La defensa del exdirector de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ha negado este jueves ante la Audiencia Nacional la existencia de la Operación Kitchen y ha defendido que el uso de fondos reservados constituyó una «operación de inteligencia» plenamente legal destinada a localizar el patrimonio del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La defensa de Eugenio Pino ha presentado su informe final en el juicio, solicitando la absolución y negando la existencia de la denominada Operación Kitchen.
- ¿Dónde y cuándo? Este jueves, en la Audiencia Nacional.
- ¿Qué resultado? La defensa califica la actuación como una operación de inteligencia legal, autorizada para localizar bienes de Bárcenas, y reclama costas a las acusaciones.
La defensa niega la ‘Operación Kitchen’ y defiende la legalidad del operativo de inteligencia
El abogado de Eugenio Pino, Jorge Hernansanz, ha asegurado que la propia denominación Operación Kitchen no existe y que es una «invención» atribuible a la prensa o al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Durante su informe, Hernansanz defendió que lo que realmente se autorizó en 2013 fue una operación de inteligencia orientada a localizar los posibles bienes y testaferros de Luis Bárcenas. La captación como confidente del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, tenía ese único objetivo patrimonial, explicó la defensa.
Según el letrado, la verificación de la información mediante vigilancias y seguimientos a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y su entorno es parte estándar de cualquier operación de inteligencia. Hernansanz argumentó que no hacerlo habría supuesto encubrimiento. La defensa insistió en que los fondos reservados se utilizaron para remunerar al confidente de forma legal, recordando que la normativa otorga carácter secreto a esas partidas y que no se requiere autorización judicial para una operación de inteligencia, a diferencia de una investigación policial.
Más de cien testigos respaldan que el objetivo era localizar bienes del extesorero
La defensa subrayó que más de cien testigos que han declarado en el juicio han confirmado que el operativo perseguía únicamente la localización de patrimonio de Luis Bárcenas. Según Jorge Hernansanz, no existe ningún indicio que permita afirmar que Eugenio Pino participó en una actividad ilícita, más allá de posibles desvíos posteriores por parte de otras personas. La solicitud final incluyó, además de la absolución, la imposición de las costas procesales a las acusaciones particular y populares, a las que acusó de actuar con «temeridad» y «mala fe».
El número de investigaciones judiciales sobre el uso de fondos reservados es inferior al 1% de todas las operaciones de inteligencia realizadas, según fuentes del Ministerio del Interior.
El contexto institucional
Los fondos reservados están regulados por una ley orgánica que los somete al control del Tribunal de Cuentas y del Parlamento. Su empleo en operaciones de inteligencia policial se produce en miles de actuaciones anuales sin que habitualmente derive en procedimientos judiciales. Según datos del Ministerio del Interior, en 2025 la Policía Nacional ejecutó más de 1.200 operaciones de inteligencia financiera con fondos reservados, todas ellas dentro del marco legal y con una tasa de eficacia superior al 90%.
La vista oral en la Audiencia Nacional sigue su curso mientras la defensa ha reclamado al tribunal la absolución de Eugenio Pino. El fallo, una vez se complete el proceso, sentará jurisprudencia sobre los límites de la inteligencia policial y el uso de fondos reservados, reafirmando o matizando la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la corrupción y la localización de activos ocultos.
