Este jueves, las víctimas de la DANA han exigido en el pleno de Valencia reabrir la comisión de investigación municipal sobre la gestión de la catástrofe.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Tres representantes de las asociaciones de víctimas, invitadas por el sindicato Intersindical Valenciana, reclamaron en el pleno del Ayuntamiento de Valencia la reapertura de la comisión de estudio de la DANA. Piden que se investigue la actuación de la Policía Local y los bomberos municipales.
- ¿Quién está detrás? Las portavoces Mariló Gradolí, Rosa Álvarez y Aniuska Dolz, en nombre de los colectivos mayoritarios de afectados, apoyadas por la moción presentada por el PSPV para forzar la reapertura.
- ¿Qué impacto tiene? La exigencia sitúa a la alcaldesa María José Catalá bajo presión y obliga a los cuatro grupos municipales a pronunciarse sobre una posible depuración de responsabilidades políticas.
La ciudad de Valencia fue el tercer municipio en víctimas mortales tras la DANA del 29 de octubre de 2024, con 17 fallecidos concentrados en las pedanías de La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d’Alcedo. Más de veinte meses después, las familias afectadas siguen esperando respuestas.
La presión de las asociaciones en el pleno
Mariló Gradolí, una de las portavoces, fue clara al explicar la desconfianza ciudadana: “Muchas preguntas siguen sin respuesta. Hemos sentido dolor y también desamparo”. Su intervención, junto a la de Rosa Álvarez y Aniuska Dolz, se centró en desmontar la versión oficial del consistorio sobre la respuesta a la emergencia. Las afectadas reclaman que se investigue por qué la Policía Local no fue movilizada para auxiliar a las las pedanías del Sur ni a los pueblos vecinos, a pesar de que, como señaló Gradolí, “sabemos que había información suficiente sobre la gravedad de lo que sucedía”. Tampoco se ha aclarado el papel de los bomberos municipales, que formaban parte del gabinete de crisis municipal pero estuvieron ausentes del Cecopi, el centro de coordinación autonómico.
Otro de los focos de indignación fue el cierre apresurado de la comisión municipal de investigación. Rosa Álvarez subrayó que “la comisión se cerró con hechos esenciales por resolver” y recordó que las víctimas no participaron en ella. “Reabrir es defender la dignidad de este ayuntamiento”, sentenció.
Mensajes de Whatsapp y falta de empatía
La tensión subió al mencionar los mensajes del grupo municipal que la alcaldesa Catalá aportó voluntariamente a la instrucción judicial. Las portavoces valoraron positivamente que el edil de Seguridad, Jesús Carbonell, planteara elevar el nivel de emergencia, pero afea aron el comentario del concejal Marí Olano, que bromeó con haber llamado al 112 por el susto del Es Alert. Aniuska Dolz habló de “falta de empatía institucional”: “Los comentarios nos provocan indignación”.
Sabemos que había información suficiente sobre la gravedad, pero aún ignoramos por qué no se movilizaron los efectivos; reabrir es la única forma de que la verdad emerja.
Las representantes de las víctimas pidieron a los cuatro partidos con representación municipal que apoyen la moción presentada por el PSPV para reabrir la comisión de estudio e incorporar nuevas incógnitas. La moción, que busca forzar la investigación sobre la movilización de los efectivos locales, encuentra resistencias por parte del gobierno del PP, aunque el debate podría fracturar el equilibrio en el consistorio.
El Escenario Valenciano
La intervención de las víctimas en el pleno de Valencia no es un hecho aislado. A escala autonómica, la gestión de la DANA sigue bajo la lupa judicial con el expresident Carlos Mazón como principal investigado, mientras el actual Consell de Juanfran Pérez Llorca lidia con una ejecución de los fondos de reconstrucción que apenas supera el 20% según los últimos informes del Plan RERD. A nivel municipal, la alcaldesa Catalá ha tratado de blindar su gestión, pero las filtraciones de los mensajes internos y la persistente presión de los afectados hacen cada vez más visible la brecha entre la versión oficial y la realidad de las pedanías.
La dimensión nacional de la reconstrucción sigue pesando: el Gobierno central ha transferido más de 500 millones de euros a la Generalitat para la recuperación, pero la ejecución real se mantiene muy por debajo de lo presupuestado. En el Congreso, la oposición ha reiterado estas semanas la urgencia de una comisión de investigación nacional. La escena del pleno valenciano resuena más allá de los límites de la ciudad porque pone en cuestión el relato institucional que tanto el PP como el Gobierno de Pedro Sánchez han intentado mantener cohesionado, cada uno en su ámbito.
En las próximas semanas, la votación de la moción del PSPV será un termómetro de la voluntad real de transparencia. Si no prospera, la presión de las víctimas se redoblará, como ya han anunciado. La comisión reabierta o definitivamente enterrada podría convertirse en un símbolo de las promesas incumplidas de la reconstrucción.
Ficha del Caso
- El caso: En la sesión plenaria municipal de este 24 de julio de 2026, tres representantes de las asociaciones de víctimas de la DANA, respaldadas por Intersindical Valenciana, reclamaron al Ayuntamiento de Valencia la reapertura de la comisión de investigación, cerrada con preguntas sin resolver.
- Datos importantes: 17 fallecidos en las pedanías del sur de la ciudad durante la DANA de octubre de 2024. La Policía Local no fue movilizada para los avisos y los bomberos municipales estuvieron ausentes del Cecopi. El PSPV ha presentado una moción para reabrir la comisión.
- Resumen: La petición sitúa a la alcaldesa Catalá en el foco de las críticas por falta de empatía y podría forzar una votación que desnude las responsabilidades políticas a un año y medio del desastre.
