, articular un sistema público de evaluación en la Administración General del Estado, reforzar la función evaluadora y garantizar la rendición de cuentas. La novedad más relevante es el despliegue de la evaluación ex ante, es decir, analizar las políticas antes de que se aprueben, cuando los datos aún pueden mejorar el diseño de la norma.
Un plan para evaluar las políticas públicas antes de su aprobación
La AEEPP, creada en abril de 2026 al amparo de la Ley 27/2022 y del Real Decreto 65/2026, responde a las recomendaciones reiteradas de la OCDE y de la Unión Europea para institucionalizar la evaluación de las políticas públicas. Su puesta en marcha se enmarca en el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y busca responder a una necesidad central: saber si las políticas consiguen los resultados que persiguen y si lo hacen de forma eficiente.
La directora ha señalado tres ejes de trabajo prioritarios. El primero, la evaluación ex ante, que permitirá que los proyectos legislativos incorporen evidencia antes de su tramitación. El segundo, el acompañamiento a los departamentos ministeriales para que integren la evaluación como parte ordinaria de su gestión. “El objetivo no es que la Agencia evalúe a los ministerios, sino que estos ganen autonomía para hacerlo por sí mismos”, explicó Paniagua, según fuentes del Ministerio de Economía. El tercero, mejorar la calidad de las evaluaciones mediante la colaboración con la comunidad científica y el acceso a los registros administrativos.
El consejo rector que ha aprobado el plan está integrado, además de por el vicepresidente primero y la directora, por representantes de los ministerios de Hacienda y Transformación Digital, el Banco de España, la AIReF, el CSIC y el INE, junto a tres expertos independientes. Esta arquitectura institucional busca garantizar la independencia técnica y la coordinación interministerial.
La evaluación ex ante permitirá que reformas educativas como el nuevo modelo de acceso a la universidad o la financiación de la educación inclusiva se apoyen en datos contrastados antes de llegar al BOE.
El impacto en las reformas educativas: del diseño a la evidencia
Las políticas educativas del Gobierno central, desde la LOMLOE hasta la LOSU o los sucesivos planes de Formación Profesional, quedarán bajo el paraguas de este nuevo sistema de evaluación. La Agencia no sustituirá la labor del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) ni de los mecanismos de seguimiento que ya existen, pero sí obligará a que cualquier proyecto normativo de calado —un real decreto de currículo, una reforma de la selectividad o un plan de becas— vaya acompañado de un informe ex ante que analice sus previsibles efectos.
Según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, la colaboración con la Agencia se articulará a través de grupos de trabajo técnicos a partir del segundo semestre de 2026. La idea es que los equipos del ministerio se familiaricen con la metodología evaluadora y la incorporen de manera progresiva en la elaboración de sus disposiciones. La Agencia no impondrá criterios, sino que facilitará herramientas para que el propio ministerio mejore el diseño de sus políticas.
Para las comunidades autónomas, la implicación será indirecta. Aunque la Agencia evalúa las políticas de la Administración General del Estado, el Plan de gestión prevé mecanismos de coordinación con las evaluaciones que ya realizan algunas CC.AA. en el marco de sus competencias educativas. Esto podría ayudar a homogeneizar los estándares de calidad en la evaluación de las políticas autonómicas de educación.
El Marco Educativo
La evaluación de las políticas educativas en España ha sido históricamente una asignatura pendiente. A pesar de que la LOMLOE (2020) introdujo disposiciones sobre la evaluación del sistema educativo, la práctica se ha limitado a informes puntuales y a los estudios internacionales como PISA o PIRLS. La OCDE, en sus sucesivos informes sobre España, ha reiterado la necesidad de fortalecer la cultura de la evaluación para mejorar la eficacia del gasto y la calidad de las reformas.
Con la creación de la AEEPP, España se dota de una arquitectura institucional comparable a la de países europeos como Francia o Países Bajos. El organismo no solo evaluará los resultados, sino que también analizará la coherencia interna de las propuestas, su alineación con los compromisos europeos y su viabilidad presupuestaria. En educación, donde el gasto público supera el 4,2% del PIB según los últimos datos de la OCDE, esta función resulta especialmente relevante para garantizar que los recursos se dirigen a las intervenciones que realmente mejoran el aprendizaje.
La Agencia aún debe desarrollar sus protocolos metodológicos, y el plan de gestión marca 2027 como el año de arranque operativo. Hasta entonces, el Ministerio de Educación irá adaptando sus procesos internos. La comunidad científica y académica, depositaria del conocimiento metodológico, será una aliada clave, tal y como ha subrayado Paniagua. Los registros administrativos del sistema educativo —matrículas, resultados académicos, datos de becas— constituirán la base sobre la que se construirán los indicadores de evaluación.
Claves de la Noticia
- Qué importa: La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas ha aprobado su hoja de ruta hasta 2030, centrada en la evaluación previa de las normativas y en la colaboración con los ministerios para mejorar el diseño de las políticas.
- Por qué importa: Introduce un cambio estructural en la Administración: a partir de ahora, políticas educativas relevantes deberán ser evaluadas con datos antes de aprobarse, lo que puede elevar la calidad y la eficiencia del gasto.
- A quién le importa: Al Ministerio de Educación y a los demás departamentos ministeriales, a los docentes y a las familias, porque las reformas se basarán en evidencia contrastada y no solo en criterios políticos. El sistema educativo afecta a más de 8 millones de estudiantes en España.
