El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han decidido posponer la cumbre bilateral que ambos tenían prevista para este mes de julio. La falta de avances en las negociaciones sobre las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika ha llevado a que, de común acuerdo, se aplace la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación hasta después del verano. Así lo confirmaron fuentes del Gobierno Vasco tras una nueva cita en Madrid de la consejera de Gobernanza y Autogobierno, María Ubarretxena, con representantes del Ejecutivo central.
La decisión de posponer la cumbre
El aplazamiento se produce después de semanas de contactos en las que, según el entorno del Gobierno Vasco, no se han producido los avances suficientes para dotar de contenido a una cita al máximo nivel. «Ambos gobiernos se emplazan a seguir trabajando para que la próxima convocatoria del órgano bilateral redunde en una agenda con contenido político que se materialice en nuevos acuerdos», señalaron las mismas fuentes. Ubarretxena, en declaraciones a los medios, precisó que la cumbre se celebrará «tras el verano, siempre que se den las condiciones para ello».
La cita, que iba a ser la tercera entre Pradales y Sánchez desde la llegada del lehendakari a Ajuria Enea, estaba fijada inicialmente para antes de agosto. Sin embargo, los desencuentros en materias como el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social —que incluye las pensiones—, la capacidad sobre los puertos de interés general de Bilbao y Pasaia o las competencias en inmigración han impedido cerrar los puntos de la agenda. En las últimas semanas, la buena sintonía que exhibieron ambos líderes en sus anteriores encuentros se ha deteriorado, según admiten voces de ambos ejecutivos.
Los compromisos del Estatuto y el calendario incumplido
El Estatuto de Gernika, aprobado en 1979, establecía un plazo para completar su desarrollo que, pese a los acuerdos alcanzados en la investidura de Sánchez en 2023, no se cumplió en la fecha inicialmente prevista de 2025. Aquel pacto, que sustentó el apoyo del PNV a la reelección de Sánchez, incluía el compromiso de culminar las transferencias pendientes antes de que finalizara ese año. Posteriormente, las dos partes fijaron nuevos hitos: algunos temas se cerraron en enero de 2026, otros se pospusieron a Semana Santa y, finalmente, se habló de «antes de agosto».
Entre los acuerdos ya materializados figuran el traspaso de la gestión de Cercanías, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los permisos de trabajo para personas extranjeras y las competencias en materia de Costas. Pero quedan por resolver, además de las pensiones, otras cuestiones relacionadas con la Seguridad Social y la reclamación vasca sobre los puertos. Fuentes conocedoras de la negociación señalan que la complejidad técnica y el impacto presupuestario de estos asuntos han ralentizado las conversaciones.
La falta de un acuerdo sobre las pensiones y la gestión portuaria ha impedido que la cita se celebrara en julio, aplazándola a un momento en que ambos gobiernos consideren viable concretar compromisos.
La posición del PNV y las implicaciones nacionales
El retraso de la cumbre coincide con un contexto político en el que el PNV ha intensificado sus críticas al Gobierno central, llegando a demandar la convocatoria de elecciones generales anticipadas tras los últimos escándalos de corrupción. Aunque la formación jeltzale mantiene su apoyo parlamentario a Sánchez, el enrarecimiento de la relación personal entre Pradales y el presidente añade incertidumbre a una alianza que ha sido clave para la legislatura. En el Congreso, los cinco diputados del PNV son imprescindibles para sacar adelante las leyes más importantes.
La decisión de aplazar la cita, subrayaron fuentes del Gobierno Vasco, no supone un abandono del diálogo. «El Gobierno vasco reafirma su voluntad y compromiso de mantener una actitud propositiva y de diálogo con el objetivo de lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto y el desarrollo de una agenda bilateral que redunde en el interés y el bienestar de Euskadi», recalcaron. No obstante, advierten de que la paciencia tiene un límite y que acudirán a La Moncloa solo cuando existan acuerdos tangibles sobre la mesa.
