EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias defiende ante el Parlamento un acuerdo de 485 millones para indemnizar a una treintena de hoteleros afectados por la moratoria turística de 2009.
- ¿Quién está detrás? El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, y el Ejecutivo autonómico de Canarias responden a las dudas del PSOE y Nueva Canarias.
- ¿Qué impacto tiene? Se cierran litigios urbanísticos y se fija que los suelos afectados no se reclasificarán, evitando procesos de 10 o 15 años.
El Gobierno de Canarias defiende el acuerdo de 485 millones para indemnizar a una treintena de hoteleros afectados por la moratoria turística.
La sesión plenaria del Parlamento de Canarias sirvió esta misma semana para que el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, defendiera el pacto y respondiera a las exigencias de PSOE y Nueva Canarias. El Ejecutivo autonómico insiste en que era la salida menos lesiva para las arcas públicas.
Cabe recordar que la moratoria turística de 2009, impulsada por el Gobierno de Paulino Rivero (Coalición Canaria) con José Manuel Soria (PP) como vicepresidente, introdujo cambios que abrieron la puerta a decenas de reclamaciones judiciales. La moratoria de 2009 no cerró en falso, sino que alimentó los pleitos.
La defensa del consejero: una salida menos lesiva
Miranda explicó que el Gobierno autonómico se marcó dos objetivos: minimizar el coste para las arcas públicas y contar con el aval del tribunal que resolvió el asunto. El criterio aplicado, el mismo que empleó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, toma el valor de los aprovechamientos urbanísticos como base de cálculo y no como resultado.
La diputada socialista Nayra Alemán había preguntado si no le chirriaba que el interés de los promotores cuadrara al céntimo con el interés general de los canarios y qué obtiene la comunidad a cambio. La cuestión revela el malestar de la oposición ante una factura millonaria por una decisión urbanística adoptada hace más de una década.
El Ejecutivo añade un matiz relevante: en el acuerdo se ha incluido que los terrenos afectados no serán reclasificados. Los suelos no se reclasificarán. Con ello, según Miranda, se evita que el problema se prolongue 10 o 15 años más y que el importe final fuera aún mayor.
Cerrar una década de litigios por 485 millones marca un precedente delicado para el urbanismo turístico en Canarias.
Una factura de 485 millones bajo lupa
La cuantía no es una cifra cualquiera. El pago compromete recursos autonómicos futuros y debe superar todavía el escrutinio del Parlamento de Canarias. Las formaciones de la oposición quieren conocer los informes que sustentan los 485 millones y las condiciones exactas del calendario de abono.
El acuerdo se produce en un archipiélago donde la moratoria turística sigue marcando el urbanismo de las zonas costeras. La batalla judicial comenzó hace más de una década y ha convivido con varios gobiernos autonómicos de distinto signo.
El Pulso Territorial
El origen de esta factura está en una decisión de la Canarias de 2009, cuando el Gobierno de Coalición Canaria y PP retocó la moratoria turística. Aquella moratoria no fue un simple freno urbanístico: se convirtió en un campo de litigios que ahora obliga al actual Ejecutivo autonómico a pagar para no seguir acumulando intereses y costas.
En comparación con otras comunidades cubiertas, Baleares también ha utilizado parones urbanísticos para contener la saturación turística, pero no ha tenido que afrontar un único acuerdo indemnizatorio de esta magnitud. El caso canario muestra un patrón más amplio: las decisiones de ordenación territorial generan facturas que aparecen cuando el contexto político ya ha cambiado.
Lo que viene ahora es la parte menos visible del acuerdo: la ejecución de los pagos, las posibles comparecencias del consejero en comisión parlamentaria y el control de la Cámara sobre la documentación. La oposición seguirá pidiendo explicaciones, y el Gobierno de Canarias deberá demostrar que los 485 millones son, como sostiene, la opción menos lesiva.
Ficha Autonómica
- El caso: El Gobierno de Canarias defiende un acuerdo extrajudicial con una treintena de hoteleros por la moratoria turística de 2009, con un coste de 485 millones.
- Datos importantes: 485 millones de euros, una treintena de empresas, moratoria de 2009, criterio del TSJC, no reclasificación de los suelos.
- Resumen: El Ejecutivo sostiene que es la opción menos lesiva y que evita litigios de 10 o 15 años más; PSOE y Nueva Canarias exigen aclarar los criterios y los plazos.
