EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Sumar recurre a la Audiencia Nacional para que el Banco de España entregue directamente las cifras de los beneficios bancarios por la facilidad de depósito del BCE, desglosadas por entidad, y no se limite a ofrecer una sala de lectura controlada.
- ¿Quién está detrás? Los diputados Carlos Martín, Txema Guijarro y Manuel Lago, que ya en 2023 llevaron al supervisor a los tribunales y lograron una sentencia del Tribunal Supremo que reconocía su derecho a acceder a esos datos.
- ¿Qué impacto tiene? La disputa cuestiona la transparencia de los más de 20.000 millones de euros que la banca comercial ha recibido desde 2022 por aparcar liquidez en el Eurosistema y mide la capacidad real del Parlamento para fiscalizar al supervisor.
Sumar ha llevado al Banco de España de nuevo ante los tribunales. Los tres diputados de la formación que en 2023 demandaron al supervisor por ocultar los beneficios de la banca gracias a las facilidades de depósito del BCE recurren ahora la oferta del gobernador Escrivá de mostrarles los datos en una sala de lectura, en lugar de entregárselos como pedía el Supremo.
El fallo del Supremo y la “sala de lectura” del Banco de España
El conflicto tiene su origen en una negativa tajante: el Banco de España se opuso a facilitar a los diputados el desglose por entidad de los intereses abonados por la facilidad de depósito del BCE, el mecanismo que permite a la banca comercial aparcar su liquidez sobrante en el Eurosistema a cambio de una remuneración. Tras un primer revés en la Audiencia Nacional, los parlamentarios recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo, que en 2025 les dio la razón. El fallo reconocía el derecho de los representantes a acceder a esa información por ejercer una función esencial de control político, pero también confirmó el carácter reservado de los datos, al afectar al negocio de las entidades.
Para cumplir la sentencia, el Banco de España remitió una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ofreciendo a los tres recurrentes un acceso presencial a una sala de lectura con los datos desagregados. “La interpretación del Banco de España vacía el fallo de su contenido propio —afirman los diputados en el escrito al que ha tenido acceso eldiario.es— porque sustituye la entrega por una exhibición controlada por la propia Administración que denegó la información y perdió el litigio”.
Fuentes del supervisor consultadas defienden que esta fórmula ya se aplicó en la comisión de investigación de la quiebra de las cajas de ahorros y cumple rigurosamente con lo dictado por la justicia. Pero los diputados argumentan que el Supremo habría precisado si solo quería conceder un derecho de presencia física, y no lo hizo.
Sumar exige la entrega directa y amenaza con multas
El recurso presentado ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional pide un cambio radical en la ejecución del fallo. Los diputados solicitan que se requiera al Banco de España la entrega, “en el plazo máximo de cinco días”, de toda la información desglosada por entidad sobre los intereses de facilidades de depósito abonados durante 2022 y 2023, y que se haga en soporte documental completo y verificable: papel en sobre cerrado o archivo electrónico cifrado, con firma de recibí y advertencia de confidencialidad.
Admiten que la recepción pueda realizarse ante la Secretaría de la Sala de la Audiencia Nacional, pero sin que se convierta en una simple consulta en la sede del supervisor. Además, reclaman que se aperciba al gobernador y a los responsables administrativos de que el incumplimiento del requerimiento judicial podrá acarrear multas coercitivas. “Su actitud obstruccionista revela que confunde autonomía con soberanía”, escribió el diputado Carlos Martín en su cuenta de X.
Sustituir la entrega de documentos por una visita guiada vacía la sentencia y degrada el control parlamentario.
En el fondo del litigio subyacen cifras millonarias. Las últimas cuentas anuales del Banco de España muestran que en 2025 la institución abonó 4.400 millones de euros a la banca comercial, con un interés medio del 2,26 %. Desde que el BCE inició el endurecimiento de la política monetaria en 2022, los bancos españoles han acumulado unos 20.000 millones de euros por este concepto, un privilegio que solo está al alcance de las entidades de crédito.
El Eje del Poder Europeo
La disputa por la transparencia de las facilidades de depósito no es un asunto exclusivamente español, aunque aquí adquiera una dimensión parlamentaria inédita. El BCE paga ese interés a todos los bancos de la eurozona que depositan liquidez en los bancos centrales nacionales, un flujo de dinero que ha crecido de forma explosiva con las subidas de tipos. En 2024, el Eurosistema abonó más de 30.000 millones de euros al sector bancario europeo, una cifra que ha despertado el malestar de varios gobiernos, especialmente los del sur, donde la banca ha recibido un impulso extraordinario sin contrapartidas fiscales.
En Italia, por ejemplo, la oposición ha forzado varias comparecencias del gobernador del Banco de Italia para detallar el reparto de esos pagos; en Francia, el Tribunal de Cuentas ha puesto el foco en el coste para el contribuyente. La práctica habitual es que los supervisores nacionales solo publiquen datos agregados, sin identificar a los beneficiarios, con el argumento de proteger la confidencialidad comercial. El litigio español rompe esa caja negra y plantea una pregunta incómoda: ¿pueden los parlamentos nacionales conocer qué bancos ganan cuánto con una decisión de política monetaria común?
Para España, el impacto es doble. Por un lado, la sentencia del Supremo ya abrió la puerta a una mayor transparencia; la resistencia del Banco de España a entregar documentos no hace sino tensar las relaciones con el Congreso y alimentar la desconfianza hacia un supervisor que, tras la crisis de las cajas, aún arrastra problemas de credibilidad. Por otro, los 20.000 millones acumulados por la banca en tres años contrastan con los estrechos márgenes de la política fiscal y con la subida de los costes de financiación para empresas y familias. La sensibilidad política es máxima, y cualquier filtración futura podría convertirse en munición para un debate sobre una tasa extraordinaria a esas ganancias.
El pulso entre los diputados de Sumar y el gobernador Escrivá trasciende la querella concreta. Sentencia un modelo de supervisión bancaria que, desde la crisis financiera, ha tendido a blindar a los bancos centrales frente al escrutinio democrático. La próxima decisión de la Audiencia Nacional —que podría imponer multas coercitivas— revelará si la justicia está dispuesta a hacer cumplir un fallo del Supremo cuando el resistente es el propio supervisor. Mientras, los datos seguirán siendo, de momento, solo un rumor de pasillos en el Congreso.
