La Audiencia Nacional entra esta semana en la recta final del juicio de la Operación Kitchen, el procedimiento que investiga el presunto espionaje orquestado en 2013 desde el Ministerio del Interior para sustraer información al extesorero del PP Luis Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, la pena más alta del procedimiento.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué está pasando? El juicio de la Operación Kitchen llega a su fase final con los informes de las defensas y la última palabra de los acusados antes de la sentencia.
- ¿Cuándo y dónde? Esta semana, desde el lunes 27 de julio de 2026, en la Audiencia Nacional, Madrid.
- ¿Cuáles son las peticiones? La Fiscalía solicita 19 años para Villarejo; 15 años para el exministro Fernández Díaz, el ex secretario de Estado Martínez y los exmandos policiales Pino y Gómez Gordo; 12 años y medio para el chófer Ríos y 2 años y medio para el exjefe de Asuntos Internos Martín Blas.
Las peticiones de la Fiscalía y la recta final del proceso
Tras más de tres meses de vista oral, el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios escuchará a partir del lunes los informes finales de las defensas que aún no han intervenido. La sesión arranca con la exposición del abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, y continuará con las defensas del comisario Andrés Gómez Gordo y del exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos. Se prevé que los alegatos se extiendan hasta el miércoles, y el jueves los ocho acusados podrán ejercer su derecho a la última palabra antes de que la causa quede vista para sentencia.
La acusación pública, ejercida por el fiscal César de Rivas, atribuye a Villarejo la captación como confidente del chófer Sergio Ríos con el fin de localizar «información y documentación del caso Gürtel que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes». Según la Fiscalía Anticorrupción, esa información era trasladada por Villarejo al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quienes a su vez informaban al exministro Jorge Fernández Díaz. Todos ellos figuran como acusados.
La Fiscalía sitúa las agendas privadas de Villarejo como prueba central: «no se engaña a sí mismo» y en ellas «plasma la participación de todos y cada uno de los encausados».
Las agendas de Villarejo y las versiones enfrentadas
El fiscal César de Rivas ha situado las agendas y grabaciones de Villarejo como el soporte probatorio de la acusación. Sostiene que, aunque el comisario jubilado pudiera «fanfarronear o exagerar» al hablar con terceros, en sus anotaciones privadas «no se engaña a sí mismo» y redactaba «exactamente lo que estaba viviendo». Para la Fiscalía, lo relevante de esas anotaciones es que reflejan la participación de todos los encausados.
Las defensas, por el contrario, consideran que se trata de indicios «subjetivos» y cuestionan la fiabilidad de su contenido. La semana pasada, las representaciones de Fernández Díaz, Martínez y Pino solicitaron la absolución de sus clientes, bajo la tesis —que constituye la versión de la defensa, no un hecho probado— de que se trató de un operativo de inteligencia legal orientado a indagar en el patrimonio de Bárcenas y a determinar si ocultaba dinero en el extranjero.
La Fiscalía pide también 15 años de prisión para Fernández Díaz, Martínez, Pino y Gómez Gordo por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. Para Sergio Ríos solicita 12 años y medio, además de la nulidad de su nombramiento como funcionario de Policía. La petición más baja recae sobre el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas: dos años y medio por un presunto delito de encubrimiento. La acusación particular (familia Bárcenas) y las acusaciones populares (PSOE y Podemos) mantienen su acción contra el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera, pese a que Anticorrupción solicitó el archivo para él.
El contexto institucional
La Operación Kitchen, con sus ramificaciones en la cúpula del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, constituye un proceso excepcional en la historia reciente de la institución. No obstante, los datos globales de eficacia policial reflejan que se trata de un episodio aislado que no empaña la labor diaria de los agentes. Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente a 2025, el Cuerpo Nacional de Policía realizó más de 14.000 detenciones en operaciones contra la delincuencia económica y la corrupción, lo que demuestra la capacidad de la institución para investigar cualquier tipo de irregularidad, incluso dentro de sus propias estructuras cuando es necesario.
Además, durante los últimos años el Ministerio del Interior ha reforzado los mecanismos de control interno, dotando de más recursos a la Unidad de Asuntos Internos y estableciendo protocolos más estrictos en la gestión de confidentes y en la custodia de información judicial. La propia existencia de un juicio como el de la Operación Kitchen, con altos mandos declarando ante la Audiencia Nacional, confirma que el sistema judicial y los mecanismos de rendición de cuentas funcionan, sin que la institución policial quede expuesta a una sospecha generalizada.
