Greenpeace ha lanzado la voz de alarma: la tramitación en el Congreso del decreto ley de medidas por la guerra de Irán suma cerca de 2.000 millones de euros en nuevas ayudas a los combustibles fósiles, un nuevo ‘rescate fósil’ que la organización ecologista sitúa como el mayor de Europa. España, que ya arrastra 22.000 millones de euros en importaciones de petróleo y gas cada año, ve cómo el dinero público sigue engordando un modelo energético incompatible con los objetivos climáticos.
El rescate que no cesa: casi 2.000 millones más que engordan la factura fósil
El decreto, consecuencia directa de las tensiones geopolíticas con Irán, consolida un patrón que la ONG ambientalista califica de rescate fósil. Según su comunicado, la cifra se añade a los 2.300 millones de euros ya aprobados en marzo, lo que eleva el total de ayudas a los combustibles contaminantes por encima de los 4.300 millones de euros solo en 2026. “España consolida así el mayor rescate fósil del continente”, denuncia Carlos García Paret, coordinador de Incidencia de Greenpeace.
La organización recuerda que nuestro país es el que más ha recurrido a medidas generalistas y regresivas dentro de la Unión Europea, dañando las cuentas públicas y beneficiando a las corporaciones del gas y del petróleo. Vamos a los datos: un 70 % de la energía que consume España es todavía de origen fósil, y cada año el Estado dedica miles de millones a subvencionar esa dependencia, en lugar de acelerar una transición que ya es, además de necesaria, rentable.
La letra pequeña del decreto: medidas positivas que quedan eclipsadas
A ver, el decreto no es del todo negro. Greenpeace reconoce la inclusión de una primera señal fiscal a favor de la electricidad frente al gas, el apoyo al almacenamiento verde en islas, Ceuta y Melilla, la interconexión eléctrica de Ceuta o las partidas para adaptar centros educativos al cambio climático. Sin embargo, estos avances “quedan totalmente eclipsados por el abrumador e inexplicable volumen de recursos destinado a perpetuar la dependencia fósil”, insisten desde la organización.
El análisis de la letra pequeña revela que, una vez más, el grueso del dinero público va a mantener artificialmente bajo el precio de los combustibles que más emisiones generan, en vez de dirigirse a medidas estructurales de eficiencia, autoconsumo o movilidad sostenible. Como demostramos en el informe Rescate fósil o transición energética: España ante la crisis de Ormuz, el país desoye las recomendaciones de expertos y organismos económicos que piden reorientar los fondos hacia renovables.
Cada euro público que se va al petróleo y al gas es un euro que no acelera la independencia energética ni protege a las familias de la volatilidad.
Cuando las renovables ya ganan: el coste de seguir atado a las importaciones
El dato que cambia la perspectiva es demoledor: España dedica 22.000 millones de euros anuales a importar petróleo y gas. Mientras, la fotovoltaica y la eólica son ya las fuentes más baratas de generación eléctrica, y el país ha demostrado en los últimos años que la penetración renovable rebaja el precio de la electricidad de forma estructural.
La paradoja es que España es es el país que más ha demostrado los beneficios económicos del salto a las energías limpias. Según los datos de la AIE y Red Eléctrica, las renovables cubrieron más de la mitad de la generación en 2025, y sin embargo las ayudas públicas siguen fluyendo hacia un modelo obsoleto. “¿Queremos seguir condenando a familias y sectores económicos a la volatilidad del gas y el petróleo, o apostamos por las alternativas que ya están disponibles, son más baratas y justas?”, plantea Greenpeace.
La transición ya no es una cuestión de voluntad ecológica, sino de competitividad: la energía limpia es hoy la más barata de instalar.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Ayudas fósiles acumuladas en 2026: 4.300 millones de euros, sumando el nuevo decreto a los 2.300 millones de marzo.
- Importaciones de petróleo y gas: 22.000 millones de euros al año, según el propio comunicado.
- Dependencia energética: un 70 % de la energía consumida es de origen fósil.
- Equivalencia tangible: la cantidad subvencionada equivale a más de 3,5 millones de hogares sin acceso a rehabilitación energética o movilidad sostenible.
Lo que la dependencia fósil significa para la transición real
El caso recuerda a otros episodios recientes —tras la invasión de Ucrania o la crisis de suministro de 2022— en los que los gobiernos optaron por respuestas de corto plazo, subvencionando combustibles en lugar de acelerar la transición. Ahora, con una nueva sacudida geopolítica, el riesgo de repetir errores es evidente. La diferencia es que en 2026 las renovables son aún más competitivas, y el coste de oportunidad de seguir financiando emisiones es cada vez más alto.
Desde el punto de vista de la inversión ESG, este tipo de medidas añade incertidumbre regulatoria y penaliza a los sectores que ya han hecho apuestas claras por la descarbonización. Una política energética que mantiene subsidios fósiles masivos mientras exige a las empresas reportar su huella de carbono bajo la Taxonomía Verde europea es, como mínimo, incoherente. Además, debilita la posición de España de cara a los objetivos del Fit for 55.
Greenpeace exige un giro radical: un Fondo Soberano Verde, incentivos para la rehabilitación energética, la movilidad sostenible y el autoconsumo, y el fin de los patrocinios de empresas fósiles. Propuestas que, lejos de ser utópicas, son viables si se reorienta el dinero que hoy sigue fluyendo hacia el gas y el petróleo.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: Desviar los 4.300 millones de ayudas fósiles hacia renovables y eficiencia podría evitar más de 15 millones de toneladas de CO2 en una década, según estimaciones del sector.
- Modelo que cambia: La subvención indiscriminada de combustibles cede paso a un nuevo paradigma donde cada euro público prioriza la independencia energética y la reducción de emisiones.
- Para las próximas generaciones: Apostar por las tecnologías limpias ya disponibles reduce la factura energética de familias y empresas, y deja un sistema eléctrico más resiliente frente a crisis geopolíticas.
