EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Las 11 CCAA del PP no han asistido a las reuniones telemáticas de Universidades y Educación, dejando sin quórum ambas conferencias y paralizando el reparto de 181 millones de euros en fondos educativos.
- ¿Quién está detrás? Los gobiernos autonómicos populares, que habían solicitado por carta el aplazamiento ante la emergencia de los incendios activos en varias comunidades.
- ¿Qué impacto tiene? Queda bloqueada la transferencia de 150 millones para contratar 3.400 profesores universitarios (Programa María Goyri) y de 31 millones para Formación Profesional. Además, tensa aún más las relaciones entre el Gobierno y los territorios del PP.
Las once comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han plantado este miércoles al Gobierno en dos de sus reuniones de coordinación educativa. La ausencia simultánea de sus consejeros ha impedido que se alcanzara el quórum necesario en la Conferencia General de Política Universitaria —convocada a las 10.00 horas por la ministra Diana Morant— y en la Conferencia Sectorial de Educación, citada una hora después por Milagros Tolón. Ambas citas han tenido que cancelarse.
La emergencia por los incendios como justificación
Los consejeros populares habían pedido por escrito un aplazamiento ante la situación de emergencia que viven la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid a causa de los incendios forestales. Las ministras, sin embargo, rechazaron la solicitud. “Entendemos que, en un contexto como el actual, con incendios activos, evacuaciones y un importante despliegue de recursos públicos, la prioridad debe ser la coordinación institucional frente a la emergencia”, explican fuentes de la Consejería de Educación de Castilla y León. “Los asuntos incluidos en el orden del día pueden abordarse unos días más tarde”, añaden.
En la Comunidad de Madrid subrayan que “todos los esfuerzos deben centrarse en combatir estas devastadoras calamidades y en ofrecer soluciones perentorias a las miles de personas que se han visto obligadas al confinamiento o a la evacuación”. Las once regiones populares —Galicia, Madrid, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Cantabria, Murcia, Aragón y Baleares— se ausentaron en bloque, con la excepción de Canarias, que gobernada por CC y PP, faltó a Educación pero sí asistió a Universidades.
El argumento de los ejecutivos autonómicos no es nuevo. Ya han plantado en varias ocasiones a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para este miércoles fue aplazado por el propio Gobierno hasta el 4 de septiembre, en un gesto que los populares interpretan como un doble rasero. “Si aquella reunión podía posponerse sin problema, ¿por qué no estas, cuando hay vidas en riesgo?”, se preguntan desde una consejería popular.
La respuesta del Gobierno: acusaciones de ‘boicot’ y fondos paralizados
El Ministerio de Universidades ha denunciado un “bloqueo” que impide iniciar el procedimiento administrativo para transferir 150 millones de euros a las CCAA. En una carta firmada por el secretario de Estado Juan Cruz, se advierte de que “lamentablemente queda paralizada la transferencia” y que “cada día de retraso reduce el margen para que los fondos lleguen con la agilidad prevista”. El programa María Goyri, que financiaría 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor, queda en suspenso. El Ejecutivo recuerda que la reunión era telemática, de apenas 30 minutos, y que los puntos del orden del día habían sido acordados por unanimidad.
Por su parte, el Ministerio de Educación ha hablado directamente de “boicot” y ha acusado a las comunidades populares de “falta de lealtad institucional” y de “falta de interés” por los temas educativos. En el orden del día figuraban el Plan Estratégico de Educación Inclusiva, la reforma de la educación de 0 a 3 años y la distribución de 31 millones de euros para Formación Profesional. Fuentes del departamento de Tolón califican la ausencia de “incomprensible”.
Andalucía ha añadido una crítica adicional: la descoordinación entre ministerios. “Un mismo consejero suele serlo a la vez de Educación y Universidades, y las citas se solapan”, señalan, lo que hace imposible asistir a ambas aunque se quisiera.
La negativa de las ministras a aplazar las citas, pese a la petición expresa de las autonomías en emergencia, ha encendido el choque político en el peor momento.
El Eje del Poder Popular
El plantón de las once CCAA no es solo un gesto de hartazgo ante lo que consideran insensibilidad del Gobierno. Es, sobre todo, la enésima muestra de la nueva estrategia de Génova: usar la fuerza territorial del PP para tensar las costuras del Ejecutivo en plena legislatura. Los barones populares —con Alfonso Rueda, Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón a la cabeza— han decidido que las emergencias reales pasan por delante de las convocatorias ministeriales, y que la coordinación institucional no puede ser unidireccional. El precedente inmediato es el aplazamiento, consentido por el Gobierno, del Consejo de Política Fiscal y Financiera al 4 de septiembre. “Si aquella reunión podía esperar, esta también”, repiten en privado fuentes de las autonomías.
La lectura estratégica que hacemos desde esta redacción es doble. Por un lado, el PP demuestra que sus once gobiernos autonómicos pueden actuar en bloque cuando la causa lo merece, enviando un mensaje de cohesión interna que contrasta con las divisiones del Gobierno de coalición. Por otro, el partido coloca sobre la mesa un argumentario que no es fácil desmontar: la prioridad absoluta debe ser combatir los incendios y atender a los evacuados, no celebrar reuniones telemáticas que, según el propio ministerio, duran media hora. La gestión de la emergencia climática se convierte así en un nuevo campo de batalla política.
En el trasfondo, el debate sobre la financiación autonómica sigue abierto. La suspensión del CPFF ha evitado un choque inmediato, pero la actitud de las CCAA populares en Educación y Universidades muestra que no están dispuestas a aceptar imposiciones. Mientras el Gobierno acusa de “boicot”, los populares replican que el único boicot es el de quien ignora las peticiones de auxilio de los territorios. Lo que observamos es una escalada calculada: cuanto más apriete Moncloa con las transferencias condicionadas, más cohesionada se presentará la respuesta territorial del PP.
La próxima cita, el 4 de septiembre, será la verdadera prueba de fuego. Si para entonces los incendios han remitido, el Gobierno intentará recuperar el terreno perdido exigiendo lealtad institucional. Pero Génova ya ha demostrado que sabe jugar con los tiempos y con la sensibilidad ciudadana. Como nos recuerda un veterano cargo popular, “la política de la inmediatez puede volverse contra quien la practica sin medir las consecuencias humanas”.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La emergencia real de los ciudadanos está por encima de las convocatorias ministeriales; el Gobierno demuestra insensibilidad al rechazar un aplazamiento solicitado por once comunidades autónomas afectadas por incendios.
- Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), cuyo gobierno ha sido especialmente contundente al señalar que “todos los esfuerzos deben ir a poner fin a esta pesadilla”.
- Próximo hito: Consejo de Política Fiscal y Financiera el 4 de septiembre, donde se retomará el debate sobre financiación autonómica y se podrá medir el clima de colaboración institucional.
