España y Países Bajos han intensificado la presión sobre la Comisión Europea para que la futura edad mínima de acceso a las redes sociales sea europea, armonizada y más amplia de lo que Bruselas tenía previsto. El documento informal distribuido este viernes en Bruselas reclama extender el veto también a los videojuegos y a los chatbots de inteligencia artificial.
Un documento fuera de guion para condicionar la propuesta de Von der Leyen
El texto, de carácter oficioso, llega antes del discurso sobre el estado de la Unión de la próxima semana. Explica que la Comisión se dispone a anunciar una prohibición de las redes sociales para menores, y que La Haya y Madrid quieren que la edad mínima se fije con un criterio común y no dependa de la legislación de cada capital.
El documento plantea que la medida debe ser proporcional, respetar los derechos fundamentales y basarse en una evaluación de impacto exhaustiva. Cita el precedente francés: en agosto, el Consejo Constitucional anuló una ley que prohibía el acceso a menores de 15 años por considerarla demasiado amplia y poco proporcionada.
Los dos Gobiernos coinciden en que la edad mínima no puede quedarse solo en las redes sociales. Piden un enfoque basado en el riesgo que incluya algoritmos adictivos y diseños perjudiciales en videojuegos y asistentes de IA, con una posible exención para servicios que demuestren ser suficientemente seguros.
Para que el veto funcione, consideran esencial un marco europeo de verificación de edad. Rechazan el consentimiento paterno como única salvaguardia: lo ven difícil de aplicar y con riesgos adicionales para la privacidad. La aplicación debe limitarse a confirmar que una persona supera una determinada edad.
Ambos Estados miembros ponen como modelo la Ley de Servicios Digitales (DSA), con la Comisión actuando como regulador de grandes plataformas como Google, Instagram o TikTok. La armonización, argumentan, evitaría un mosaico de normas nacionales que reste eficacia.
La batalla ya no es si Europa limita el acceso de los menores, sino quién escribe la norma y si los algoritmos adictivos entran en la prohibición.
La fragmentación regulatoria que Bruselas quiere evitar y la verificación de edad como campo de batalla
Al menos ocho países estudian o tramitan leyes nacionales: Francia, Grecia, Austria, Dinamarca, Bélgica, Italia, Alemania o Polonia. Eso explica la prisa de la Comisión por presentar una alternativa comunitaria antes de que se consolide un paisaje legal incompatible.
La propuesta de Von der Leyen, anunciada en mayo, pretende armonizar. Sin embargo, la ambición de España y Países Bajos de ampliar el perímetro a videojuegos y chatbots añade una capa técnica difícil: el mismo usuario menor puede interactuar con una red social, un juego y un asistente, cada uno con riesgos distintos. También obliga a definir qué es un ‘chatbot de IA’ a efectos legales, una categoría que la DSA aún no ha cerrado del todo.
El Consejo Constitucional francés ya advirtió de los límites. Una prohibición demasiado amplia puede chocar con la libertad de expresión y de información. Por eso Madrid y La Haya insisten en un enfoque de riesgo y no en un blindaje general, aunque dejan claro que la edad mínima debe ir acompañada de garantías de verificación, sin consentimiento paterno como atajo. El precedente francés es incómodo para la Comisión: si la armonización europea repite el error de amplitud, el tribunal de Luxemburgo podría tumbar la norma antes de que se complete la transposición.
España no tiene aún una norma estatal de este tipo. Su protagonismo en el documento conjunto la coloca en el grupo de países que quieren frenar el descontrol digital, pero también la obliga a gestionar las tensiones entre protección de la infancia y privacidad. El Ejecutivo aún no ha detallado qué edad concreta respalda.
El Eje del Poder Europeo
La alianza entre España y Países Bajos no es habitual en la geometría comunitaria. Madrid representa al flanco sur; La Haya, al bloque frugal. Que ambos firmen un mismo documento sobre regulación digital indica que el problema de los menores en línea cruza la división tradicional entre norte y sur. Sin embargo, el respaldo no es unánime: Francia busca proteger su propio camino tras la decisión de su Consejo Constitucional, mientras Berlín y Varsovia avanzan con iniciativas propias. La Comisión quiere imponer orden, pero lo hace con el temor de llegar tarde. No es la primera vez que un país frugal y uno del sur comparten trinchera en el expediente digital: ya ocurrió con el reglamento de privacidad y con la gobernanza de la DSA, donde el eje no fue partidista sino funcional.
Para España el impacto va más allá de la protección de la infancia. Las plataformas y desarrolladoras de videojuegos con actividad en el mercado español tendrán que adaptarse a un estándar europeo único, si la propuesta prospera. La Ley de Servicios Digitales ya obliga a las grandes plataformas a rendir cuentas ante Bruselas; la nueva norma podría extender ese control a todo un ecosistema de entretenimiento digital y conversación automatizada. La edad mínima común eliminaría la ventaja competitiva de países con reglas laxas, pero también advertimos un riesgo: si el reglamento final rebaja la edad efectiva o deja margen a exenciones amplias, el debate se perderá en la burocracia.
A cinco o diez años, leemos esta propuesta como la primera gran batalla regulatoria sobre la identidad digital de los menores en la UE. El enfoque basado en riesgo que defienden Madrid y La Haya tiene coherencia, pero choca con la tradición de armonización mínima. Si sale adelante con verificación de edad obligatoria, Europa habrá dado un salto equivalente al que dio con la DSA. Si se reduce a un catálogo de buenas prácticas, el problema volverá al plano nacional.
La próxima cita es inmediata: el discurso sobre el estado de la Unión de la semana que viene. Ahí se comprobará si Von der Leyen adopta la ambición del documento hispano-neerlandés o se limita a fijar una edad mínima para las redes sociales. España y Países Bajos ya han movido ficha. La Comisión tiene ahora la última palabra.
