El calentamiento global no es una amenaza lejana para Galicia: su costa acumula ya 19 puntos críticos, un incremento térmico de 1,8 °C por década en las Rías Baixas y 63 especies marinas amenazadas, según el informe ‘Destrucción a toda costa 2026’ que Greenpeace ha presentado este julio.
El documento, que analiza el estado del litoral gallego, conecta por primera vez las olas de calor terrestres y marinas con los desplazamientos de especies, las pérdidas de biodiversidad y el deterioro de infraestructuras costeras.
Un diagnóstico de urgencia: cifras, especies y olas de calor
Los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III atribuyen cerca de 200 fallecimientos en Galicia a causas relacionadas con el calor en los últimos meses. Mientras, en el mar, el calentamiento es aún más vertiginoso: las estaciones científicas de Rande y Cortegada registran un aumento de 1,8 °C por década, una tasa que debilita el afloramiento costero de aguas frías y fuerza la migración de 63 especies hacia el norte, según la Universidade de Vigo.
El congrio, la ostra o la vieira ya están desplazándose; la merluza, según estudios del IEO-CSIC, está reduciendo su talla de reproducción y podría perder entre 4 y 9 centímetros a finales de siglo si la tendencia térmica se mantiene. A eso se suman las invasiones vegetales: el alga asiática se expande desde Durmideiras (A Coruña) hacia Oleiros, asfixiando a las macroalgas atlánticas autóctonas.
Este año, las mortalidades masivas de bivalvos en la ría de Noia, provocadas por la bajada drástica de salinidad tras lluvias continuas, agravan el panorama. Y el turismo de cruceros, con picos de afluencia que colapsan las terminales de A Coruña y Vigo, añade presión sobre un ecosistema ya frágil.
Los temporales invernales han obligado a declarar zonas de emergencia en arenales como Praia América (Pontevedra) y a invertir 6,4 millones de euros en regeneraciones artificiales de arena que, según Greenpeace, “no son una solución real” porque las borrascas siguientes las desmantelan. El punto más crítico está en O Con (Moaña), donde la fuerza hidráulica ha socavado el pavimento del paseo marítimo.
El mar no se frena con parches temporales; reclama espacio para su dinámica natural y, si no se lo damos, será él quien lo tome.
Frente a las infraestructuras rígidas, los sistemas dunares se consolidan como la alternativa más viable. Nigrán apuesta por planes de adaptación y reubicación de edificaciones en lugar de escolleras. Sanxenxo ejecuta una estrategia que combina saneamiento hídrico con la restauración morfológica de dunas en Areas y Magor. Y el nuevo paseo fluvial de la ría de O Burgo incorpora zonas inundables controladas para disipar las mareas vivas.
La encrucijada legal: Bruselas aprieta y Galicia defiende su litoral
El informe de Greenpeace recuerda que la Unión Europea amenaza con una sanción multimillonaria a España si no reduce el plazo de las concesiones que, según Bruselas, suponen una “privatización encubierta del litoral”. La reforma del reglamento de la Ley de Costas está en el punto de mira: “Casi todas las comunidades autónomas, a excepción de Asturias, han presentado alegaciones que retrasan la adaptación”, denuncia María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
Galicia no es ajena a esa disputa. La Xunta, aunque aún no se ha pronunciado formalmente sobre el informe, ha defendido históricamente la necesidad de flexibilizar las restricciones costeras para usos urbanísticos y turísticos. Sin embargo, la presión de Bruselas y la urgencia climática sitúan el debate en un escenario inédito.
El Laboratorio Gallego
La costa gallega concentra algunas de las contradicciones más profundas del modelo de gestión litoral español. Con un litoral de más de 1.600 kilómetros y una economía fuertemente dependiente del mar (pesca, marisqueo, turismo y puertos), Galicia se enfrenta a impactos climáticos que ya no son proyecciones, sino realidades palpables. Los 19 puntos críticos identificados por Greenpeace abarcan desde la erosión de playas urbanas hasta la desaparición de bancos marisqueros tradicionales.
El contexto político gallego, con mayoría absoluta del PPdeG y una oposición dividida entre BNG y PSdeG, añade complejidad. Hasta la fecha, la Xunta ha priorizado las infraestructuras rígidas y la regeneración artificial de playas, mientras las formaciones de izquierda reclaman un plan integral de adaptación y la declaración de emergencia climática. Sin embargo, la respuesta de Bruselas y la amenaza de una multa millonaria —que pagarían todos los españoles— convierten la situación gallega en un espejo de lo que sucederá en el resto de comunidades costeras.
En la práctica, el conflicto por la Ley de Costas trasciende las fronteras autonómicas y conecta directamente con la estrategia del PP nacional, que en sus comunidades ha tendido a flexibilizar la norma mientras defiende en Bruselas una aplicación más laxa. Galicia, como laboratorio, muestra las consecuencias de diferir reformas: cada año de retraso agrava la factura de las reparaciones y la pérdida de biodiversidad. La proyección inmediata apunta a una nueva temporada de borrascas este invierno, que volverá a poner a prueba los parches de arena y la voluntad política de abordar soluciones estructurales.
Ficha del Caso
- El caso: Greenpeace publica ‘Destrucción a toda costa 2026’, un informe que identifica 19 puntos críticos en el litoral gallego, 63 especies amenazadas por el calentamiento marino y casi 200 muertes atribuibles al calor.
- Datos importantes: Incremento térmico de 1,8 °C por década en las Rías Baixas; 6,4 millones de euros gastados en regeneración de playas; expediente abierto por la UE a España por el reglamento de la Ley de Costas.
- Resumen: La costa gallega es un termómetro de la crisis climática española: la falta de una estrategia de adaptación integral agrava los daños y expone al país a una sanción europea. La Xunta no se ha pronunciado aún, pero la presión municipal y ecologista exige pasar de los parches temporales a las soluciones basadas en la naturaleza.
