Francia, Italia y España lideran el bloque de diez países que ha plantado cara esta semana a la Comisión Europea en la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034. La disputa gira en torno al modelo de «dinero por reformas» que Bruselas quiere trasladar al presupuesto comunitario, una condicionalidad que ya se aplicó en el fondo de recuperación post‑Covid y que ahora amenaza con convertirse en la regla general para acceder a los casi dos billones de euros que la UE prevé gastar.
El modelo «dinero por reformas» y su origen en el fondo post‑Covid
La propuesta de la Comisión Europea obliga a los Estados miembros a abordar todos o un número significativo de los desafíos identificados en las recomendaciones anuales del Semestre Europeo a cambio de recibir los desembolsos del MFP. Detrás de esa letra se esconde la posibilidad de que Bruselas exija reformas políticamente muy sensibles —desde elevar la edad de jubilación hasta rediseñar sistemas fiscales— como requisito para liberar partidas presupuestarias que antes llegaban sin condiciones.
El mecanismo se ha probado ya en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el instrumento estrella del Next Generation EU. Allí, países como Italia aceptaron reformar su justicia civil para asegurarse los fondos. Bélgica acaba de aprobar un ajuste de pensiones, una decisión polémica que Bruselas celebra. «Hemos conseguido que se hicieran reformas que antes se ignoraban», repiten en el Berlaymont. La lectura de un bloque creciente de capitales es justo la contraria.
El frente de diez países y sus argumentos: riesgo de centralismo y descontento
En la reunión de embajadores de la UE celebrada el miércoles, diez Estados —entre ellos grandes contribuyentes netos como Francia, Italia y España, pero también beneficiarios netos como Hungría, Malta y Polonia— rechazaron el modelo de condicionalidad. Los críticos sostienen que la iniciativa refuerza el poder de los gobiernos centrales frente a las regiones y convierte las recomendaciones de la Comisión en «imposiciones» sin respaldo político, según un diplomático consultado por esta redacción.
«Si el dinero europeo depende de aplicar las recomendaciones del Semestre, están haciendo la mejor campaña para el populismo», advirtió el ministro de Exteriores luxemburgués, Xavier Bettel, durante un encuentro ministerial en junio. Bélgica, por su parte, señaló que el esquema encaja mal con su estructura federal, donde las regiones gestionan buena parte de los fondos. El temor a perder autonomía y a que los retrasos en las reformas bloqueen los pagos es compartido por muchas comunidades autónomas españolas, que verían cómo un desacuerdo entre Moncloa y Bruselas les deja sin recursos.
Cuando Bruselas ata el presupuesto a las reformas, no solo incide en la política económica: redibuja la relación de poder entre capitales y regiones.
En el campo opuesto, los Países Bajos defendieron el plan durante la reunión. Otros socios fiscalmente conservadores —Suecia, Dinamarca y Austria— llevan tiempo argumentando que la condicionalidad ayuda a las economías menos eficientes. Sin embargo, dos diplomáticos del bloque crítico aseguran que la motivación real de esos países es ralentizar los desembolsos hacia las regiones menos prósperas.
El Eje del Poder Europeo
La división no se entiende solo en términos de contribuyentes netos o beneficiarios. Observamos un realineamiento curioso: Francia, Italia y España —los tres mayores contribuyentes del sur— hacen causa común con los países del este que más fondos reciben. Es una alianza táctica que responde a intereses distintos pero convergentes: París, Roma y Madrid quieren preservar margen político nacional; Varsovia y Budapest temen que Bruselas utilice el dinero para imponer agendas judiciales o migratorias. Para España, el riesgo es doble: como receptor de fondos, necesita que el flujo no se pare; como potencia de peso, no quiere que la Comisión le dicte reformas que el Congreso no apruebe.
El precedente más cercano es la batalla librada en 2020 por el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, que también enfrentó a los mismos bloques. Ahora el choque se reedita con el presupuesto, y el calendario aprieta: los Veintisiete quieren cerrar el acuerdo antes de que arranque 2027, un año en el que hay elecciones nacionales en Francia, Italia, Polonia y la propia España. Cualquier cesión que cada capital haga en Bruselas tendrá inmediata repercusión electoral en casa.
La Comisión confía en que la fórmula del «dinero por reformas» ha demostrado su eficacia. Pero la mayoría de los países tiene reservas fundadas sobre la viabilidad política de un sistema que, en la práctica, otorga a los burócratas de Bruselas un poder de veto indirecto sobre los parlamentos nacionales. Si el pulso se enquista, el MFP 2028-2034 podría dilatarse más allá de 2027, dejando a la UE sin presupuesto actualizado justo cuando más necesita inversiones en defensa, ampliación y autonomía estratégica. La próxima cumbre, tras el parón de agosto, medirá la temperatura del desacuerdo.
