El rey Carlos III ha aprobado este julio de 2026 la anulación del título de caballero (Knight Bachelor) concedido en 2016 al expolítico norirlandés Jeffrey Donaldson, condenado el mes anterior por 18 delitos de abuso sexual a menores, entre ellos un cargo de violación. La retirada del tratamiento de Sir se publicó en The Gazette, el boletín oficial británico, apenas unas semanas después de que el monarca aceptara su renuncia al Consejo Privado. El expediente sigue un procedimiento reglado que contrasta con la opacidad con la que se gestionan situaciones similares en España.
El procedimiento de cancelación de honores bajo la Corona británica
La maquinaria institucional que permite retirar una distinción en el Reino Unido está perfectamente engrasada. Cualquier titular de una condecoración —desde un título de caballero hasta una orden de mayor rango— puede quedar despojado de ella si el Comité de Pérdida de Honores (Honours Forfeiture Committee) considera que ha empañado el sistema. Ese comité, compuesto por altos funcionarios y ajeno al debate político, eleva una recomendación al primer ministro, quien a su vez asesora al soberano. El rey, en última instancia, firma la cancelación. En el caso de Donaldson, la cadena se activó con rapidez: tras la condena en junio, el propio expolítico solicitó la pérdida del título y su exclusión del Consejo Privado. La decisión no es discrecional; responde a un criterio de ejemplaridad que la monarquía británica ha ido perfeccionando para blindar la credibilidad de sus honores.
La otra orilla: la discreta y hermética pérdida de condecoraciones en España
En España, la retirada de una condecoración oficial por conducta indigna existe sobre el papel pero rara vez se activa. El Real Decreto de Condecoraciones de 2004 y la Ley de Recompensas de 1964 prevén la posibilidad de revocar distinciones si el titular es condenado por un delito grave que desmerezca la ejemplaridad que se le presupone. Sin embargo, el procedimiento resulta mucho más opaco que en el modelo británico. No existe un comité específico de forfait; la tramitación se diluye entre el ministerio que propuso la condecoración y el Consejo de Ministros. El historial de casos es casi inexistente, lo que genera la sensación de que en en la práctica los honores son vitalicios salvo escándalos mediáticos mayúsculos.
El contraste es llamativo: en el Reino Unido, el Honours Forfeiture Committee publica regularmente avisos en The Gazette y las resoluciones se archivan con transparencia. En España, la última revisión normativa ni siquiera ha abordado cómo gestionar con agilidad las condenas penales sobrevenidas de quienes portan la Gran Cruz o cualquier otra distinción de Estado. La diferencia no es menor: un sistema que no retira el honor a quien ha sido condenado por delitos graves corre el riesgo de erosionar el capital simbólico que las condecoraciones pretenden representar.
La ejemplaridad como valor institucional de la Corona, a uno y otro lado
La decisión de Carlos III no es un gesto aislado. La monarquía británica ha aprendido, a fuerza de crisis reputacionales, que la credibilidad de sus honores depende de la capacidad de demostrar que no cualquiera puede conservar un título sin merecerlo. El mecanismo del forfait, aunque raramente aplicado, funciona como un recordatorio de que el honor público no es un patrimonio privado. En España, la ausencia de una cultura de revisión activa de las condecoraciones alimenta debates silenciosos cada vez que un condecorado se ve envuelto en procesos judiciales. La Ley de Transparencia de 2013 no cubre de forma explícita el historial de pérdidas de honores, y el propio Congreso ha intentado sin éxito impulsar iniciativas para regular con mayor claridad el régimen de revocación.
El abismo entre ambos sistemas revela una paradoja: mientras que la Corona británica, más expuesta a la prensa, ha construido un andamiaje administrativo para gestionar la ejemplaridad, la institución española mantiene un silencio que, a la larga, puede resultar más dañino. La retirada del título a Donaldson es un recordatorio de que, en una monarquía parlamentaria, los símbolos del Estado no pueden blindarse frente a la degradación moral de sus portadores. La cuestión no es si España debe copiar el modelo británico, sino si está preparada para admitir que la ausencia de mecanismos de cancelación equivale a una aceptación tácita de la impunidad honorífica.
La cancelación de un título no es un trámite administrativo: es un acto de significación institucional que define los límites de lo tolerable para la Corona.
La defensa de Donaldson ha recurrido la condena, y el proceso de apelación aún no tiene fecha de vista. Pero la Corona no ha esperado: ha actuado en cuanto la sentencia de primera instancia ha sido firme, sin aguardar a recursos que podrían demorarse años. Esa celeridad subraya la voluntad de la Casa Real británica de no aparecer asociada a una figura condenada por delitos de la máxima gravedad.
Claves del Protocolo y Estado
- Contexto del acto: La cancelación del título de Sir a Jeffrey Donaldson se inscribe en el procedimiento de forfait regulado por el Honours Forfeiture Committee y refrendado por el rey Carlos III tras la condena penal.
- El detalle de protocolo: La retirada de la distinción se publica en The Gazette, garantizando la transparencia del sistema británico, y supone la pérdida automática del tratamiento de Lady para su esposa.
- Próximos pasos: El recurso de apelación de Donaldson deberá resolverse antes de la imposición de la pena, sin que ello afecte a la decisión ya adoptada por la Corona.
