Santiago Abascal ha cerrado esta semana con el Partido Popular un acuerdo de gobierno en Castilla y León que introduce la prioridad nacional, la desregulacion administrativa y un plan de privatizaciones, consolidando la influencia de Vox en los ejecutivos autonómicos.
El acuerdo: prioridad nacional, desregulación y control migratorio
El texto del pacto, de 62 páginas y 324 medidas distribuidas en 19 ejes, consagra las líneas maestras del programa de Vox. La prioridad nacional —que ya rige en Aragón y Extremadura— establece que los españoles tendrán preferencia en el acceso a ayudas sociales y empleo público, un principio que la formación de Santiago Abascal defiende como garantía de equidad y sostenibilidad del Estado del bienestar. Se trata, según fuentes del partido, de asegurar que los recursos públicos beneficien primero a quienes han contribuido al sistema.
En materia migratoria, el acuerdo incluye la verificación de la edad de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) mediante pruebas médicas, la supresión de subvenciones a entidades que fomenten la inmigración ilegal y la prohibición del burka en espacios públicos. La nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que recaerá en un vicepresidente de Vox —previsiblemente Carlos Pollán—, asumirá las competencias de inmigración, juventud y cooperación al desarrollo, permitiendo un control directo sobre estas políticas desde el gobierno autonómico.
Otro eje relevante es la apuesta por la colaboración público-privada en la prevención y extinción de incendios forestales. El documento establece un incremento efectivo de esa colaboración, alejándose de la promesa de un operativo 100% público que reclamaban algunos sindicatos y asociaciones ecologistas. Para Vox, esta medida optimiza los recursos y mejora la eficacia en un territorio que perdió cerca de 200.000 hectáreas en los incendios del verano de 2025.
El apartado de desregulación no es menos ambicioso: la nueva consejería se encargará de reducir trabas administrativas y simplificar trámites para empresas y particulares. La medida, inspirada en las tesis de la think tank Fundación Disenso, persigue liberar al tejido productivo de cargas burocráticas y dinamizar la economía regional, uno de los mantras históricos de Vox.
La inclusión de la prioridad nacional y el control migratorio no es accidental: convierte por tercera vez el programa de Vox en el eje de un gobierno autonómico.
Reacciones y viabilidad pese a las críticas sindicales
Sindicatos como UGT han reaccionado con dureza. Su secretario general en Castilla y León, Óscar Lobo, denunció este jueves que Vox genera un “falso problema” con la inmigración en una comunidad despoblada y criticó la reducción al 50% de las subvenciones sindicales. “Si están dispuestos, nos volveremos a ver en los tribunales, no sé si quieren volver a perder este partido”, advirtió Lobo, en alusión a la sentencia que en 2022 obligó a la Junta a revertir un recorte similar.
Sin embargo, el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, justificó la política migratoria recordando que “estamos por encima de nuestra capacidad, tenemos 130 plazas y 186 menores no acompañados”. Desde el futuro gobierno se confía en que las bases jurídicas del nuevo pacto son más sólidas y evitan los escollos del pasado. De hecho, el acuerdo elude cualquier mención a la ley de violencia de género o a los derechos LGTBI —ámbitos en los que Vox había chocado anteriormente con el PP— y se limita a comprometer ayudas genéricas a víctimas de violencia contra la mujer, sin denominación específica.
Estrategia nacional: Vox imprime su sello y prepara el terreno para Andalucía
El pacto de Castilla y León se suma a los de Aragón y Extremadura, consolidando una estrategia de implantación territorial que tiene su reflejo en la política nacional. La intervención directa de Abascal, que ha supervisado personalmente las negociaciones, subraya que cada acuerdo autonómico responde a un plan coordinado desde la sede de Bambú para condicionar las mayorías del PP y marcar la agenda de la derecha.
Vox obtiene además una cartera de nuevo cuño —la de Desregulación— que le otorga herramientas para reducir gasto superfluo y eliminar normativas que, a su juicio, lastran el crecimiento. La asunción de las competencias migratorias en una comunidad gobernada por el centro-derecha envía un mensaje nítido: las políticas de control de fronteras y de preferencia nacional pueden aplicarse incluso sin el concurso del Gobierno de España.
El silencio sobre la violencia de género o los derechos LGTBI en el documento es interpretado por fuentes de Vox como una victoria: el PP ha aceptado no incluir puntos que la formación verde considera ideológicos. Este precedente fortalece la posición negociadora de Vox en futuras investiduras, especialmente en Andalucía, cuyo líder, Manuel Gavira, ya ha reclamado un “magnífico acuerdo” similar en la comunidad más poblada de España. El efecto dominó, auguran desde Bambú, no ha hecho más que empezar.
