Ecuador ha desmontado en tres días la justicia especializada contra la corrupción y el crimen organizado. Para España no es una anécdota: la inestabilidad judicial ecuatoriana debilita la cooperación contra las redes que mueven cocaína hacia Europa y expone a las empresas españolas que operan en el país.
Qué ha decidido el Consejo de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura eliminó este 7 de septiembre las dependencias judiciales especializadas en corrupción y crimen organizado y trasladó sus competencias a la Unidad Penal Iñaquito y a la Corte Provincial de Pichincha. Según el organismo, la medida permite pasar de 19 a más de 50 jueces habilitados para conocer estas causas. La presidenta del Consejo, Mercedes Caicedo, presentó la decisión como una optimización técnica.
Los datos oficiales muestran que el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes en doce meses para nueve magistrados, mientras algunos despachos penales ordinarios de Pichincha superaron el 100% de su capacidad. El mensaje oficial es directo: más jueces, más eficiencia, cero impunidad. Sin embargo, esa comparación mezcla cargas que no son equivalentes.
Las causas de corrupción y crimen organizado implican estructuras societarias, flujos financieros, múltiples procesados y pericias más complejas que un expediente penal ordinario. Contar expedientes no basta para medir si una judicatura especializada está infrautilizada. Tampoco muestra si su menor volumen responde precisamente a la naturaleza de los casos que asume.
La decisión llega en un momento crítico, con Estados Unidos redoblando su ofensiva contra el crimen organizado regional. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales, el año más violento de su historia, y entre enero y julio de 2026 sumó otros 4.882. Además, Transparencia Internacional dio al país 33 puntos sobre 100 en su Índice de Percepción de la Corrupción 2025. Homicidios récord, crimen organizado consolidado y debilidad institucional forman el escenario de fondo.
Para España, ese deterioro no es un asunto lejano. La cooperación judicial con Ecuador alimenta las investigaciones contra el narcotráfico transatlántico y protege la presencia empresarial española en un mercado con raíces históricas. Cualquier retroceso en la especialización judicial reduce la calidad de la información y de las pruebas que llegan a los tribunales europeos.
La especialización nació para atender causas complejas y proteger a quienes las juzgan.
Los episodios que justificaron el modelo especializado
La unidad suprimida no nació de un capricho administrativo. Fue creada en 2021 con base en los artículos 230.1 y 230.2 del Código Orgánico de la Función Judicial y mediante la Resolución 190-2021, con sede en Quito. La Corte Constitucional, en la sentencia 9-22-IN/22, rechazó una acción de inconstitucionalidad contra esas normas, pero dejó claro que las competencias y el catálogo de delitos deben respetar el principio de reserva de ley.
Esa historia importa porque en los últimos diez meses el modelo especializado vivió varios episodios que pusieron a prueba exactamente el riesgo que justificaba su existencia. En noviembre de 2025, el juez Carlos Serrano denunció presiones de un funcionario de la Judicatura, Henry Gaibor, para favorecer al serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a diez años por lavado de activos. El Consejo abrió un sumario disciplinario contra Gaibor. En diciembre, tras retirarle la protección policial, Serrano renunció.
En julio de 2026, el Consejo suspendió hasta 90 días sin sueldo a los jueces Silvia Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez de la Sala Especializada de Pichincha, después de que revocaran la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos en el caso Goleada. La Corte Nacional calificó esa revocación de error inexcusable. En febrero, el Consejo destituyó a Christian Quito y Gabriela Lara por presunto tráfico de influencias en el caso Fachada.
El abogado André Benavides sostiene que el Consejo no podía deshacer, mediante una resolución administrativa, la estructura surgida de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial de 2020. El problema no es si el Consejo puede reorganizar despachos, potestad que la ley le reconoce, sino hasta dónde llega esa potestad cuando vacía en la práctica una estructura con sustento legal. Sobre todo, cuando la Corte Constitucional ya subrayó que la competencia material de estas judicaturas está sujeta a reserva de ley.
La especialización, la clave que España no puede perder
La gran incógnita es qué pasa con la especialización misma. Si habrá más de 50 jueces habilitados, el país necesita saber si todos tienen formación específica en lavado de activos, estructuras de delincuencia organizada, análisis financiero y extinción de dominio. También si contarán con equipos técnicos de apoyo y con las mismas condiciones de seguridad que tuvieron —o debieron tener— los jueces de las dependencias que desaparecen. Más jueces no significan más capacidad si se pierde el conocimiento especializado.
España, por ejemplo, ha mantenido un órgano especializado, la Audiencia Nacional, para materias tan sensibles como el terrorismo, la corrupción de gran recorrido o el crimen organizado, precisamente porque su complejidad y su riesgo exigen dedicación y seguridad reforzadas. Ecuador no está obligado a copiar ese modelo, pero sí a demostrar que la nueva estructura no reduce la independencia judicial ni la capacidad de construir casos sólidos.
El Consejo de la Judicatura debe explicar, además, el sustento jurídico de una sustitución que, según juristas ecuatorianos, debería haberse tramitado como reforma legal en la Asamblea. Conviene seguir los próximos pasos: la respuesta del órgano judicial a la pregunta sobre formación, equipos y garantías será la primera prueba real de si la reforma se limita a repartir expedientes o acaba desmantelando una herramienta que costó años consolidar.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El Consejo de la Judicatura de Ecuador eliminó las unidades especializadas en corrupción y crimen organizado y repartió sus causas entre jueces penales ordinarios.
- Datos importantes: Ecuador sumó 9.216 homicidios intencionales en 2025 y 4.882 entre enero y julio de 2026; Transparencia Internacional lo situó en 33 puntos sobre 100 en percepción de corrupción.
- Resumen: La reforma reduce la especialización judicial en un momento de altísima violencia criminal y puede debilitar la cooperación con España en la lucha contra el narcotráfico transatlántico.
