La Administración española adjudica cada año miles de millones de euros en contratos públicos y la normativa que los regula contempla atajos para situaciones excepcionales. El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público autoriza a adjudicar de forma directa, sin expediente y prácticamente sin trámites, cuando concurre una catástrofe o una emergencia. La Ley 9/2017 permite, además, contratos menores sin publicidad ni concurrencia. El problema aparece cuando esas excepciones dejan de ser puntuales y se instalan como procedimiento habitual. Es ahí donde ha puesto la lupa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Esta lista no ordena los casos por importe ni por número de adjudicaciones, sino que reúne los cinco ámbitos que mejor explican esa normalización de la adjudicación a dedo: las emergencias de la COVID, las vinculadas a la DANA y a otros episodios climáticos, el fraccionamiento en contratos menores, los fondos del Plan de Recuperación —más de 44.000 millones movilizados en convocatorias y licitaciones, según la plataforma Elisa que maneja el Ministerio de Economía— y el sector tecnológico, la consultoría y la comunicación, donde la CNMC sancionó en 2018 a once empresas por repartirse licitaciones de informática.Contratos de emergencia de la COVID: el precedente que abrió la puerta a la adjudicación directa
El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público permite a cualquier Administración adjudicar de forma directa, sin expediente y prácticamente sin trámites, cuando concurre una catástrofe, un grave peligro o una necesidad de defensa. Hasta 2019 ese mecanismo era casi testimonial: la Administración General del Estado firmó 50 contratos de emergencia en 2019 (27 millones de euros) y 12 en 2018 (tres millones). El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo habilitaron su uso masivo para comprar material sanitario, primero para el Estado y, dos semanas después, para todas las administraciones, con permiso incluso para pagar por adelantado antes de recibir nada. El resultado fue una explosión inédita: solo en 2020 se publicaron 16.589 contratos de emergencia por 6.445 millones, el 15% de todo lo adjudicado ese año, según la base de datos de Civio, que excluye los contratos menores. Ese es el precedente que abrió la puerta.
El Tribunal de Cuentas cuantificó después 13.211 contratos de emergencia por 2.129 millones entre ministerios, ayuntamientos y empresas públicas, y al fiscalizar una muestra de 1.328 (el 10%, que concentra el 83% del importe) detectó los vicios que ahora vigilan los organismos de competencia: uno de cada cuatro contratos ministeriales se cerró verbalmente, en un 22% el plazo no quedó determinado y solo en torno a un tercio constaba la comprobación de solvencia del adjudicatario. Cuatro contratos de mascarillas quirúrgicas por 217 millones recayeron en la misma empresa. Aparecieron además emergencias sin vínculo con la pandemia, como el vestuario del Palacio Real adjudicado por 591.119 euros, la televisión pública de Murcia o 15 pistolas táser en Marbella por 36.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción avisó de que esta vía era propicia a prácticas ilícitas, como mostró después el caso Koldo. La pandemia convirtió la adjudicación directa en rutina y dejó un rastro que la CNMC no quiere ver repetido.
1DANA y nuevas emergencias climáticas: la excepción que se ha vuelto rutina
El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público permite adjudicar sin concurso público cuando hay que actuar «de manera inmediata» ante acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro o necesidades de defensa. Es la puerta por la que entraron las adjudicaciones ligadas a la DANA del 29 de octubre de 2024. El Gobierno central había adjudicado, hasta el 26 de noviembre de ese año, al menos 12 contratos por 80,8 millones de euros, repartidos entre Transportes (28,2 millones) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (52,6 millones) para reparar carreteras, el barranco del Poyo o el canal Júcar-Turia. La Generalitat de Carlos Mazón reconoció en abril de 2025 unos 400 contratos de emergencia adjudicados a 296 empresas, y a lo largo de ese ejercicio el Consell sumó 746 contratos vinculados a la riada por 535 millones sin IVA.
Lo que la norma presenta como excepción ha acabado funcionando como rutina. La CNMC advirtió en enero de 2025, al analizar el real decreto del grupo Tragsa, de que no debe recurrirse de forma sistemática a los encargos por urgencia y de que hay que ajustar los precios al mercado y publicar antes las memorias justificativas. No en vano la empresa pública acumulaba ya más de 220 millones en encargos directos vinculados a la DANA. Después llegaron las conclusiones de la Sindicatura de Comptes sobre Ferrocarrils de la Generalitat, con «incumplimientos muy significativos»: fraccionamiento, estimación incorrecta de precios y falta de control de los conflictos de interés en más de 119 millones tramitados hasta junio de 2025. Cerca de un año después de la riada, con nuevas emergencias climáticas en el horizonte, el mecanismo sin competencia seguía en uso.
