El relevo más delicado de los primeros cien días de Abelardo De la Espriella llega con la caja del Estado en rojo. En Colombia, el nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, aterriza en Bogotá con tres proyectos en fila y una misión incómoda: conseguir los votos para la ley de rescate fiscal. El déficit ronda el 9,4% del PIB, casi el triple del 3% que la UE usa como referencia para sus socios, y el presupuesto del próximo año asciende a 634,9 billones de pesos, más de lo previsto.
Sustituye a Rodrigo Lara, que duró un suspiro en el cargo tras la polémica por la fallida aprobación del presupuesto, finalmente expedido por decreto. El puesto no es menor: el Ministerio del Interior ejerce de entidad bisagra entre el presidente y el Congreso, el lugar donde las promesas de campaña se convierten en articulados o se quedan en el cajón.
Ordóñez conoce el terreno. Fue elegido dos veces procurador general —el órgano que vigila la conducta de los funcionarios públicos— entre 2009 y 2016, y regresa desde su puesto de embajador ante la Organización de los Estados Americanos. Lleva ocho años fuera del país y el Congreso que debe convencer ya no es el que lo votó. Las mayorías, además, son frágiles.
Los tres frentes que esperan en el Congreso colombiano
El primero es la ley de rescate fiscal, el complemento del presupuesto con el que el Gobierno pretende cuadrar las cuentas. Llegará al Congreso en los próximos días, según recoge El Tiempo, y su paso por las comisiones económicas se mira con lupa. El problema es de aritmética política: entre los legisladores no son populares los impuestos nuevos ni los recortes duros, y el Ejecutivo aún debe seguir adelgazando burocracia y entidades. Ordóñez trabajará junto al ministro de Hacienda, Miguel Gómez.
El segundo frente es la ley de sometimiento, el marco jurídico para que las organizaciones criminales se acojan a la justicia. Ya superó las comisiones primeras conjuntas y debe quedar aprobada el 4 de noviembre, de modo que la discusión final la cerrará, casi con seguridad, otro ministro. Quedan los reparos de la Corte Constitucional y la revisión previa a la sanción presidencial. A eso se suman el estatuto antiterrorista y el Plan Nacional de Desarrollo, que se debatirá el año que viene.
Qué se juega España con el riesgo país colombiano
España se ha mantenido históricamente entre los principales inversores extranjeros en Colombia. Banca, energía, telecomunicaciones e infraestructuras son los sectores donde más se nota esa presencia: BBVA, Telefónica, Naturgy y Mapfre operan en un mercado que decide su coste de financiación mirando al Congreso. Una ley fiscal que se aprueba o se hunde cambia el suelo sobre el que se firman concesiones y créditos.
Un déficit cercano al 9,4% del PIB convierte cada voto en el Congreso colombiano en una factura para el inversor extranjero.
El riesgo país —la prima que exige el mercado por prestar dinero a un Estado y, por arrastre, a las empresas que dependen de él— se mueve con cada señal que llega de Bogotá. Si el rescate fiscal se atasca, el Gobierno tendrá que financiarse más caro y recortar más. Si sale adelante con subida de impuestos, el ajuste llegará a las cuentas de las filiales. Ninguna de las dos salidas es cómoda para el capital español.
Hay un detalle que casi nadie cuenta. El presupuesto ya salió por decreto, sin votación ordinaria. Si la ley de financiamiento corre la misma suerte, el ajuste se hará por la puerta de atrás, sin debate público y sin mayorías que negociar.
El precedente de 2021 que explica por qué nadie quiere votar impuestos
Conviene recordar lo que ocurrió en abril de 2021. La reforma tributaria que presentó el Gobierno de Iván Duque —ampliaba el IVA a productos de la cesta básica y tocaba la renta de las clases medias— desató un estallido de protestas y acabó retirada en cuestión de días. El Ejecutivo rehízo el texto y meses después sacó una versión más modesta. La lección sigue viva en Bogotá: un paquete fiscal no se decide solo en el hemiciclo.
El marco comercial tampoco está en discusión: el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia sigue vigente desde 2013 y ningún socio plantea revisarlo. Lo que se pone a prueba es otra cosa, la capacidad del Estado colombiano de sostener lo que firma. Para una empresa española con filiales allí, eso se traduce en impuestos, en el coste de la deuda y en la letra pequeña de cada concesión.
El calendario manda. La ley de sometimiento se juega su aprobación el 4 de noviembre; la de rescate fiscal aterrizará en el Congreso en los próximos días y el Plan Nacional de Desarrollo espera al año que viene. Ordóñez tiene oficio parlamentario y mayorías justas. La pregunta no es quién ocupa el Ministerio del Interior, sino si el Congreso colombiano deja de aprobar presupuestos por decreto.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Alejandro Ordóñez asume el Ministerio del Interior de Colombia con tres proyectos legislativos pendientes y mayorías frágiles en el Congreso.
- Datos importantes: El déficit ronda el 9,4% del PIB, el presupuesto alcanza 634,9 billones de pesos y la ley de sometimiento debe aprobarse el 4 de noviembre de 2026.
- Resumen: La suerte de la ley de rescate fiscal condiciona el riesgo país y, con él, la posición de las empresas españolas en Colombia.
