El nuevo Patricova amplía las zonas de riesgo de inundación y abre una pregunta incómoda: qué hacer con lo que ya está construido en el cauce.
El Patricova —el Pla d’Acció Territorial sobre prevenció del Risc d’Inundació, el instrumento autonómico que decide dónde se puede construir y bajo qué condiciones— afronta su revisión más ambiciosa, según recoge el reportaje de À Punt sobre cómo planificar pueblos y ciudades frente a las próximas riadas.
Los expertos han puesto sobre la mesa tres frentes. Ampliar las zonas de protección, revisar los terrenos donde todavía se puede levantar un edificio y mejorar la información que recibe la ciudadanía. El objetivo no es tanto impedir que el agua llegue como reducir lo que se lleva por delante.
«No se trata de evitar la inundación, que a veces es inevitable, sino de saber que, si me llega, cómo tengo que actuar», explica Sergio Palencia, profesor de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València. Menos muro y más protocolo.
El nudo está en el suelo ya urbanizado. En los puntos de máxima peligrosidad, los especialistas calculan que habría que demoler entre 3.000 y 3.500 viviendas. Son casas levantadas hace décadas, cuando el mapa del riesgo era otro. Detrás de cada expediente hay una cocina, una hipoteca y una familia que lleva dos años peleando con el seguro.
La pregunta ya no es dónde llueve más, sino dónde hemos decidido que se puede vivir.
En el resto de los casos la receta es distinta: adaptar las edificaciones para que la riada las atraviese sin destruirlas. Plantas bajas sin usos residenciales, cuartos técnicos en altura, rejillas que no se atoren. La factura de la adaptación no es pequeña.
Qué cambia en el mapa: más suelo protegido y menos suelo edificable
El Patricova vigente ya delimita zonas de riesgo, pero la DANA del 29 de octubre de 2024 evidenció sus límites. El agua entró donde los mapas no la esperaban y llegó más lejos de lo que preveían las series históricas. La revisión llega con cartografía nueva y con una evidencia incómoda: el agua no entiende de competencias.
El plan se tramita a través de la Generalitat Valenciana, pero su aterrizaje real depende de los ayuntamientos: son los planeamientos generales los que tendrán que adaptarse. Ahí empiezan las alegaciones y los recursos.
Quién paga la factura de mudar a 3.500 familias
El Consorcio de Compensación de Seguros, el organismo estatal que cubre los daños de catástrofes naturales cuando el seguro privado no llega, indemniza la pérdida material. Pero la decisión sobre el suelo es autonómica y municipal. El dinero comprometido y el dinero ejecutado rara vez coinciden.
Aquí se cruza la dimensión estatal. Los fondos canalizados desde el Gobierno de Sánchez, los programas europeos de resiliencia climática, y las líneas del Plan RERD son las que pueden financiar expropiaciones y realojos. Sin ellas, el Patricova se queda en un mapa muy bien dibujado. Los registros de AEMET apuntan a episodios cada vez más intensos.
España ya ha pasado por esto. Murcia en 2012, el Vallès en 1962 y el camping de Biescas en 1996, con 87 muertos. Después de cada catástrofe se aprobaron planes de ordenación; después de cada plan, la memoria se fue diluyendo. El sistema nacional de protección civil sigue sin respuesta homogénea al riesgo de inundación, y el debate en el Congreso sobre la DANA no ha terminado de traducirse en cambios normativos.
El Escenario Valenciano
En el Consell de Pérez Llorca, el PP y Vox comparten la responsabilidad de un plan que toca suelo, propiedad y votos. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha hecho de la reconstrucción su bandera de gestión, y esta revisión se leerá como test de esa promesa.
El PSPV y Compromís reclaman en las Corts calendario y financiación, no solo cartografía. Sus portavoces advierten de que un plan sin dinero para expropiar y realojar es un documento decorativo.
Mientras, el expresident Carlos Mazón sigue su recorrido judicial por la gestión de la DANA, un ruido de fondo que condiciona cualquier debate sobre el riesgo de inundación en las Corts Valencianes. Su etapa se juzga en los tribunales; la del actual Consell, en los mapas.
En clave nacional, el asunto incomoda al PP: revisar suelo edificable en municipios que gobierna tiene coste electoral. El Gobierno central mira la operación con interés porque de ella depende cómo justifica en Bruselas las transferencias del Plan RERD. La proyección es clara: exposición pública, alegaciones y aprobación definitiva, con los presupuestos de 2027 como prueba de fuego.
Ficha del Caso
- El caso: La Generalitat revisa el Patricova para ampliar las zonas de riesgo de inundación, revisar el suelo edificable y adaptar los edificios ya levantados en zonas inundables.
- Datos importantes: Entre 3.000 y 3.500 viviendas tendrían que demolerse en los puntos de máxima peligrosidad, según los expertos. El plan condiciona los planeamientos urbanísticos de todos los municipios valencianos.
- Resumen: El nuevo mapa del riesgo choca con la propiedad existente y con la financiación estatal y europea; su tramitación medirá la fuerza del pacto PP-Vox y la respuesta del Gobierno central.
