España asignará de forma gratuita una media de 38,1 millones de derechos de emisión de CO2 al año a más de 650 instalaciones industriales para el periodo 2026-2030, según la denuncia publicada por Greenpeace España. La organización ecologista lo tacha de subvención encubierta a las grandes petroleras.
La denuncia no señala un recorte de emisiones, sino un mecanismo que permite a la industria pesada y al refino seguir operando sin pagar la totalidad de la factura climática. El sistema, integrado en el mercado de carbono europeo (EU ETS), reparte cada año toneladas de CO2 sin coste directo. Vamos a los datos.
La letra pequeña del reparto gratuito: qué es el EU ETS y por qué no es neutral
El mercado de carbono de la Unión Europea funciona bajo la lógica del límite y comercio: fija un tope máximo de toneladas de CO2 que las industrias pueden emitir y emite permisos equivalentes, los conocidos como derechos de emisión. En teoría, las empresas deberían comprarlos en subastas públicas. Sin embargo, para evitar la llamada fuga de carbono —el riesgo de que las multinacionales trasladen sus fábricas a países con leyes ambientales más laxas—, el Estado permite que los sectores más contaminantes reciban una parte de estos permisos de forma gratuita.
Ese es el punto que denuncia Greenpeace: la misma administración pública que exige la descarbonización regala a la industria el permiso para emitir sin pagar. No se trata de un subsidio menor. Se trata de una transferencia de renta climática que reduce el incentivo económico para electrificar procesos y recortar la huella. Para la organización, la justificación de la fuga de carbono se ha convertido en una puerta giratoria: los ingresos que el sistema recauda por subasta no llegan a compensar la contaminación gratis.
La asignación no es un impuesto al carbono al uso. Es un impuesto que se anuncia y luego se perdona. El resultado no es neutral.
El reparto gratuito no es una rareza regulatoria, es una decisión política que define quién paga la factura de la descarbonización.
Repsol encabeza la lista: 34 millones de toneladas de CO2 sin pagar en cinco años
Según los cálculos de Greenpeace, Repsol acapara el 18% de todos los derechos de emisión gratuitos de España. En términos absolutos, la petrolera recibe permiso para emitir gratis más de 34 millones de toneladas de CO2 durante el quinquenio 2026-2030. Si se toma como base un precio medio del carbono de 103 euros por tonelada, la subvención encubierta alcanza los 3.550 millones de euros. Ese es el coste de oportunidad que deja de ingresar el sistema y que, en la práctica, financia la operación de refinerías dedicadas a producir carburantes para vehículos.
Detrás de Repsol, la concentración es igualmente llamativa. ArcelorMittal recibe el 11,53%; Moeve, el 7,99%; Cementos Portland, el 4,63%; y Cemex, el 3,63%. En total, apenas seis compañías acumulan el 48,53% de todos los derechos gratuitos y solo 19 instalaciones industriales concentran la mitad del reparto. El mecanismo, pensado para proteger la competitividad europea, se ha transformado en un reparto desigual dominado por los grandes emisores.
Beneficios récord y recompra de acciones: a dónde va el dinero del carbono
El reproche de Greenpeace no se limita al reparto de permisos. Mientras la asignación gratuita reduce la presión fiscal sobre la emisión, Repsol registró en el primer semestre de 2026 unas ganancias extraordinarias de 2.711 millones de euros, por encima de los 2.568 millones de todo 2025, impulsadas por márgenes de refino que duplican la media histórica. El dato alimenta la tesis de la organización: el dinero generado por los fósiles no se destina a acelerar la transición, sino a la remuneración del accionista.
En ese mismo periodo, la petrolera aumentó su dividendo y destinó 850 millones de euros a la recompra de acciones. Es un patrón conocido en la industria: capturar la renta del carbono sin internalizar el coste de sus emisiones y devolver el excedente al inversor en lugar de financiar capacidad renovable. La letra pequeña manda.
El resultado no es neutro. La subvención encubierta libera capital que, de otro modo, habría ido a la reducción de emisiones. Y una parte sustancial regresa al mercado financiero en forma de retribución.
El azote del greenwashing: qué pide Greenpeace y qué implicaría el fin de la asignación gratuita
Greenpeace reclama la eliminación definitiva de las asignaciones gratuitas de CO2 y la imposición de tasas permanentes sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras, como la que se aplicó a las energéticas hasta 2024 para financiar eficiencia energética y electrificación de la industria con fuentes renovables. La propuesta no es simbólica: redistribuiría miles de millones de euros al año hacia la descarbonización de los sectores más difíciles de electrificar.
El debate de fondo se resume en una pregunta incómoda: ¿debe el sistema de comercio de emisiones compensar la fuga de carbono a costa de regalar toneladas de CO2, o debe condicionar la asignación a inversiones verificables en reducción real? La mayoría de las petroleras, sin embargo, mantiene su estrategia fósil. Y el marco actual apenas exige contrapartidas ambientales medibles. A fecha de hoy, el dinero generado por los fósiles sigue sin financiar la transición en la proporción que exige el Acuerdo de París.
Mientras tanto, la adaptación climática se encarece. La propia propuesta española de gravar a petroleras y jets privados en la UE para financiar daños climáticos apunta en la dirección correcta, pero no sustituye al recorte real de emisiones. El reparto gratuito es la pieza que debería caer primero.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: La eliminación de los 38,1 millones de derechos gratuitos anuales liberaría unos 3.500 millones de euros solo de la cuota de Repsol para financiar descarbonización.
- Modelo que cambia: La asignación gratuita por fuga de carbono, sin contrapartidas de reducción, dejaría de ser un subsidio a la emisión y pasaría a condicionarse a inversiones verificables.
- Para las próximas generaciones: Cada tonelada de CO2 que deja de emitirse hoy evita costes futuros de adaptación y reduce la probabilidad de superar el límite de 1,5º, según los datos del reparto denunciado.
