El Govern de Salvador Illa y los Comuns han convertido este viernes el acuerdo de investidura en una proposición de ley que aspira a crear hasta 20.000 viviendas de protección oficial (VPO) en cuatro años aprovechando bajos comerciales, oficinas, parkings y hoteles vacíos. La iniciativa, presentada en Mollet del Vallès por la consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, y la líder parlamentaria de los comunes, Jéssica Albiach, inicia ahora un trámite en el Parlament que necesitará el voto decisivo de ERC y que puede enfrentarse a una revisión del Consell de Garanties Estatutàries como la que frenó la ley antiespeculación.
Seis medidas con fecha de caducidad
La propuesta se estructura en un paquete excepcional y con vigencia de cuatro años desde su entrada en vigor, exclusivo para las zonas tensionadas y los ámbitos de mercado residencial tenso del Pla Territorial. El primer artículo habilita el cambio de uso de suelo terciario a residencial, siempre que todas las unidades resultantes sean VPO de forma indefinida, ocupen al menos la mitad de la superficie del edificio y cada vivienda tenga un mínimo de 50 m2. En el caso de locales comerciales, cada operación deberá pasar por el pleno municipal.
Las siguientes palancas amplían la edificabilidad de los terrenos urbanizables aún no desarrollados: se permite un incremento del 20% de la edificabilidad siempre que ese porcentaje se destine íntegramente a vivienda protegida. La misma regla se aplicará a edificios de oficinas, hoteles y aparcamientos que deseen reconvertirse, así como a la posibilidad de añadir nuevas plantas en solares urbanos encajados entre construcciones más altas, sin superar la altura de los vecinos.
La ley también contempla la división de oficinas para crear dos VPO de al menos 50 m2 dentro del mismo inmueble y facilita la construcción de vivienda protegida en parcelas que hoy no alcanzan las condiciones mínimas de edificación. Un capítulo específico se reserva a la reordenación de las colonias textiles, aquellos antiguos núcleos fabriles y residenciales del XIX que podrán acoger VPO y equipamientos con el mismo régimen de cesiones que se aplica a los municipios rurales.
El texto deja abierta una puerta a excepciones municipales, pero subraya que las nuevas VPO deberán destinarse a residencia habitual y permanente, bien en propiedad para uso propio o en alquiler de larga duración.
El factor ERC y la sombra del Consell de Garanties
ERC conoce la letra del acuerdo, pero no ha participado en la cocina. Fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com indican que los republicanos tienden a exigir modificaciones cuando PSC y Comuns sellan un pacto previo sin ellos, y esta proposición no será la excepción. Sin embargo, la consellera Paneque confía en que el texto salga adelante antes de que finalice el año. El riesgo político no está tanto en una enmienda a la totalidad como en que, una vez aprobada, la oposición —especialmente Junts— solicite un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, como ya ocurrió con la prohibición de la compra especulativa en el último pleno del curso.
La capacidad de generar 20.000 VPO en cuatro años depende menos del articulado que de la agilidad municipal y de la voluntad real de los propietarios de oficinas y hoteles infrautilizados.
Si el mecanismo se activa, el Govern prevé que los ayuntamientos tengan un margen de maniobra relevante: en el caso de los locales comerciales, la reconversión exigirá la aprobación expresa de cada consistorio. La ley, de hecho, dibuja un mapa de intenciones que vuelve a poner sobre la mesa el eterno debate sobre la autonomía local frente a la planificación territorial de la Generalitat.
Paralelamente, el calendario legislativo juega en contra: la propuesta llega en julio, en vísperas del parón estival, y su tramitación se solapará con la negociación de los presupuestos de 2027 y la creciente presión social por el precio del alquiler. Cualquier retraso estratégico —por ejemplo, una consulta al Consell de Garanties— podría posponer la entrada en vigor hasta mediados de 2027, erosionando el objetivo de 20.000 VPO que el Govern ha proyectado para esta legislatura.
Entre la promesa de Illa y el riesgo competencial
Illa convirtió la vivienda en el eje de su investidura, y esta ley es una pieza más de la estrategia con la que los socialistas quieren marcar la ‘legislatura de la vivienda’. A la prohibición de la compra especulativa —bloqueada por el Consell de Garanties— y al índice de precios de referencia, se suma ahora una medida de oferta que sortea las recurrentes parálisis urbanísticas. La apuesta, sin embargo, ha despertado recelos entre quienes ven en el aumento de edificabilidad un riesgo de masificación y en el uso de hoteles una fórmula que, lejos de reducir la presión turística, la traslada a otras zonas.
El contexto autonómico añade una capa de lectura: mientras comunidades como Madrid apuestan por liberalizar suelo y facilitar la promoción privada, Cataluña elige una vía de intervención pública con VPO indefinidas. La incomodidad de ERC con el núcleo del acuerdo —poner suelo privado al servicio de vivienda protegida sin contraprestaciones claras para sus propietarios— y la actitud vigilante de Junts esbozan un panorama donde la correlación de fuerzas puede tumbar o diluir la propuesta. De hecho, la sombra del Consell de Garanties no es menor: el dictamen que pidió Junts contra la ley antiespeculativa ya demostró que la oposición está dispuesta a usar las herramientas institucionales para frenar las iniciativas del Govern.
La pelota está ahora en el Parlament. Aunque el trámite parlamentario se prevé largo, el Govern confía en que el acuerdo con ERC permita al menos la aprobación inicial antes de fin de año. La cuestión de fondo, sin embargo, seguirá siendo la misma: sin suelo público suficiente y con el precio de los alquileres disparado, las leyes pueden dar oxígeno, pero no eliminan el déficit estructural de un parque de vivienda que crece a un ritmo insuficiente. Y en Cataluña, donde el problema es especialmente agudo, cada mes de espera cuenta.
