EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Eurocámara ha consolidado su posición sobre el reglamento contra el abuso sexual infantil —el llamado Chat Control—: excluye el cifrado de extremo a extremo de cualquier detección automática y exige orden judicial para rastrear cuentas concretas.
- ¿Quién está detrás? Un Parlamento Europeo en clave garantista frente a la Comisión Europea, que en 2022 propuso el escaneo masivo, y frente a un bloque de Gobiernos del Consejo que insiste en la ‘moderación de subidas’.
- ¿Qué impacto tiene? Si el Consejo impone el análisis del contenido en el propio dispositivo, las plataformas y las empresas tecnológicas españolas tendrían que auditar los mensajes de sus usuarios antes de cifrarlos. El texto definitivo aún no existe.
El Parlamento Europeo ha blindado su posición sobre el Chat Control y deja el escaneo masivo de mensajes privados contra las cuerdas. La Eurocámara mantiene el cifrado de extremo a extremo fuera de cualquier sistema de detección automática y obliga a la policía a pasar por un juez.
Qué blinda la Eurocámara y por qué el cifrado es la línea roja
El origen está en la propuesta que la Comisión Europea presentó en mayo de 2022 para prevenir y combatir el abuso sexual infantil en línea, un texto que entonces pilotó la comisaria Ylva Johansson. La idea era obligar a las plataformas de mensajería —WhatsApp, Signal, iMessage, Telegram— a rastrear de forma automatizada mensajes, fotos y archivos para localizar material pedófilo. Cuatro años después, el expediente sigue sin acuerdo.
La Eurocámara ha cerrado filas en torno a tres blindajes. Primero: cualquier medida de detección automática queda excluida de las comunicaciones cifradas de extremo a extremo. Segundo: frente al rastreo indiscriminado, la Cámara apuesta por la detección dirigida, es decir, solo se podrán vigilar cuentas concretas sobre las que existan sospechas fundadas y siempre con autorización de un juez independiente. Tercero: se prohíbe expresamente a las tecnológicas crear puertas traseras o debilitar sus protocolos de seguridad.
El cifrado no es un adorno ideológico. Es aritmética. Abrir una grieta para que entre la policía es abrirla también para el primero que copie la llave; por eso los criptógrafos llevan años repitiendo que no existe una puerta trasera ‘solo para los buenos’. El texto íntegro de la propuesta de 2022 sigue accesible en el registro público de EUR-Lex.
La trampa de la ‘moderación de subidas’ que empujan varios Gobiernos
Al otro lado del pasillo, varios Ejecutivos del Consejo defienden una fórmula que suena inocua: la ‘moderación de subidas’. En lugar de escanear el mensaje ya cifrado, se analiza en el propio teléfono del usuario, antes de que salga. Los críticos lo llaman escaneo en el dispositivo (client-side scanning) y lo describen como un micrófono del Estado instalado en cada móvil. Nadie quiere ser el que firme eso.
Cada puerta trasera que se propone acaba en manos del primero que copie la llave: la privacidad no se negocia, se implementa.
El segundo argumento es más prosaico y más demoledor: los falsos positivos. Los algoritmos que detectan abuso no son infalibles. Un padre que manda la foto de su bebé en la bañera al grupo de la familia o un dermatólogo que recibe una consulta pediátrica pueden acabar clasificados como delincuentes y activar una investigación automatizada. El sistema no distingue intención; solo píxeles.
Y el tercero es de seguridad, aunque suene paradójico: construir una infraestructura capaz de interceptar la correspondencia de 450 millones de ciudadanos europeos es un objetivo demasiado goloso para ciberdelincuentes y regímenes autoritarios. Ahí está el problema.
El Eje del Poder Europeo
Lo que observamos en Bruselas no es un debate abstracto entre derechos: es un pulso entre ministerios. Los del Interior —con España, Italia, Rumanía y Polonia empujando— quieren herramientas de detección. Los de Justicia y Economía Digital del norte, con Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Suecia a la cabeza, calculan el coste técnico y reputacional de cargar con el escaneo. El eje franco-alemán no lidera: llega dividido.
Alemania es el mejor termómetro. Su Ministerio de Justicia y su Ministerio del Interior han mantenido posiciones abiertamente distintas durante todo el expediente, y esa grieta ha bastado para que Berlín no fije doctrina. París, en cambio, se ha alineado con los partidarios de detectar ‘con garantías’, una fórmula que en la práctica devuelve el debate al punto de partida. Varsovia, que presidió el Consejo en el primer semestre de 2025 y empujó el expediente, mantiene el pulso duro en detección.
El aterrizaje español tiene dos velocidades. En lo político, el Ministerio del Interior se ha situado del lado de quienes reclaman herramientas para investigar; en lo regulatorio, la Agencia Española de Protección de Datos ha advertido de que un escaneo indiscriminado encajaría mal con el RGPD y con la jurisprudencia del TJUE. En lo económico el impacto es directo: WhatsApp es la práctica totalidad de la mensajería en España, y bancos, aseguradoras, y despachos usan canales cifrados para cumplir con el deber de confidencialidad. Al ser un reglamento y no una directiva, no habría transposición: se aplicaría de golpe, sin margen para adaptar la norma a la española.
Ya hemos visto esta película. El Reglamento de contenidos terroristas de 2019, conocido como TERREG, obligó a retirar material yihadista en una hora e inauguró la lógica de la moderación de subidas que ahora se replica. A eso se suma el vacío actual: el reglamento interino que amparaba la detección voluntaria de material pedófilo caducó el pasado mes de agosto y, desde entonces, las plataformas operan sin paraguas jurídico claro.
El riesgo inmediato tiene nombre técnico: mayoría cualificada. El Consejo puede cerrar su orientación general sin unanimidad —el voto ponderado por población evita el veto de un solo Estado— y llevar al trílogo (la negociación a tres entre Comisión, Consejo y Parlamento que fija la versión final de cada ley europea) una ‘moderación de subidas’ disfrazada de medida voluntaria. Añadan la duda de fondo: Bruselas eligió el artículo 114 del TFUE, la base jurídica del mercado interior, para esquivar la unanimidad en materia penal. La próxima estación es el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de diciembre; después, un nuevo trílogo que decidirá si Europa escanea o no. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
