La Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional a dos dirigentes de Jardun Koordinadora acusados de terrorismo tras entregarse a la Ertzaintza.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional por terrorismo para el líder de Jardun Koordinadora, Aratz Bilbao, y una de sus portavoces, Malen Grunig.
- ¿Dónde y cuándo? Identificados en un control en Escoriaza (Guipúzcoa) el 26 de septiembre de 2026; se entregaron en Irún el sábado 17 de octubre; el auto de prisión se dictó el martes 20 de octubre.
- ¿Qué resultado? Dos dirigentes en prisión, un irlandés vinculado al IRA disidente identificado en el mismo vehículo y material sensible intervenido: walkie-talkies, datos de agentes y la geolocalización de un presunto zulo de ETA.
Un control de madrugada en Escoriaza y tres semanas de clandestinidad
El auto de prisión provisional se adoptó el martes 20 de octubre y afecta a Aratz Bilbao, líder de Jardun Koordinadora, y a Malen Grunig, una de sus portavoces. Ambos están acusados de un delito de terrorismo y permanecen en prisión. La causa la instruye la Audiencia Nacional, el órgano judicial competente en España para los delitos de terrorismo. Ninguno de los dos ha sido juzgado: la medida es cautelar, no una condena.
Los dos dirigentes se entregaron a la Ertzaintza en Irún el sábado 17 de octubre, tres semanas después de que una patrulla de la policía autonómica vasca los identificara de madrugada en un control en Escoriaza, en el interior de Guipúzcoa. Viajaban en un Toyota Yaris con un tercer ocupante y lo hacían en lo que los investigadores describen como situación de clandestinidad.
En el registro del vehículo aparecieron walkie-talkies, documentación con datos personales de guardias civiles y policías nacionales y la geolocalización de un presunto zulo, el término con el que se designan los escondites donde ETA almacenaba armas, explosivos y documentación. Es el tipo de material que la Ertzaintza clasifica como sensible y que no encaja en el perfil de tres personas que circulan de noche por una carretera secundaria.
Los tres ocupantes figuraban marcados en el Sistema de Información Schengen (SIS, la base de datos policial que comparten casi una treintena de países europeos) como amenazas para la seguridad. El tercero era Naoise O’Conarain, ciudadano irlandés vinculado a Saoradh, la formación que la información publicada sitúa en el entorno del IRA disidente.
Los tres ocupantes constaban en el Sistema de Información Schengen como amenaza para la seguridad: la coordinación policial europea funcionó antes de que se entregaran.
La conexión con el IRA disidente y el peso del material intervenido
El IRA disidente designa a las escisiones republicanas irlandesas que rechazaron el alto el fuego de 1997 y el acuerdo de paz de 1998, y que han mantenido actividad esporádica desde entonces. La presencia de un militante de ese entorno en el mismo coche que dos dirigentes de Jardun Koordinadora es lo que traslada el caso del radicalismo callejero al terreno del terrorismo organizado.
La instrucción sigue abierta en la Audiencia Nacional y el material intervenido se está analisando. La causa afecta ya a dos jurisdicciones —España e Irlanda—, de modo que es previsible la activación de comisiones rogatorias con Dublín en las próximas semanas. La localización del presunto zulo es, por ahora, el punto más delicado del sumario: hay que determinar si el escondite sigue activo y quién tenía acceso a sus coordenadas.
El Contexto Operativo
El marco de amenaza es doble. Por un lado, ETA no comete atentados desde 2011 y anunció su disolución en 2018, pero su ecosistema de apoyo —el entramado abertzale radical— no ha desaparecido: mantiene actos de homenaje a presos, estructuras de financiación y una capacidad de movilización que las policías vigilan de forma permanente. Por otro, el republicanismo disidente irlandés sigue operando con acciones de bajo nivel pero constante, y su conexión con el radicalismo vasco es un fenómeno documentado desde los años ochenta.
Los datos avalan el trabajo de las unidades que han intervenido en esta causa. Según el Ministerio del Interior, España mantiene activado el nivel 4 de alerta antiterrorista, sobre una escala de cinco, desde el 26 de junio de 2015, y lo ha sostenido durante más de una década sin rebajarlo. Esa vigilancia sostenida sobre los movimientos del entorno radical es lo que permitió que un control rutinario de madrugada en Escoriaza no quedara en una identificación y acabara convertido en una causa por terrorismo.
La proyección del caso pasa por tres frentes: la revisión periódica de la prisión provisional de los dos dirigentes, el análisis del material informático y documental intervenido y la posible ampliación de la causa a otras personas del entorno de Jardun Koordinadora. La Audiencia Nacional marcará los tiempos procesales y ninguna de esas decisiones depende de la presión política. Mientras tanto, el mensaje operativo es claro: circular con datos de agentes y con las coordenadas de un escondite sigue teniendo consecuencias en España, y la cooperación europea actúa antes de que el sospechoso llegue a la frontera.
