EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo ha suspendido los efectos electorales de la instrucción de Justicia sobre la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, salvo que se acredite vínculo real con el exilio.
- ¿Quién está detrás? La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a instancias de Iustitia Europa, Vox y CSIF; el PP de Alberto Núñez Feijóo eleva la presión política.
- ¿Qué impacto tiene? Congela una parte del crecimiento del CERA y obliga a los cónsules a revisar caso por caso; la JEC debe informar antes del 9 de octubre.
El Tribunal Supremo ha congelado este miércoles una parte del censo electoral exterior construido al amparo de la ley de nietos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo suspende los efectos electorales de la interpretación que la instrucción de 25 de octubre de 2022 hizo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, salvo que se acredite un vínculo real con el exilio.
El Supremo frena la vía Puente y refuerza el filtro consular
La decisión carga sobre los cónsules generales la responsabilidad de certificar, caso por caso, que los nuevos nacionalizados no deben quedar excluidos de las próximas convocatorias electorales. Si los beneficiarios pueden acreditar que sus padres o abuelos sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o por orientación e identidad sexual, podrán votar. Si no lo acreditan, la inscripción censal queda en suspenso.
En la práctica, el Supremo convierte a ocho cónsules generales en garantes de que el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) no siga creciendo al calor de presuntos nietos de emigrantes económicos. Los registros con mayor incidencia son Rosario (Argentina), Ciudad de México, Buenos Aires, Miami, Monterrey, La Habana, Bogotá y Caracas.
Según los datos cruzados por El Español entre el CERA de julio de 2023 y el de agosto de 2026, Rosario pasó de 33.982 a 69.756 electores (+105,3%); Ciudad de México, de 114.531 a 149.481 (+30,5%); y Buenos Aires, de 303.318 a 329.725 (+8,7%). También crecieron Miami, Monterrey, La Habana, Bogotá y Caracas, algunos con incrementos superiores al 35%.
La Junta Electoral Central fue la primera en documentar las dudas. Su acuerdo de 16 de julio reconoció problemas de legalidad en la instrucción, pero se declaró incompetente para paralizar las altas. Cuatro vocales firmaron un voto particular que pedía suspender las inscripciones y los efectos electorales hasta aclarar la legalidad de la presunción generalizada de exilio.
El PP de Alberto Núñez Feijóo llevaba meses denunciando la combinación entre la ley de nietos y la regularización extraordinaria como un intento de alterar el censo. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, lo resumió como un plan para ‘meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral’. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pidió al Supremo resolver antes de las elecciones de 2027.
La nacionalidad concedida se mantiene, pero el derecho al voto queda congelado allí donde no se acredite el exilio real.
Un censo exterior disparado: las cifras que tensionan al Gobierno
El CERA total ha pasado de 2.333.056 electores en julio de 2023 a 2.747.688 en agosto de 2026, con 414.632 inscritos más y un incremento del 17,8%. Argentina, México y Estados Unidos concentran por sí solos 186.385 nuevos electores, casi la mitad del crecimiento registrado entre una cita electoral y la otra.
Por países, Argentina pasó de 432.088 electores a 520.203 (+20,4%); México, de 137.814 a 191.062 (+38,6%); y Estados Unidos, de 166.457 a 211.479 (+27%). Francia, Reino Unido, Cuba, Brasil y Alemania también registraron alzas de dos dígitos en algunos casos. Según fuentes de la carrera diplomática, la inmensa mayoría de esas altas se explica por la ley de nietos y por la interpretación que Justicia hizo mediante la instrucción firmada por Sofía Puente.
La Junta Electoral Central ultima antes del 9 de octubre el informe que el PP reclama al Gobierno. El Supremo ha ordenado a la JEC y a la Oficina del Censo Electoral distinguir entre expedientes basados en exilio probado y expedientes aprobados por la vía de la presunción. La mayoría de los registros consulares vota ahora si puede emitir certificados caso a caso.
El Eje del Poder Popular
La lectura estratégica de Génova es clara: la decisión judicial confirma la advertencia que el PP trasladó durante meses al Gobierno, a la Junta Electoral Central y a los socios parlamentarios. El partido de Feijóo sitúa el foco en la instrucción de la directora general Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, y en la falta de control de la JEC, que en julio no se atrevió a frenar las inscripciones.
Para los gobiernos autonómicos populares, el control del CERA no es una cuestión menor. Las comunidades con mayor emigración histórica —Galicia, Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana— tienen interés directo en que el voto exterior se ejerza con las mismas garantías que el voto en el territorio nacional. La medida cautelar del Supremo da respaldo jurídico a esa exigencia y complica la narrativa del Gobierno sobre la ley de nietos como simple reparación democrática.
El riesgo inmediato para el Ejecutivo es doble: la JEC debe informar antes del 9 de octubre y los ocho cónsules más expuestos tendrán que documentar el exilio en pleno ciclo preelectoral. Si el Supremo confirma el fondo, la presunción generalizada introducida por la instrucción quedaría invalidada y el censo exterior volvería a crecer a un ritmo ordinario. Hasta esa sentencia, el PP mantiene la iniciativa parlamentaria y mediática.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La sentencia del Supremo confirma el riesgo de manipulación censal que el PP lleva meses denunciando.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
- Próximo hito: Informe de la JEC antes del 9 de octubre sobre las inscripciones censales de la ley de nietos.
